Antonio Gershenson
Electricidad: Ƒcambiar la Constitución?
Aunque todavía no se da a conocer su contenido preciso, el hecho de que haya entrado al Congreso de la Unión una iniciativa presidencial de reforma en materia de electricidad que incluye cambios a la Constitución ya es un motivo de análisis. Esta acción viene precedida de reiteradas declaraciones en el sentido de que no se aceptarán cambios a la misma en este rubro. Los señalamientos en este sentido abarcan a los legisladores del PRI y del PRD, que en su conjunto tienen una clara mayoría en las dos cámaras. En especial, tienen mayoría en el Senado, el cual no se renueva el año próximo, como sí sucederá con la Cámara de Diputados. Este hecho elemental muestra la falsedad del planteamiento oficial de "construir una mayoría" que apoye este cambio, para no hablar del hecho de que a la derecha no le está yendo muy bien en las elecciones locales, en lo general. Cabe recordar que, incluso, hace unos meses que el Senado rechazó tres proyectos de reforma constitucional en la materia, uno de ellos heredado del antiguo régimen. Ese rechazo provino de los mismos senadores a los que se envía esta otra iniciativa.
Incluso hubo un senador panista, por añadidura presidente de la Comisión de Energía, que lamentó que el paquete no llegara "completo" y como algunos habían deseado, con petróleo y toda la cosa, para limitarse por lo pronto a la industria eléctrica de servicio público. Por lo que, algunos adelantan, se plantearía construir un supuesto mercado eléctrico, como el que llevó a las crisis de California, de Argentina y de muchos otros lados. Es más, ha venido el propio gobernador de California y nos ha dicho que no recomienda seguir ese camino al desastre. El diputado californiano Robert Filner, más recientemente, habló ampliamente aquí de los apagones, del disparo en las tarifas eléctricas y de otros problemas sufridos en California, y dijo que esos problemas no se habían presentado en ciudades del mismo estado como Los Angeles y Sacramento (la capital), que tienen empresas de servicio público propiedad de los respectivos municipios, y no de particulares.
Es obvio que, por más limitado que sea el entendimiento de quienes hayan tomado la decisión de enviar esa iniciativa, no pueden ignorar que tiene muy pocas posibilidades de ser aprobada, por lo menos en el hecho de cambiar la Constitución. No sé si se atengan a los históricos "cañonazos de 50 mil pesos", que ahora ya habrían subido bastante de calibre. Aun si este fuera el caso, tendrían el problema de que a posibles destinatarios de tan temible armamento les importe, al revés que con los maderos de San Juan, más el hueso que el queso, y resulta que falta menos de un año para las elecciones, tiempo que se irá reduciendo indefectiblemente a medida que avanza el proceso legislativo.
Ya en un plano más serio, quedan por lo menos dos posibles interpretaciones acerca de los motivos para querer jugar un papel de oposición, medio primitiva, desde el gobierno. La posibilidad más pesimista es que se trate simplemente de sabotear, con una provocación, el actual proceso legislativo, que podría llegar a un proyecto que muestre, en positivo, que la industria eléctrica nacionalizada puede salir adelante y servir al país. La posibilidad optimista es que se trata de tener monedas para la negociación, y en un momento dado aceptar el retiro o el rechazo de las reformas constitucionales, a cambio de concesiones en la legislación reglamentaria.
En cualquier caso, es de vital importancia que el proceso legislativo continúe. No se trata de ignorar una iniciativa presidencial, por extemporánea que sea (la polémica, iniciada a principios de 1999 con el envío de la iniciativa zedillista, lleva más de tres años y medio). Pero no por ello debe ser ese el centro de la discusión. Lo principal es definir la forma y los medios para construir una industria eléctrica propia, pública, planeada y eficiente.
