Resultado parcial de la investigación a empresas

La especulación con la energía de California se calcula en 20 mil mdd

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San Diego, 19 de agosto. El gobierno de California elevó de 9 mil millones de dólares a 20 mil millones su estimado por actos especulativos de industriales de la energía, incluidos los resultados parciales de investigaciones a las mayores empresas del país.

El presidente del Comité de Energía del Senado de California que investiga actos de especulación, el demócrata Joe Dunn, consideró sin embargo que ''aún falta mucho'' en las averiguaciones.

Los resultados iniciales, con base en la revisión parcial de documentos de las mayores compañías energéticas estadunidenses, determinan que Enron especuló por al menos 127 millones de dólares, el mayor monto encontrado hasta ahora, y encabeza la lista.

Las otras empresas son AES con 88 millones de dólares; Dynegy con 21 millones; Duke con 7 millones 800 mil dólares; Williams con 5 millones 300 mil, y Reliant con un millón 900 mil.

Esos resultados corresponden a revisiones de documentación de ventas de electricidad a California que las mismas compañías han entregado al comité senatorial, pero abarcan entregas en periodos breves o parciales de la mayor parte de la crisis energética, entre el verano de 2000 y la primavera de 2001.

Organizaciones extraoficiales, como la Unión de Consumidores de Servicios Públicos (UCAN) de San Diego, demandan en tribunales que se devuelvan a California al menos 41 mil millones de dólares.

El director de la UCAN, Michael Shames, el primer representante de consumidores en llevar una cuenta de posibles especulaciones, sostiene que ''en la reposición al estado deben incluirse los costos de contratos que California tuvo que firmar'' para superar la crisis.

La Legislatura aprobó una inversión inicial de 10 mil millones de dólares, que aumentó en sólo un año a 12 mil millones 500 mil dólares por intereses, pero hay otros contratos hasta por 10 años que necesitarán desembolsos posteriores.

El gobierno de California busca ahora rescindir esos contratos porque fueron firmados cuando las empresas habían elevado los precios de suministro eléctrico por una aparente escasez, que según funcionarios luego se descubrió era ficticia.