Buscan hacer corresponsable a la sociedad del déficit financiero en salud

Ssa, IMSS e ISSSTE proponen establecer "seguro popular" y "copago de familias"

En 2001 los derechohabientes y los solidarios cubiertos por el Seguro Social representaban 56 por ciento de la población. Hoy existe el riesgo de que 10 millones de trabajadores lleguen a 2025 sin derecho a pensión o seguro médico. Esos son, entre otros, los argumentos de Frenk, Levy y González Roaro para sugerir reformas jurídicas en el sector

RENATO DAVALOS

El diagnóstico que el gobierno plantea a los partidos y a la sociedad en torno al sistema de salud pública del país es de insolvencia financiera y, en consecuencia, presagia el colapso de las instituciones. La alternativa radica en la propuesta de privatización de los servicios con la creación de fórmulas como el "seguro popular" o esquemas de "copago de las familias" para "salvar" la viabilidad del sector en su conjunto.

El secretario de Salud, Julio Frenk; los directores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Santiago Levy, y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Benjamín González Roaro, han presentado a los dirigentes de los partidos un examen del sistema en el que proponen reformas jurídicas a presentarse en el próximo periodo de sesiones del Congreso.

Las enmiendas culminarían con la creación de una ley de seguridad social universal, que incluiría los nuevos modelos para financiar las instituciones del sector salud.

Pasivos laborales enormes, incluidas las pensiones y las jubilaciones; caídas drásticas en la inversión pública; reducción sustancial en la creación de infraestructura y el nuevo perfil de la epidemiología y del rumbo demográfico del país figuran como los principales argumentos de una privatización que se plantea bajo esquemas como el de "copago de los medicamentos" o el "seguro popular", en el que las familias serían nuevos aportantes al sistema.

Sin embargo, en los planteamientos de los funcionarios a los partidos no se hace ninguna alusión a la aplicación que podría hacerse de los recursos atesorados en las Afores y manejados por los patrones para solventar la viabilidad institucional del sistema de salud.

En el documento La salud en la reforma del Estado: hacia un sistema universal, que Frenk Mora presentó a los partidos, se sugiere la incorporación de los "pobres, informales y rurales", sujetos hoy de la "asistencia social", a un "sistema universal de seguridad social".

El "seguro popular" propuesto establece que los aportadores del nuevo instrumento serían "la familia y los gobiernos federal y estatal". Se financiaría con un fondo para la protección financiera en salud, que permitiría la viabilidad de los servicios estatales y del IMSS-Solidaridad. Incluiría un seguro de enfermedades y maternidad en el Seguro Social y de servicio médico en el ISSSTE.

También consideraría un "fondo de protección contra gastos catastróficos", en el que se proponen ocho cuentas para conformar un reaseguro, aunque sin detallarlo.

Las modificaciones al marco jurídico que se remitirían al Congreso en septiembre contemplan cambios a las leyes General de Salud, de Coordinación Fiscal y del ISSSTE, así como al Presupuesto de Egresos.

El próximo año se enviarán las propuestas de enmienda al artículo cuarto constitucional para "hacer explícita la protección social a toda la población", y en el periodo 2004-2006 ya se contaría con una ley de protección social universal.

En el diagnóstico se insiste en la necesidad de "corregir los desequilibrios financieros" con el establecimiento de la "corresponsabilidad" entre los órdenes de gobierno y sociedad.

Levy presentó a los partidos el Informe al Ejecutivo y al Congreso sobre la situación del IMSS, en el que el argumento central gira en torno a la inviabilidad financiera del Seguro Social, derivada de sus obligaciones por pasivos laborales, fundamentalmente.

Al cierre de 2001, señala el documento, el pasivo laboral total del instituto era de 300 mil 728 millones de pesos, y para enfrentarlo se tenía un fondo de 20 mil 10 millones. A ello se añade que el número de pensionados y jubilados crecerá más rápido que el de activos. Al finalizar la década se espera que habrá un pensionado por cada dos trabajadores.

El costo de pensiones y jubilaciones -indica- crecerá en los cuatro años restantes de la administración casi 9 mil millones de pesos.

En 2002 se destinarán 312 pesos por derechohabiente para el pago de medicamentos, pero de continuar la tendencia, la suma se reducirá a 10 en 2011, y en 2012 no habrá recursos para la cobertura.

Las cifras negativas del instituto en 2001 fueron de 25 mil 558 millones de pesos. Se aprecia -argumenta Levy- un rápido deterioro de la situación financiera por el pasivo laboral. La problemática del seguro de gastos médicos para pensionados mezcla cada año el costo de atender a un número creciente de jubilados y una presencia proporcional creciente en relación con los activos.

