Muertes de disidentes en "accidentes sospechosos" y múltiples actos de represión

Maestros de seis estados abren el expediente negro de Elba Esther Gordillo en el SNTE

KARINA AVILES

Maestros de seis estados de la República abrieron el expediente negro de Elba Esther Gordillo en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). Los documentos y denuncias dejan al descubierto una ruta de persecución política, de "muertes en accidentes sospechosos", de procedimientos represivos para reventar "cualquier avance de la disidencia a costa de lo que sea" y de "asfixia" económica en todas aquellas secciones que, por no "doblegarse a sus designios", no ven "ni un centavo" de las cuotas que aportan a la agrupación, y que en algunos casos son de hasta 3 millones de pesos mensuales.

En entrevista, docentes de las secciones 18, de Michoacán; 14, de Guerrero; 34, de Zacatecas; 31, de Tlaxcala; 3, de Baja California Sur, y 26, de San Luis Potosí, ofrecen nombres, fechas y testimonios que dan cuenta de una historia de "complicidades, corrupción y represión" que relata cómo Gordillo y Carlos Jonguitud -"que son lo mismo"- se "impusieron por la fuerza en el magisterio".

Tropelías en Michoacán

El secretario seccional de Michoacán, Juan Pérez Medina, comienza con una advertencia: "en ningún otro estado de la República como en Michoacán Elba Esther ha ensayado tantas formas de represión". Lo que Gordillo no le perdona a esta sección es ser uno de los contingentes estratégicos del movimiento disidente, con alrededor de 60 mil militantes, apunta. De ahí que la idea de la "dirigente moral" sea la de reventar las secciones estratégicas para darle "el golpe" a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

En la entidad, una de las "vías de represión" ha sido "la asfixia económica". De 1995 -año en que el movimiento disidente ganó- hasta el 2000, de los 3 millones de pesos mensuales que la sección michoacana aportaba al SNTE, el sindicato sólo le regresaba 165 mil pesos, es decir, 5.5 por ciento del total, asegura.

Además, Gordillo "ha mantenido a un comité alterno, a pesar de que nosotros ganamos" las elecciones seccionales, con el objetivo de golpear al movimiento. Ese grupo se escuda en la "impunidad" y una de las tareas de sus integrantes ha sido la de "repartidores" de plazas y créditos de viviendas, como parte de una "campaña de clientelismo y sabotaje".

En 2000, "Elba Esther desconoció a nuestro comité y canceló el congreso de renovación seccional violando toda norma estatutaria. Tenía el cálculo de que al desconocernos, su grupo ganaría. Pero hemos logrado mantenernos cohesionados, a pesar de que su objetivo es romper la unidad interna mediante la conformación de un caballo de Troya que en el estado se extiende a la formación de por lo menos nueve grupos artificiales", indica.

Desde 2000 hasta la fecha, "los recursos de la sección van íntegros al sindicato sin que nosotros veamos de regreso ningún centavo", a pesar de que las aportaciones generadas en Michoacán siguen siendo de casi 3 millones de pesos, agrega. Por otro lado, en 2000 murió "el compañero Francisco Javier Acuña", y aunque se demandó al gobierno de Javier Tinoco Rubí la creación de una fiscalía especial para la investigación del caso, no se hizo nada.

Roberto Reyes, de la misma sección, relata que en 1990, cuando los profesores michoacanos Sergio Martínez Aguilera y Marcela Saucedo Maicot se trasladaban en un automóvil a un congreso de la CNTE, fueron "misteriosamente arrollados por un tráiler". Ambos tenían tres meses de haber salido de la cárcel, pues eran parte del centenar de profesores que fueron encarcelados en el estado para reprimirlos. En prisión ellos recibieron la advertencia de que "estaban más seguros ahí".

En Guerrero, una de las últimas tácticas "del cacicazgo de Gordillo" fue la de adelantar las elecciones para la renovación del comité seccional en 2000, cuando correspondía hacerlo hasta marzo de 2001. Para "consumar el fraude" trasladó el congreso a Acapulco y luego a Zihuatanejo. Ahí, el grupo de Gordillo "nombró un comité institucional que se impuso inclusive al grupo que apoyaba el gobernador", indica Fernando Solís Soberanes, miembro del Comité Ejecutivo Democrático de la sección 14, de Guerrero.

