El 90% tiene que ver con inversiones en tecnología para poder competir, sostiene

La reforma no implicaría reducir tarifas: Gasca Neri

CIRO PEREZ SILVA

La aprobación de la iniciativa de reforma al sector eléctrico que envió el presidente Vicente Fox al Congreso "no implica necesariamente que habrá una reducción en las tarifas, ya que 90 por ciento de la composición de las mismas tiene que ver con las previsiones para inversiones futuras en tecnología especializada para estar en condiciones de competencia", sostuvo el ex director de la CFE, Rogelio Gasca Neri. Además, consideró indispensable modificar la Constitución en sus artículos 27 y 28.

Al participar en el foro Reforma eléctrica, puntos de vista, a la que convocó la Fundación Heberto Castillo, el ex funcionario afirmó que el fundamento de la reforma es corregir las fallas y omisiones de los cambios realizados en 1992 a la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica, "ya que, descartada la privatización, la reforma tiene por objeto primario otorgar certeza jurídica a las inversiones".

Explicó que la modificación constitucional es la forma más adecuada para quitarle a la CFE las ataduras que no le permiten usar la electricidad generada por la iniciativa privada para la prestación de servicio público de energía eléctrica, ya que la actual redacción del artículo 27 ha hecho a la CFE violar la Constitución desde 1961.

Asimismo, agregó, es indispensable corregir la ley para subsanar las fallas de 1992, para que con pleno derecho el sector privado pueda abastecer sus usos propios sin menoscabo del servicio público reservado al Estado. "Atar de manos a los particulares no beneficia a nadie. Un sector privado vigoroso en esta materia es benéfico para el país", aseveró Gasca Neri, quien lamentó que en lugar de aceptar que las consideraciones expuestas son inevitables, se habla de una multitud de propuestas de naturaleza circular que se fincan en los factores endógenos de las tarifas y el presupuesto.

Por ejemplo, dijo, se plantea cambiar el régimen fiscal de la CFE, sin considerar que el aprovechamiento no puede ser eliminado y que una reducción de éste sería equivalente a un incremento del déficit fiscal, el cual sólo sería compensado con la reducción del presupuesto en otros sectores o con una verdadera reforma fiscal.

Advirtió que el propósito de la reforma no debe ser otro que establecer el marco jurídico y regulatorio que permita a las empresas eléctricas contar con recursos económicos suficientes para cumplir sus obligaciones de largo plazo, tanto las que tiene con sus trabajadores en pensiones y jubilaciones como con el servicio público, incluyendo su expansión, modernización y pago de deuda.

Con los cambios en el artículo 27 constitucional se precisa que corresponde únicamente a la nación la prestación del servicio público de energía eléctrica, y dar certidumbre jurídica para la creación de un mercado de particulares para particulares.

Acerca de las tarifas, afirmó que el punto medular de la reforma es obtener recursos suficientes para la expansión y modernización del servicio eléctrico, y por lo tanto es necesario que las fuentes de recursos, provenientes de las tarifas principalmente, sean mayores que sus aplicaciones. "Eso sólo se podrá lograr, para un nivel de tarifa razonable, sí y sólo sí se comparte la responsabilidad de inversión con el sector privado."

Aseguró que con la reformas y precisiones mencionadas se armoniza el servicio público de energía eléctrica en manos exclusivas de CFE y Luz y Fuerza del Centro, con el autoabastecimiento y un mercado paralelo entre particulares para abastecimiento de usos propios debidamente reglamentado y operado. "Con estos elementos, México poseería uno de los modelos eléctricos más avanzados del mundo".