Horacio Labastida

El Informe

Desde el tercer decenio del siglo xix, José María Luis Mora señaló que en México registraríanse en lo fundamental dos corrientes ideológicas: la del progreso y la del retroceso, que llevadas a lo político connotan, la primera, un gobierno que mande obedeciendo al pueblo, y la segunda, el gobierno de elites minoritarias que aseguran la reproducción del estado de cosas que las favorece. El primer gran choque entre el progreso y el retroceso fue escenificado por Antonio López de Santa Anna al defenestrar del poder a Valentín Gómez Farías (1834), izando las banderas de fueros y privilegios. El triunfo del retroceso santannista nos llevó al desastre de las constituciones centralistas de 1836 y 1843, a la derrota del Ejército Mexicano en San Jacinto frente a las huestes texanas, al felón Tratado de Velasco -suscrito por Houston y Santa Anna-, a la reacción federalista que propició con Mariano Otero, hacia 1847, el restablecimiento de la Constitución de 1824, y luego a la pérdida de más de la mitad del territorio nacional en los momentos en que se suscribieron, en Querétaro, los Tratados de Guadalupe-Hidalgo (1848). Esto fue lo que lograron los partidarios del retroceso. Claro que atrás estaban las derrotas mexicanas en la Angostura, Coahuila y Cerro Gordo, Veracruz, preparadas por Santa Anna ante los cañones estadunidenses.

Las batallas entre los hombres del progreso y del retroceso repetiríanse hasta nuestros días. Los reformistas que acunó la Revolución de Ayutla (1854) dinamitaron a las fuerzas del retroceso en dos etapas, la consumada en Calpulalpan, que puso fin a la Guerra de Tres Años (1858-1861), y el fusilamiento de Maximiliano, Miramón y Mejía (1867), sin que el triunfo de Juárez purgara nuestras contradicciones fundamentales. Apenas dos lustros adelante Porfirio Díaz tomó el poder público para reforzar el latifundio criollo, explotar sin piedad a los trabajadores del campo y la ciudad y abrir las puertas al capitalismo trasnacional estadunidense e inglés sobre todo, subordinando al país a intereses extranjeros con apoyo en elites locales y en un gobierno ajeno al pueblo. Otra vez los partidarios del retroceso premiaron a grandes corporaciones con las vetas más prósperas y las masas que morían de hambre en las minas, las explotaciones estancieras, las haciendas y las fábricas textileras. 1906 y 1907 muestran el grave sometimiento en que ha-bíamos caído. Los mineros de Cananea fueron asesinados por rangers de Arizona sin protesta alguna de nuestras autoridades, y los obreros de Río Blanco resultaron masacrados por soldados porfiristas, triturando así el movimiento sindical poderosamente tonificado en el pensamiento de Ricardo Flores Magón (1873-1922). Pero renacieron las generaciones del progreso en 1910, Porfirio Díaz se marchó a París, Venustiano Carranza por un lado y Emiliano Zapata por el otro dinamitaron el Estado criminal de Victoriano Huerta (1913-1914), los constituyentes revolucionarios se reunieron en Querétaro y sancionaron a nivel supremo los paradigmas de un proyecto nacional libre de las explicaciones de los señores del dinero y orientado a fundar en México la civilización justa de que hablaría después Lázaro Cárdenas con base en el cumplimiento de los artículos 27 y 123 constitucionales. Los hombres del progreso promulgaron el derecho eminente de la nación sobre sus recursos y la facultad de ésta para modificar la propiedad privada en función de los intereses generales. El Estado quedó transformado en administrador de los bienes públicos destinados a fomentar el crecimiento y el desarrollo en armonía con la propiedad social y una propiedad empresarial coartada de la posibilidad de agraviar el bien común. Esto dispusieron los hombres del progreso, mas las cosas marchan por otro lado desde que Obregón y Calles dejaron de aplicar el artículo 27 constitucional y a partir del instante en que Miguel Alemán (1946-1952) instauró el presidencialismo civil autoritario de la llamada familia revolucionaria, sustituida por el presidencialismo elitista y autoritario que inauguró Carlos Salinas de Gortari en 1988, afirmó Ernesto Zedillo en 1994 y fue estigmatizado, vituperado y rechazado por Vicente Fox durante su campaña de 2000, ofreciendo en su lugar un profundo cambio. El ingreso del candidato triunfante a Palacio Nacional se vio exaltado por promesas y juramentos de un envés del statu quo que hasta la fecha prevalece. No es indispensable leer y releer el Informe para darse cuenta de que los hombres del retroceso manejan otra vez el poder del Estado para llevar adelante dos proyectos nada alentadores: el arraigamiento y profundización de la dependencia que agudizó el TLC con Norteamérica, al insistirse a toda costa en abrir las puertas de nuestros recursos energéticos al capitalismo privado, obviamente extranjero, violando la Constitución, y al impulsar con sutiles y subliminales propagandas el descrédito de la disensión política y la identificación de esos proyectos gubernamentales con la verdad absoluta.

El cambio real comprende el conjunto de mutaciones cualitativas de estructuras materiales y sociales que condicionan y regeneran la injusticia social, impidiendo la realización en la historia de los más altos valores humanos. Estos cambios cualitativos son el progreso; lo contrario se llama retroceso.