Indica que el movimiento disidente en la entidad agrupa alrededor de 40 mil militantes. En 2001 el contingente disidente dio posesión a un comité democrático encabezado por Víctor Echeverría. "Aunque tenemos el reconocimiento del gobierno estatal, el SNTE no nos regresa ni un cinco de cuotas desde el año 2000, pese a que Guerrero aporta al sindicato más de 2 millones 700 mil pesos al mes".

De la represión física en un estado con un largo historial en la materia, Solís Soberanes sólo dice que el movimiento disidente ha logrado avanzar significativamente, "con todo y la pérdida de los compañeros reprimidos y asesinados por el grupo vanguardista, encabezado por Carlos Jonguitud". Destaca que algunas de las muertes de sus compañeros sucedieron en la ciudad de México en accidentes automovilísticos, como ha ocurrido en otras entidades.

En Zacatecas han muerto de "manera sospechosa" maestros importantes del movimiento democrático, y aunque "no tenemos pruebas fehacientes, no dudamos que el grupo caciquil tenga algo que ver", dice Rafael Cervantes Ramírez, del comité ejecutivo seccional. Recuerda los nombres de los profesores que murieron en accidentes automovilísticos en circunstancias poco claras: Armando Cruz Palomino, en marzo de 2001, y Romualdo Esquivel, en mayo del mismo año.

Por lo que se refiere a las tácticas de acostumbradas por Gordillo, en Zacatecas impuso un comité en "altas horas de la madrugada". Para ello se realizó un congreso rodeado "por grupos de choque de varios estados, y en el cuarto día de su realización se nos impidió entrar por medio la fuerza". Sin embargo, el movimiento democrático nombró su propio comité en 2000. Desde entonces mantiene ocupado el edificio seccional.

Horacio Aguilar Arredondo, integrante del Consejo Estatal de Lucha del magisterio potosino, creado en 1991, establece: "el 29 de enero de 1981, un día antes de que muriera el profesor Misael Núñez Acosta, estuvo en la Huasteca de San Luis Potosí. Tenemos la certeza de que allá fue vigilado por Carlos Jonguitud (señalado por la CNTE como uno de los "autores intelectuales" de la muerte del maestro), quien entonces era gobernador de la entidad". Luego añade: "tenemos claro que Jonguitud y Gordillo representan lo mismo".

Aguilar Arredondo destaca que en San Luis Potosí la represión es "administrativa" y asume diversas formas: los ex dirigentes sindicales charros se van colocando en los puestos de la Secretaría de Educación estatal. Así actúan con impunidad y con el poder para sancionar a los disidentes. Además se dan toda clase de irregularidades con las plazas.

En Tlaxcala, recuerda el secretario del comité democrático, Mario Macías Macías, el movimiento disidente tomó fuerza al iniciar la década de los noventa y surgió como una alternativa para la defensa de los intereses de los trabajadores de la educación y como muestra de inconformidad ante la actitud "tan arrastrada al gobierno y a Gordillo" del comité oficial.

En la entidad, la estrategia ha sido similar, dice. A mediados de 1990, el congreso para nombrar al comité seccional también fue trasladado a otro lugar fuera de toda norma para nombrar, a espaldas de la base, un comité espurio. Sin embargo, los delegados disidentes eligieron el suyo y desde 1995 hasta la fecha ha habido tres comités democráticos consecutivos. "El gobierno estatal se ha visto obligado a reconocernos, pero no así Elba Esther", añade.

En Baja California Sur, dice Diana Vonborstel Luna, de la corriente democrática, en los primeros años de lucha, a finales de los setenta -época en que Carlos Jonguitud mandaba en el SNTE- "no se llegó al grado de los asesinatos, pero la represión fue fuerte cuando luchamos contra el grupo de Vanguardia Revolucionaria".

En aquella época "nos trataban como si tuviéramos una enfermedad contagiosa. Se nos aislaba y había una lista negra de los disidentes, a quienes se nos negaba el derecho a los ascensos, al cambio de plazas, a la vivienda". En la actualidad, con el cacicazgo de Gordillo, "son más sutiles para reprimir: ahora se da por medio de excluirnos de toda información, de ocultarnos los préstamos que existen para la vivienda, de no decirnos nada acerca de las plazas". Allá, enfatiza, "los maestros pagamos 800 mil pesos de cuotas sindicales, y en cambio cada una de las 120 delegaciones sólo recibe 50 pesos mensuales, y no todo el año, sino sólo a lo largo de diez meses. šExigimos que Elba Esther salga!", finaliza.