Analistas atribuyen creciente ola delictiva a guerras sucias entre sectores políticos

Admite Duhalde la presencia de fuerzas desestabilizadoras en Buenos Aires

Hoy, movilización para exigir una Constituyente al grito de: "šque se vayan todos!"

STELLA CALLONI CORRESPONSAL

Buenos Aires, 29 de agosto. El presidente Eduardo Duhalde reconoció hoy que existen fuerzas "descontroladas" en la provincia de Buenos Aires que podrían lograr una desestabilización del gobierno de ese distrito, el de mayor importancia económica y más poblado de Argentina, en momentos en que se incrementa el índice de delitos y secuestros, que muchos analistas atribuyen a las "mafias policiales" ligadas a guerras sucias de sectores políticos.

La víspera, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Felipe Solá, y su ministro de Seguridad, Juan Pablo Cafiero, advirtieron que la ola de delitos formaría parte de un complot para obligarlos a renunciar. Cafiero intenta depurar la llamada maldita policía bonaerense, después del asesinato de dos jóvenes piqueteros (desocupados) en junio pasado. Investigaciones de prensa y testimonios fotográficos permitieron poner en evidencia a los policías responsables de esas muertes y un plan para provocar desórdenes.

Pero los crímenes y la corrupción de policías, que actúan como bandas delictivas, continúan, y la sociedad argentina, que enfrenta el mayor índice de pobreza de su historia, advierte que los responsables de estos delitos siguen sin castigo. Especialmente los bonaerenses, que no confían en la justicia y viven aterrorizados tanto por delincuentes como por estos policías.

Organimos humnitarios han presentado una lista de casi un centenar de policías en actividad en la provincia de Buenos Aires, que participaron en la represión en la última dictadura militar (1976-1983), que provocó 30 mil desaparecidos y miles de muertos. Duhalde, que no quiso ligar a las fuerzas "incontroladas" en la provincia con la política ni la policía, consideró formar una comisión especial de alto nivel para tratar del tema de la ola delictiva, cuando todos los días ocurren secuestros como los de este jueves: un joven de 15 años y el padre de dos futbolistas.

A ocho meses de haber asumido el gobierno en medio de una debacle sin precedente, designado por una Asamblea Legislativa, Duhalde se ha debilitado por el retorno de las mafias que surgieron durante el gobierno de Carlos Saúl Menem -su ahora rival partidario- y de quien fue vicepresidente.

Mientras los argentinos enfrentan un índice de pobreza que alcanza ya a casi 55 por ciento de la población, con unos 9 millones de indigentes, el Partido Justicialista (peronista) intenta acomodar las elecciones presidenciales a sus políticas de guerras internas, que no excluirían maniobras para desacreditar a posibles candidatos.

Aunque Duhalde insiste en que la ola delictiva no tiene que ver con esta situación, gran mayoría de los argentinos, así como importantes analistas, entienden que hay algo atrás de la violencia en la provincia de Buenos Aires.

Por esta razón, diversas organizaciones políticas y sociales convergirán mañana en una movilización en todo el país para pedir que se convoque a una Asamblea Constituyente y que se remuevan todos los cargos electivos, bajo la consigna de "que se vayan todos" (los políticos).

En tanto, la tensión se agudizó en días recientes. Menem logró que Norberto Oyarbide, un juez vinculado a su entorno y que le debe el hecho de no haber sido sometido a jucio político tras haber estado comprometido en un escándalo de burdeles y taxis boys (prostitutos), tome en sus manos las causas en que está acusado por diversos delitos de corrupción.

Esto está llevando a maniobras de dilación mientras la justicia suiza, a la que se le pide información por las cuentas que tiene ahí el ex mandatario, advierte que los exhortos judiciales enviados por Argentina son insuficientes.

Por su lado, la Corte Suprema de Justicia, ampliada durante el menemismo para poder nombrar jueces aliados, ha golpeado duramente a Duhalde con resoluciones que, si bien son justas, se toman únicamente para presionar al mandatario y evitar el juicio a los magistrados del máximo tribunal, que exige la mayoría de los argentinos.

La Corte Suprema estaría evaluando una resolución en contra de la pesificación de los depósitos, luego de declarar inconstitucional un recorte de salarios a empleados estatales y jubilados dispuesto por el gobierno del renunciante Fernando de la Rúa.

En este contexto, varios analistas vieron con asombro un reporte del organismo Transparency International, que registra a Argentina como uno de los países donde aumentó la corrupción, cuando según los datos de muchos no hubo periodo de mayor poder corrupto que el de los 10 años de gobierno de Menem.

Contra la impunidad de la dictadura

A este panorama se suma de última hora que el procurador general de la nación, Nicolás Becerra, se inclinó por que la Corte declare la inconstitucionalidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final por la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura. Aunque también es una medida que la sociedad demanda, cuando los resultados de la impunidad que gozan los responsables de crímenes en esa dictadura siguen presentes, algunos sospechan de una utilización política del tema y destacan la "preocupación tardía", cuando esas leyes tienen más de una década de dictadas.

Como si algo faltaba para Duhalde, el Fondo Monetario Internacional (FMI) considera que no existe "consenso político" en el país para alcanzar un acuerdo, y el vocero del organismo, Thomas Dawson, consideró incluso que los problemas están "extendidos".

Dawson no mencionó las áreas en las que Argentina necesita avances o reformas, ya que el problema "abarca una amplia gama de aspectos".

El mandatario, por su lado, responsabilizó a los precandidatos presidenciales por la falta de acuerdo, porque no han fijado su postura en torno a si hay que negociar o no con el fondo, aun cuando Dawson aclaró que el organismo ni siguiera está en el punto de "establecer un calendario de negociaciones".

Por lo pronto, esto ha provocado que la jornada de protestas de mañana, en parte impulsada por la diputada Elisa Carrió, no sólo reclamará el fin de todos los mandatos electivos al grito de: "que se vayan todos", sino que repudiará al FMI y su comportamiento hacia el país, víctima de "genocidio por la planificación de la desigualdad", según denunció el sindicalista Víctor de Gennaro, otro de los convocantes.