José Antonio Rojas Nieto
El cambio radical en electricidad
Los primeros informes sobre la propuesta eléctrica gubernamental enviada al Senado este viernes nos viene de notas y reseñas periodísticas. Ya la conoceremos con detalle a partir del próximo miércoles que se dé su primera lectura en la Comisión Permanente. No obstante, no cuesta mucho trabajo adivinar de qué se trata, siguiendo con cuidado la buena reseña de nuestros reporteros de La Jornada (A. Becerril, M. Cuéllar, A. Castellanos y R. Dávalos), en la que bien se indica que no se trata de una iniciativa de restructuración integral y global del sector de energía, sino de cambios a los artículos 27 y 28 de la Constitución que permiten abrir esta industria estratégica al capital privado. Brevemente recordemos los dos textos en los que ya no cree ni considera convenientes el gobierno de la República: "Corresponde exclusivamente a la nación generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación del servicio público. En esta materia no se otorgarán concesiones a los particulares y la nación aprovechará los bienes y recursos naturales que se requieran para dichos fines", reza el 27 y añade el 28: "No constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en las siguientes áreas estratégicas: correos, telégrafos y radiotelegrafía, petróleo y los demás hidrocarburos, petroquímica básica; minerales radiactivos y generación de energía nuclear; electricidad y las actividades que expresamente señalen las leyes que expida el Congreso de la Unión".
Se trata de textos constitucionales que, para el caso eléctrico, buscan impedir que en el estratégico servicio público de electricidad se medre y se especule con una necesidad básica, no sólo de la población en particular, sino del desarrollo nacional colectivo e integral. Por eso da la impresión de que la propuesta gubernamental no sólo lo ignora -más allá de la retórica inmediata de conservar los activos nacionales de CFE y la rectoría- sino que está en desacuerdo.
Es muy probable que la propuesta esté permeada por dos ideas muy discutibles, que un tanto trivialmente y a la carrera, ya ha hecho suyas este gobierno y que varios personeros gubernamentales ya habían dejado escapar antes: 1) que la energía eléctrica que utilizan las empresas comerciales e industriales no es servicio público de electricidad y, en consecuencia, no debe tener exclusividad el Estado en proporcionarlo; 2) que, por ello mismo, deja de ser estratégico este abasto y debe abrirse un mercado competitivo para esos usuarios comerciales e industriales, un mercado que, por cierto, deberá contar con la red nacional de alta tensión como carretera para sus envíos y con el centro nacional de control de energía (parece que sólo hasta hoy de la Comisión Federal de Electricidad) para ordenar ese mercado.
Si esto es así, se corre el riesgo de tener una propuesta gubernamental que modifica profundamente el concepto de servicio público de electricidad, corriendo también el riesgo de reducirlo a un servicio de segunda o, incluso, asistencial. Esto resultaría al intentar hacer de la Comisión Federal de Electricidad -como de hecho se haría al partir a los consumidores entre participantes del servicio público y participantes del mercado-, en una empresa estatal que cancela su cometido histórico de optimizar los recursos nacionales para atender integralmente a todos los consumidores y hacerlo -como de hecho debe hacerlo Pemex y, en general, toda empresa estatal- en un claro sentido de búsqueda del óptimo nacional, de máximo provecho -también nacional- de los recursos, sus productos y sus rentas, nunca identificados o reducidos a un beneficio individual o particular y, mucho menos, a un beneficio económico-financiero.
De nuevo, si esto es como parece esbozarse, se tergiversa o aun pierde el sentido constitucional del 27, que mandata al Estado y a sus empresas estatales a vincular la fortaleza que proporciona el control de los recursos naturales y de las áreas estratégicas que se sirven de ellos y de sus productos, al desarrollo de la nación, trascendiendo la lógica de la competencia mercantil y de la utilidad de corto plazo.
Las primeras ideas que dejan entrever tanto el Presidente de la República como el secretario de Gobernación permiten concluir que, efectivamente, se trata de algo más que una simple reforma eléctrica. Está de por medio un cambio radical del sentido y la orientación históricos que hasta hoy han tenido el 27 y el 28 de la Constitución. Incluso más. Se modifica el sentido rector del desarrollo que ordena el 25 constitucional. No hay un pequeño cambio. Hay un gran cambio. Un gobierno honesto debiera aceptarlo y presentarlo así. Lo de que no se venden los activos nacionales ya se convirtió en una coartada. No nos llamemos a engaño. ƑAsí queremos ya, hoy, las cosas los mexicanos? Eso... eso es lo que debe discutirse
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