El Estado, incapaz de afrontar esa mafia corporativa
Riesgo de abrir el sector energético a empresas
fraudulentas de EU
México no soportaría una estafa en ese ramo: analistas
ROBERTO GONZALEZ AMADOR
México no está aislado de los efectos perniciosos
provocados por los fraudes de grandes empresas en Estados Unidos, algunas
de ellas con presencia en este país, hecho que especialistas destacaron
como una señal de alerta de las graves consecuencias que implica
entregar el estratégico sector energético a corporativos
sobre los que pesa la sospecha de haber cometido actos abiertamente delincuenciales.
El foro de La Jornada y Casa Lamm, realizado el
viernes pasado, reunió a especialistas en prácticas corporativas
de las grandes empresas estadunidenses, que con sus prácticas fraudulentas
han cimbrado los cimientos de la principal economía del planeta.
Ahí, Alfredo Jalife-Rahme, articulista de La
Jornada -quien recibió de los asistentes una muestra de solidaridad
ante las amenazas anónimas lanzadas contra su familia-, Humberto
Hernández Haddad y Juan Ramón Jiménez intercambiaron
durante más de dos horas con un nutrido auditorio sus puntos de
vista sobre los fraudes empresariales en Estados Unidos, pero también
dejaron claro que tales prácticas también persisten en México,
sin que el gobierno o el Congreso muestren determinación para investigarlas.
La realización del foro, por coincidencia, se ligó
con la presentación, por parte del gobierno del presidente Vicente
Fox, de la iniciativa para abrir la industria eléctrica al capital
privado, que el viernes fue remitida al Senado. Un tema, los fraudes corporativos,
llevó al otro, el de la inversión en un sector estratégico
como es la electricidad.
Hernández
Haddad, diplomático y ex senador por el Partido Revolucionario Institucional,
puso el punto sobre la mesa de discusión: "No estoy muy seguro de
que en las circunstancias de la economía mexicana, con descapitalización
en varios sectores, principalmente el agropecuario, pudiera resistir un
impacto negativo como es una estafa en el sector energético. Francamente
sería el más grave de los detonadores que afectaría
la cohesión interna del país".
Explicó que la situación económica
de México no permite siquiera jugar con la posibilidad de un esquema
que esté bajo sospecha de venir a hacer una estafa en recursos estratégicos
que se encuentran hoy bajo el régimen de propiedad nacional y que
constituyen el ancla financiera que le da solvencia crediticia a la economía
mexicana en casos de volatilidad
Puso un ejemplo. Durante la crisis de 1995, que costó
a México 150 mil millones de dólares, el gobierno del entonces
presidente Ernesto Zedillo logró obtener un paquete de asistencia
financiera del Fondo Monetario Internacional y del Departamento del Tesoro
de Estados Unidos a cambio de empeñar la factura petrolera, que
sólo fue liberada después de que los préstamos fueron
saldados.
"Ejemplos como éste debemos tenerlos muy presentes
para explicar a aquellos que desbordan entusiasmo por la privatización
de los energéticos en México que privatizar los recursos
estratégicos de la nación, como el petróleo, el gas
y la electricidad van más allá del efecto de funcionamiento
de esas industrias y tienen que ver con la capacidad crediticia que el
país puede mostrar en futuras negociaciones, sobre todo si llegaran
a presentarse alteraciones en los mercados financieros globales".
El asunto es de actualidad. Los fraudes de grandes empresas
en Estados Unidos han sido posibles por el retiro del Estado de las funciones
de regulación económica, como consideró Alfredo Jalife,
y apuntó también el propio Hernández Haddad.
Para el ex senador, "el principal problema de seguridad
nacional que tiene hoy México es la incapacidad y la negligencia
del Estado mexicano para enfrentarse al diseño delincuencial mafioso
de grandes corporaciones internacionales que han descubierto que pueden
infiltrar las estructuras políticas gubernamentales y establecer
agendas de control que intimidan incluso a los funcionarios, que en el
más legítimo cumplimiento de su deber institucional deberían
actuar para impedir la incubación de una atmósfera de estafas
y grandes fraudes que trae ya una inercia de varios años".
Aquí terció Jalife-Rahme. Para el especialista
en temas económicos y geopolíticos, la sucesión de
fraudes en al menos una docena de grandes empresas estadunidenses sólo
es una evidencia de que la corrupción corporativa en aquel país
es "un fenómeno estructural" y no producto de hechos aislados.
"A este gran fraude lo llamaron nueva economía,
que no fue ni nueva ni economía. Se trata del mismo ciclo de regulación
y desregulación que ha vivido Estados Unidos en las recientes décadas.
El gangsterismo empresarial y de los círculos financieros en ese
país es cíclico". La única diferencia de ahora con
respecto al pasado es que los medios se han sofisticado y las operaciones
se realizan con un simple golpe de tecla a la computadora.
Para que estas grandes empresas, como Enron, WorldCom,
Qwest, AOL, Andersen, etcétera, pudieran haber realizado estos fraudes
durante tanto tiempo es necesario, apuntó el especialista, la colusión
de todo un sistema diseñado ex profeso bajo la consigna de
adueñarse de la riqueza generada por la globalización económica.
Jalife-Rahme trajo a colación el tema mexicano.
Aquí, varias empresas trasnacionales se han hecho de activos nacionales
-como los bancos entregados a Citigroup, a los grupos españoles,
todos bajo sospecha de haber realizado actividades ilícitas en sus
países de origen- "sin que el Congreso se decida a investigar esas
ventas".
El experto apuntó: "lo más grave es que
ahora quieren privatizar la energía. No me preocupa que se venda
el sector, sino con qué dinero lo van a pagar si las empresas de
Estados Unidos que quieren comprar están quebradas".
Para Juan Ramón Jiménez, catedrático
y estudioso de las prácticas corporativas en Estados Unidos, los
mexicanos no deben mostrar extrañeza por los grandes fraudes empresariales
en Estados Unidos. Lo mismo ha ocurrido aquí, con la privatización
de empresas y el rescate bancario. "Los banqueros mexicanos no pagan impuestos,
igual que hacía Enron en Estados Unidos. En aquel país los
fondos de pensiones, que estaban invertidos en las acciones de empresas
que quebraron, han sido los perdedores y aquí se impulsa desde el
gobierno la posibilidad de que el ahorro de los trabajadores sea canalizado
al mercado de valores".
Su opinión es que desde la sociedad civil (algo
en lo que también coincidió Jalife-Rahme) se impulse una
iniciativa para impedir más privatizaciones y la investigación
de las realizadas en el pasado. Pero no sólo eso. Consideró
que organizaciones civiles mexicanas traben relación con grupos
independientes en Estados Unidos "para combatir esta corrupción
de empresas estadunidenses que también están presentes en
México. La lucha contra los fraudes y la estafa debe ser binacional".