miércoles 28 de agosto de 2002
La Jornada de Oriente publicación para Puebla y Tlaxcala México

  
n La sociedad demanda conocer en qué se gasta el presupuesto y cuánto ganan sus autoridades
Presenta el PAN iniciativa de Ley sobre Remuneraciones de los Servidores Públicos

Juan Luis Cruz Pérez n
Que el titular del Ejecutivo estatal gane no más de 60 salarios mínimos, mientras que el presidente de la Gran Comisión del Poder Legislativo y del Poder Judicial obtengan ingresos por 50 minisalarios; que los diputados y magistrados reciban 45 salarios en pago por su trabajo y que los presidentes municipales perciban remuneraciones de acuerdo al número de habitantes que representan, es la propuesta que el PAN presentó el martes ante el Congreso local.
Con el propósito de normar y precisar los topes que en materia de percepciones económicas deben recibir los servidores públicos de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como los ayuntamientos, los Organismos Públicos Descentralizados y Autónomos, el blanquiazul presentó su proyecto de Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala, en el que también contempla un capítulo de responsabilidades a fin de asegurar el cumplimiento de las obligaciones que establece este precepto, a efecto de que "las violaciones sean sancionadas conforme a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado independientemente de las que pudiera resultar de carácter civil o penal".
El cordinador de la fracción parlamentaria del PAN, Adolfo Escobar Jardines, sostuvo que la sociedad tiene interés en conocer cuáles son los presupuestos de ingresos y de egresos de las autoridades, "quieren saber cuánto reciben los gobiernos en dinero y, sobre todo, en qué lo gastan, saber qué obras públicas se están realizando en su comunidad, en el estado o en el país, a quiénes benefician, cuánto cuestan los servicios públicos que se prestan y cómo se instrumentan, pero sobre todo, cuánto ganan sus autoridades por la labor que desempeñan".
Con este propósito, propusieron que las remuneraciones diarias en el Ejecutivo, no excedan de los siguientes montos: para el gobernador, hasta 60 salarios mínimos; para los secretarios de estado y procurador, hasta 50 salarios mínimos; los subsecretarios, hasta 45 salarios mínimos; los directores generales, hasta 35 salarios mínimos.
Respecto de las retribuciones para el Legislativo, establecen que el presidente de la Gran Comisión o su equivalente gane hasta 50 salarios mínimos, y los demás diputados hasta 40 salarios mínimos.
El secretario parlamentario y directores generales, hasta 30 salarios mínimos. Los estipendios en el Judicial son: para el presidente del Tribunal, hasta 50 salarios mínimos, y para los magistrados, hasta 45. Los titulares de los îrganos Descentralizados y los Autónomos percibirán una remuneración que no exceda de 45 salarios mínimos.
Respecto de la remuneración diaria que perciba un presidente municipal, se fijará de acuerdo con el último censo poblacional levantado por el INEGI, por lo que los salarios irán desde 10 salarios mínimos -para los que gobiernen municipios con menos de 10 mil habitantes- hasta 45 salarios mínimos -los que cuenten con una población de entre 130 mil y 180 mil habitantes-. En cuanto a los regidores y presidentes de comunidad, su remuneración diaria no excederá de 35 por ciento del monto otorgado a la retribución asignada al edil del ayuntamiento respectivo; mientras que el sindico no podrá tener una remuneración mayor al 50 por ciento del monto asignado al presidente del ayuntamiento respectivo.
A pesar de que existe una reglamentación, la propuesta panista faculta al Congreso local para adecuar los salarios de los funcionarios, pues el artículo 7 establece que "los montos máximos establecidos para fijar las percepciones de los servidores públicos del estado o de los municipios podrán ser modificados por el Congreso del estado, al aprobar los presupuestos anuales de egresos, en atención al estudio que lleve a cabo el Comité Técnico, que estará integrado por un representante de cada uno de los poderes".
Sin embargo, para la fijación de los salarios de los funcionarios públicos es necesario, sostiene la propuesta, que se tome en cuenta por lo menos seis variables, como son: el número de habitantes, el monto del presupuesto, costo promedio de la vida en el estado o el municipio -según se trate-, índice de inflación, dispersión de la población, desarrollo socioeconómico y número de servidores públicos que laboren en la entidad en la que se asignarán los recursos, para que el gasto en salarios no afecte las partidas para desarrollo social.