El IMSS ha decidido enfrentar su desastrosa situación financiera, deshaciéndose de sus derechohabientes. Como los barcos que se hunden, está resuelto a desechar una de sus cargas más pesadas: los pacientes con VIH/sida. La decisión de desincorporar a más de mil derechohabientes con VIH/sida, que habían dejado de cotizar a la institución por la pérdida de sus trabajos, pero a quienes se otorgaban prórrogas de servicio, representa no sólo el abandono del principio de solidaridad sino un signo más del desmantelamiento de la seguridad social en nuestro país.

Asimismo, refleja la política errada seguida por las autoridades de Salud en torno al suministro de los tratamientos antirretrovirales, que ha conducido a una situación caótica, como lo han reconocido las propias autoridades. Tenía que derramarse el agua del pozo para entender que el problema requería de una solución "sectorial" --es decir, coordinada entre todas las instituciones que conforman el sector Salud--, y no sólo de una respuesta "institucional". La carencia de esta política "sectorial" ha permitido las compras parciales de los medicamentos a precios desventajosos, ha debilitado a las instituciones frente a las compañías farmacéuticas para lograr una mejor negociación de precios, y de esta manera ha propiciado la dilapidación de recursos.

Enfrentar el problema de las desincorporaciones de pacientes del IMSS abre una coyuntura que podría posibilitar la anhelada coordinación entre todas las instituciones de Salud para elaborar, como propone la doctora Patricia Uribe, una estrategia integrada en la atención del VIH/sida. Pero el primer paso en esa dirección tendría que ser, necesariamente, que por decreto presidencial se reincorpore de inmediato a las personas afectadas por la inhumana medida tomada por las autoridades del IMSS.