REFORMA INDIGENA

La paz en las comunidades, asignatura pendiente, lamenta Rosario Robles

Riesgo de brotes de violencia, alerta el PRD

Persisten los viejos esquemas del autoritarismo, califica el Partido del Trabajo

RENATO DAVALOS Y MISAEL HABANA REPORTERO Y CORRESPONSAL

Hay riesgo de nuevos brotes de violencia por el rechazo de la Suprema Corte a las controversias constitucionales contra la ley indígena, advirtió el Partido de la Revolución Democrática (PRD).

La Corte no quiso meterse a fondo y fijar controles al Congreso; se quedó sólo en la forma, pues en el proceso de aprobación de la reforma constitucional se incurrió en excesos y se violentaron procedimientos pactados por México, como el Convenio 169 de la OIT, dijo Rosario Robles Berlanga, presidenta nacional perredista. El problema de fondo en Chiapas sigue sin resolverse, comentó; la paz sigue siendo una asignatura pendiente.

Mientras, el Partido del Trabajo consideró que la determinación del Poder Judicial demostró que el país todavía no deja atrás los viejos esquemas del autoritarismo y se perpetúa la vejación que han sufrido las comunidades indígenas por generaciones.

René Lobato, responsable de Derechos Humanos del PRD, expuso que en las etnias se generará una gran inconformidad, y no sería extraño que en algunas comunidades se optara por acciones al margen de la ley. Las expresiones armadas tienen su origen en la pobreza y en la marginación, pero también en los derechos violentados, alertó.

Lo que hizo la Corte, puntualizó, sólo fue aplazar la solución de los problemas. Ante ello, seguramente la lucha social se intensificará y se buscarán los canales para que esas voces sean escuchadas.

Entrevistada después de una gira por Guerrero, Robles Berlanga expuso: ''nosotros exigimos una reforma indígena de acuerdo con este derecho a la autonomía y al reconocimiento de los pueblos indígenas".

José Narro, integrante de la dirección colegiada del Partido del Trabajo, criticó que entre los ministros de la Corte no haya prevalecido el espíritu de justicia que abriera paso a la dignidad de las poblaciones indígenas.

''Expresamos nuestro rechazo a la decisión judicial, y exigimos que el presidente Fox retome su responsabilidad y busque los acuerdos necesarios para salvar la condición de 10 millones de mexicanos'', subrayó Narro.

A ello se suma la necesidad de que el Ejecutivo atienda el asunto irresuelto de Chiapas, donde la paz no se ha logrado desde hace ya casi una década, recordó.

''Sin duda, la situación chiapaneca tiende a complicarse, pero también en gran parte del país. La resolución de la Corte cierra las puertas a los acuerdos. Nosotros tendremos que presionar en San Lázaro para que prospere la iniciativa de reforma de la reforma que apoyan casi 200 legisladores''.

Se trata de una situación grave, indicó. La Corte tenía elementos suficientes para corroborar que se había violentado el procedimiento legislativo a la hora de la aprobación.