Encarcelan a miembros de la banda señalada como responsable de los homicidios

La PGR investiga a 20 funcionarios al parecer vinculados con narcos que asesinaron a policías

Sin saber nombres, la judicatura pide probar acusaciones contra una juez y un magistrado

ROSA ELVIRA VARGAS

La Procuraduría General de la República (PGR) reveló anoche que investiga a cerca de 20 servidores públicos, incluidos un magistrado federal, una juez y elementos policiacos de diversas corporaciones que estarían vinculados con una de las bandas de narcotráfico más peligrosas, con centro de influencia en esta capital y el oriente del valle de México. A esta banda se le relaciona con los homicidios del comandante de la policía capitalina, Guillermo Robles Liceaga, del ex fiscal de asuntos relevantes de la fiscalía de delitos contra la salud de la propia PGR, Mario Roldán Quirino, y de Nicolás Humberto del Aguila Jiménez, agente del Ministerio Público de la Federación.

Al parecer, de esa infiltración no se salva ninguna esfera de la procuración de justicia ni de las instancias encargadas de impartirla. Incluso se reveló que hay comandantes que ya se encuentran prófugos porque existen órdenes de aprehensión giradas en su contra por complicidad con esta red de narcotráfico.

A decir de la fiscalía de atención a delitos contra la salud, en esa red figuran agentes del Ministerio Público de la Federación, agentes del Ministerio Público del fuero común, principalmente del estado de México, una juez de distrito, un magistrado federal, agentes de la Agencia Federal de Investigaciones, policías municipales de Nezahualcóyotl, estado de México; algunos empleados administrativos de la PGR, y al parecer también trabajadores del Poder Judicial de la Federación.

Y aunque no se reveló un solo nombre, de inmediato el señalamiento de la PGR obtuvo respuesta del Poder Judicial. El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) informó anoche en un comunicado que "ha solicitado formalmente'' a la PGR los elementos de prueba en los que sustenta su aseveración, "con el fin de iniciar una investigación al respecto y proceder conforme a la ley''. Y subraya que hasta ahora el CJF no cuenta con ningún elemento o acusación precisa en contra de funcionarios judiciales federales que pudieran estar involucrados en hechos delictivos, y lo único que ha conocido de este hecho es a través de los medios de comunicación.

Sin embargo, Estuardo Bermúdez Molina, fiscal de atención a delitos contra la salud, quien en conferencia prensa reveló lo anterior, dijo que la notificación al Poder Judicial no tiene que hacerse en el curso de las investigaciones, sino cuando existan las órdenes de aprehensión, aunque consideró que si bien no tiene por qué informar directamente al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, seguramente éste estará enterado de esto.

La llamada banda de Ma Baker -por el apodo de su jefa, Delia Patricia Buendía Gutiérrez-, que tenía su centro de operaciones en Ciudad Netzahualcóyotl, se encuentra desmantelada en 70 por ciento, según la PGR, al enviar ayer a los penales de La Palma y Santiaguito, en Almoloya, a esta mujer y a sus hijas Nadia Isabel, alias La Japonesa o La Chabela, y Marcela Gabriela Bustos Buendía, alias La Gaby, así como a Fernando Morales Castro, alias El Fer, Agustín Guardado Vázquez, alias El Licenciado y Mario Solís Ariza, alias El Tabique.

La PGR informó que a estas personas se les consignó por delitos contra la salud, violación a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, y por posesión de armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. Y aunque abundó en datos que conducen a vincular a sus integrantes con los homicidios, dijo que se decidió no consignar todavía por ese ilícito, porque aún no se tiene a los autores materiales.

Esto, a pesar de que el mismo Bermúdez Molina refirió que Delia Patricia Buendía instruyó a Esteban Galindo Buenrostro para que privara de la vida al comandante Robles Liceaga, director de operaciones mixtas de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, y que por ello le pagó 200 mil pesos y lo proveyó de ocho armas AK-47 -también llamadas cuernos de chivo-, además de que éste habría confesado el hecho ante el Ministerio Público y se encuentra preso en el Reclusorio Oriente de esta capital.

En ese sentido, el funcionario rechazó que hubiese, como se difundió, una lista de altos mandos policiacos a cuyas cabezas esta banda supuestamente puso precio; señaló que hasta el momento no existen elementos para suponer que los tres victimados estuvieran involucrados con la organización criminal y, en todo caso, resaltó que Robles Liceaga, Roldán Quirino y Del Aguila participaron en operativos que afectaron los intereses de quienes eran comandados por Ma Baker.

"Esto afectó e incomodó a la organización criminal y empezaron a considerar que los habían traicionado miembros de las organizaciones policiales y de procuración de justicia que estamos investigando; estaban bajo su control o brindándoles algún tipo de protección."

Destacó entonces que no todos aquellos asesinatos fueron ejecutados u ordenados por la cabeza de la banda, sino que fue una especie de "manejo horizontal'', pero habría otras personas que estarían "no en esa lista que no existe, pero sí fueron señaladas como que podrían ser objeto de la revancha y del enojo de los miembros de esta organización". Precisó que este grupo de delincuentes tenía aprovisionamiento de cantidades importantes de cocaína que era trasegada desde el barrio de Tepito y surtía a toda la zona conurbada, "pero lo peculiar de esta organización son los vínculos que mantenían con las autoridades que les daban protección, y que crecieron bastante en los últimos años".