REFORMA INDIGENA

Acudiría al Congreso para un análisis republicano y parlamentario, sostienen diputados

Plantea el PRD invitar al EZLN a discutir la iniciativa de ley indígena

El llamado de Vicente Fox a los indios, una burla, considera el senador priísta Manuel Bartlett

CIRO PEREZ SILVA Y VICTOR BALLINAS

La bancada del PRD en la Cámara de Diputados se manifestó ayer por invitar al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) al Congreso de la Unión ''a un proceso de análisis republicano y parlamentario de la iniciativa de ley'', ya que éste ''puede ser el punto de partida para la recuperación del proceso de paz hasta hoy empantanado'', evitando con ello ''un estallido social''.

Al tiempo que en San Lázaro se debate sobre la necesidad o no de que la ley de derechos y cultura indígenas deba aplicarse al menos por un año, antes de cualquier modificación, los perredistas sostienen que el Congreso de la Unión, por su conformación plural y sus facultades constitucionales, es el que tiene la capacidad de ser convocante a un proceso histórico reformador de esta envergadura. ''La decisión de asumir un compromiso de esta naturaleza es la que determinará el tipo de Congreso al que pertenecemos'', señalan.

En entrevista, la presidenta de la Cámara de Diputados, Beatriz Paredes Rangel, declaró que pasado un año de la discusión de un tema se pueden tocar rubros similares, como es el caso de la llamada ley Cocopa. Sin embargo, precisó que si bien la fase de carácter jurídico procesal está debidamente llevada a cabo, ''hay todavía un conjunto de alternativas de nuevas reformas y de construcción de acuerdos de carácter institucional''.

Mientras tanto, el senador Manuel Bartlett, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, aseveró ayer que el fallo de la Suprema Corte ''es estrictamente jurídico'', ahora lo que sigue es que se dictaminen ''un buen número de iniciativas para fortalecer económica y socialmente a las comunidades indígenas''. El PRI, aseguró, ''ya presentó 17, pero se detuvieron porque el PAN consideró que se necesitaba una consulta, la cual ya se hizo''.

Bartlett Díaz, quien votara a favor de la ley finalmente aprobada, resaltó que ahora hay que decirle al presidente Fox que su llamado a los hermanos indígenas ha sido una burla, ''porque Fox no ha hecho absolutamente nada en favor de las etnias. Es una vergüenza que el gobierno haya hecho tantas declaraciones sobre los indígenas, pero en la práctica no haya tomado ninguna acción; no se ve absolutamente nada en favor de los indígenas''.

Dijo que la reforma constitucional al artículo segundo, en su apartado B, establece la obligación de los poderes federales para luchar contra la marginación y la pobreza indígenas con todos los instrumentos pertinentes. ''Esto hay que cumplirlo.''

Para el PRI, dijo Bartlett, es una prioridad esencial atender a los indios, porque el problema principal de México es la pobreza, es el problema número uno y por ello hay que atenderlo.

De su parte, el presidente del Senado y coordinador de la fracción priísta, Enrique Jackson, destacó que ahora lo que tiene que hacer el Congreso es darle vigencia a la disposición constitucional en materia de derechos y cultura indígenas. Habrá que impulsar, discutir y votar ''las 17 reformas que ya se encuentran en esta Cámara, para asegurar un marco de derecho que respalde y apoye a las comunidades''.

Jackson comentó que en las próximas semanas se dará el debate de las políticas públicas y los recursos que haya que destinar a los indígenas. ''Habrá que seguir debatiendo el tema, pero por lo pronto hay que darle vigencia a las reformas constitucionales que entraron en vigor.''

-ƑEs momento para hacer la reforma de la reforma en materia indígena?

-Hasta ahora no hay ninguna propuesta al respecto, son sólo declaraciones, pero en el Congreso no hay tabúes.

Interrogado sobre la necesidad de que el EZLN vuelva al diálogo manifestó que esa es una tarea del Ejecutivo; seguramente la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa), que es una instancia del Congreso, coadyuvará para que pueda acceder a la mesa. ''Yo no subestimo el conflicto de los zapatistas, pero tenemos millones de indígenas en otras regiones que esperan respuesta.''

Por su parte, el vicecoordinador panista en el Senado, César Jáuregui, manifestó que el fallo de la Corte da certidumbre a la reforma y lo que sigue es que por la vía legislativa se reformen las constituciones locales, que tienen grandes asentamientos indígenas, y que se hagan las modificaciones a las leyes secundarias en el ámbito federal.

Asimismo, coincidió con los priístas en que el Ejecutivo ya puede empezar a cumplir con los propósitos de esta reforma, obras de infraestructura, becas, alimentación, y dijo que el gobierno está obligado a destinar partidas suficientes para lograr estos propósitos.

Irónico, el panista señaló: ''Así como el gobernador José Murat apoyó las controversias constitucionales, a ver si ahora apoya a las etnias de su estado; están por verse los recursos que les destine, así como los apoyos y programas'' que les asigne.

En su oportunidad, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, Miguel Sadot Sánchez, destacó que deberán hacerse modificaciones a 40 leyes secundarias, y que en este periodo ordinario se debe trabajar para garantizar el presupuesto a programas y proyectos para indígenas.

En San Lázaro, Martí Batres, coordinador de los diputados del PRD, así como Jaime Martínez Veloz, integrante de la Cocopa, advirtieron que ''las dificultades son enormes; existe una situación altamente explosiva en las comunidades indígenas del país. La movilización nacional indígena apenas empieza. En la reanudación del diálogo en Chiapas lo que haga el Congreso de la Unión será definitivo''.

La Corte ''abjuró'' de su papel

Con la decisión en torno a las reformas indígenas, la Corte abjuró de su papel de ''guardián de la Constitución'', consideró el consejero electoral Jaime Cárdenas. A partir del criterio esgrimido para no entrar al fondo del asunto se abre la puerta a reformas regresivas a la Carta Magna que sean inconstitucionales.

El consejero Cárdenas censuró la postura del Poder Judicial, y subrayó que con ese criterio se podrían promover reformas absurdas, como el eliminar los derechos del voto a la mujer, retornar al Estado confesional o promover cambios antidemocráticos. Todo eso es posible bajo su lógica de que no pueden entrar a la constitucionalidad del proceso de reformas a la Carta Magna.