miércoles 28 de agosto de 2002
La Jornada de Oriente publicación para Puebla y Tlaxcala México

  
n Usan su poder político para influir en el proceso, afirman; piden regularizar 973 hectáreas
Acusan ejidatarios de Miahuatlán a la familia Romero de despojarlos de sus tierras

Francisco Rivas Zerón n
Ejidatarios de Santiago Miahuatlán acusaron a la empresa avícola Incubadora Mexicana SA de CV, propiedad de Miguel Romero Sánchez -hermano de Socorro Romero, reconocida por su influencia política en Tehuacán-, de utilizar su poder económico y su cercanía con el gobierno de Morales Flores para despojar de sus tierras a más de 600 familias.

Y aunque la compañía sólo posee 42 hectáreas de un total de 973 que reclaman los campesinos de la región, éstos últimos solicitaron al Tribunal Unitario Agrario del distrito 47, con sede en Puebla, que regularice los predios que dicen poseer desde 1920, cuando no existían las naves donde crían a los pollos.
Por lo anterior, insisten, la familia Romero busca despojarlos de las tierras donde en la actualidad siembran maíz y frijol, e incluso quieren apoderarse -agregaron- de la zona montañosa.
En respuesta, el representante legal de Incubadora Mexicana SA de CV, Abel Longoria Barra, rechazó que tengan interés de "robar" los predios aledaños a la granja, pero tampoco están dispuestos a que los pobladores invadan la propiedad de la compañía, la cual, dijeron, está "debidamente acreditada" ante el Registro Público de la Propiedad.
Lauro Sales Alcántara, líder de los ejidatarios, comentó que su petición al Tribunal Unitario Agrario no es otra que la regularización pronta de 973 hectáreas en el municipio de Santiago Miahuatlán. Al respecto, enfatizó que dentro del perímetro de los terrenos que reclaman para el ejido están ubicadas un par de granjas de la familia Romero, las cuales fueron instaladas en la zona sin consentimiento de los habitantes, para de esa manera "dejarnos sin nuestro patrimonio".
"Hace seis años invadieron una superficie de dos hectáreas; posteriormente cercaron otras 15 hectáreas para construir las galeras de los pollos, y más tarde se apropiaron de 29 hectáreas adicionales. Estas personas toman lo que no es suyo, pues hemos tenido la posesión de la tierra en tres generaciones y no es justo que las exploten", indicó. Mientras, en la granja Santa Ana, se adueñaron de otras cuatro hectáreas.
Sales Alcántara aseguró que estas acciones las llevaron a cabo bajo el cobijo de su poder político y económico. Empero, añadió, los empresarios avícolas nunca han acreditado la posesión legal de las parcelas.
En la actualidad pesa sobre los campesinos una denuncia penal por daños a la ecología, ya que Incubadora Mexicana SA de CV los responsabilizó por la destrucción de una zona protegida para la reforestación y conservación de plantas endémicas, que patrocina esta firma en coordinación con las secretarías de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación (Sagarpa), y del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
En defensa de los habitantes de Miahuatlán, Lauro Sales rechazó los señalamientos y, por el contrario, afirmó tajante que el rótulo que informa sobre la existencia de la región protegida fue colocado por personal de la familia Romero con el propósito de "extender sus dominios, despojar a los pobres de sus tierras y, por si fuera poco, quedar como víctima".
Sales Alcántara subrayó que el proceso ante los tribunales agrarios terminó el pasado 20 de febrero de 2002, pero aún faltan detalles por analizar, por lo que no se conoce la fecha exacta en que el juez del distrito 47 emitirá su resolución, sobre el caso del expediente 399/99.

Contra el poder y el dinero

El líder de los ejidatarios dijo a La Jornada de Oriente que durante el proceso para conseguir la regularización de esas tierras han encontrado obstáculos determinados por el peso político y económico de la familia Romero Sánchez, de Tehuacán.
A raíz de la diligencia que inició el Tribunal Unitario Agrario el pasado 26 de agosto de este año, para inspeccionar la región en disputa, agentes judiciales y policías municipales de Tehuacán rondaron por los domicilios de quienes buscan proteger la tierra e iniciaron una campaña de hostigamiento en su contra, reveló Lauro Sales.
"Nuestra única defensa es el uso y la aplicación de la ley. No tenemos influencia política o dinero para proteger nuestro patrimonio, y si nuestras autoridades no imparten la ley de forma adecuada, habrá brotes de violencia, como ha sucedido en otras partes del país a consecuencia de conflictos agrarios donde los campesinos salen perjudicados por el favoritismo de las autoridades para beneficiar a los empresarios", expresó.
Por lo anterior, hizo un llamado a la "prudencia" del juez del Tribunal Unitario Agrario del distrito 47 para que resuelva de manera imparcial.
"El problema que enfrentamos nosotros es que ellos (los Romero, propietarios de la empresa avícola) han ostentado cargos de elección popular como diputaciones federales y locales, y determinan cuando quieren quiénes serán los ganadores de las presidencias municipales de la región de Tehuacán", manifestó.

La represión

Relató Sales Alcántara que en diciembre de 1999 las autoridades policiacas del municipio de Tehuacán y de Santiago Miahuatlán emprendieron una "persecución brutal" para ejecutar una orden de aprehensión en su contra, luego de que Incubadora Mexicana SA de CV lo acusó de daños en propiedad ajena y daños a la ecología.
"En aquella detención participaron hasta personas ajenas al municipio y al conflicto; tanto, que antes de llevarme ante el Ministerio Público de Tehuacán quisieron secuestrarme. Ocho personas me abordaron, me detuvieron y me querían llevar en un vehículo que no era de la policía. A la fecha aún recibo amenazas de muerte", contó.
Incluso, dijo, mientras estuvo en prisión, 15 días -para después salir libre bajo caución, al pagar una fianza de 167 mil pesos-, uno de los abogados de la familia Romero contactó a un interno para que a cambio de 30 mil pesos lo matara en las celdas.

La empresa se defiende

Abel Longoria Barra, representante legal de Incubadora Mexicana SA de CV, rechazó que haya invadido predios de campesinos y advirtió que Miguel Romero es propietario de 42 hectáreas en Santiago Miahuatlán desde 1971.
"El gobierno del estado trató de convenir a ambas partes para solucionar este problema sin necesidad de recurrir a la agresión; les iban a dar tierras a través de un programa especial, pero se negaron, y a cambio descalifican a autoridades gubernamentales, judiciales y policiacas, además de que su líder, Lauro Sales, falsifica firmas para presentar documentos ante el Tribunal Agrario Unitario", señaló.
Longoria Barra reprochó que los campesinos quieran "regularizar" 973 hectáreas del municipio mientras en la realidad, expuso, no tienen animales en éstas ni cultivan granos. En cambio, denunció que destruyeron un área protegida por Sagarpa y Semarnat y el costo por esa acción asciende a más de un millón de pesos, mismos que deberán pagar si se encuentra responsabilidad en su contra y se ejecuta la orden de aprehensión.
Asimismo, desmintió que la posición política o económica de la familia Romero haya pesado para inclinar a su favor los procesos penales iniciados en 1999, pues sólo fue resultado de la realidad, indicó, "que contamos con la posesión de las tierras con escrituras fechadas desde 1971".