Conforme al presupuesto de este año, la reserva que debe crearse es de 10 mil 363 millones de pesos, que contrasta con las reservas acumuladas en 2001, que fueron del orden de 7 mil 636 millones.

En consecuencia, el programa de inversiones se reducirá 34 por ciento en términos reales, al pasar de 2 mil 718 millones, en 2001, a mil 880 este año. Aun con el mantenimiento en la acumulación de reservas, sería necesario eliminar la inversión física, incluyendo equipamiento y la utilización de recursos de la reserva de operación para contingencias, justifica Levy.

Mientras, se reduce el índice de camas por derechohabiente, que pasó de 1.5, en 1980, a 1.07, en 2001. Los problemas de obsolescencia de equipo deben resolverse por medio de la "contratación de servicios integrales". El IMSS es, además, "vulnerable" frente a contingencias por litigios derivados de 110 mil juicios laborales, fiscales o civiles, que representarían erogaciones por 20 mil millones. La desaceleración económica costó 9 millones al instituto.

La situación financiera -resume- es en "extremo frágil y delicada", y las perspectivas no son favorables, por lo que es indispensable el fortalecimiento financiero. Y lanza algunas preguntas: ¿Deberá incrementarse la edad de retiro? ¿Debe establecerse alguna limitante a los beneficios médicos o algún esquema de copago a los medicamentos?

No se puede pensar en las modificaciones a las cuotas obrero-patronales por la incapacidad económica de esa vía. Entonces, propone, tienen que evaluarse "esquemas de financiamiento más estables", que eviten "modificaciones repetidas o bruscas" a las contribuciones a la seguridad social.

Levy señala la presión que ejerce sobre el IMSS el régimen de pensiones. En 2001 los derechohabientes y los solidarios cubiertos por el Seguro Social representaban 56 por ciento de la población. Hoy existe el riesgo de que 10 millones de trabajadores lleguen a 2025 sin derecho a pensión o seguro médico.

En 2000, cerca de 60 por ciento de la población económicamente activa masculina no contaba con ningún tipo de seguridad social, mientras que aproximadamente 50 por ciento de las mujeres estaban en la misma condición.

El gasto médico para pensionados refleja que el déficit en este ámbito será de 2 mil 479 millones este año; de 2 mil 735 en 2003; de 3 mil 78 en 2004, y a fin de sexenio de 3 mil 943 millones. Este seguro ya enfrenta problemas y su situación "es insostenible" con la actual prima de 1.5 por ciento marcada por la ley.

De 1999 a 2001, con la creación de reservas para el pasivo, la cifra acumulada llegó a 20 mil millones. Ello revela que de cada 100 pesos requeridos se cuenta con apenas 6.7, refiere el diagnóstico. Sobre el trienio 2002-2004, la proyección apunta a un déficit de 30 mil millones en este año; 32 mil 525 en 2003, y 35 mil 459 en 2004.

Por su parte, González Roaro, titular del ISSSTE, presentó el examen Situación actual y orientación al cambio, de la institución a su cargo. En la argumentación sobre la circunstancia financiera del instituto, establece que el gasto de inversión cayó sustancialmente entre 1994 y 2001.

La inversión hace siete años, a precios corrientes, pasó de 442 mil 800 millones de pesos a 125 mil millones en 2002. En este rubro se incluyen los recursos canalizados a bienes muebles e inmuebles, y a obra pública.

En los primeros, la cifra pasó de 183 mil 900 millones, en 1994, a apenas 80 mil millones en 2002. Pero la caída más espectacular fue en obra pública, que en los mismos años pasó de 258 mil 900 millones, a apenas 45 mil millones, es decir, seis veces menos.

El déficit del fondo médico, precisa, es cubierto con recursos que se solventan ahora del fondo de prestaciones sociales y de préstamos personales. Para el fondo de riesgos de trabajo se requieren 400 millones de pesos, y las aportaciones llegan apenas a 131 millones. Además, se reconoce el déficit en la operación de tiendas y farmacias.

El Fondo de Riesgos de Trabajo cubre pensiones por incapacidad parcial y por incapacidad permanente, que incluye el pago de 100 por ciento del sueldo. En 2000 había 14 mil 782 trabajadores pensionados. Se disponía entonces de 268.9 millones de pesos en aportaciones, pero el costo del fondo alcanza casi 400 millones de pesos.

Sobre las restricciones presupuestarias, explicaron que en este año se contará sólo con 78 millones de pesos en inversión para equipo médico, cuando los requerimientos alcanzan los 2 mil 582 millones; en instrumental quirúrgico la suma necesaria es de 42 millones, aunque la disponibilidad es de apenas un millón 100 mil pesos, y en equipamiento de unidades no hubo gasto para este año, aunque las necesidades alcanzaron 111 millones.

El fondo de pensiones incluye los seguros de jubilación por retiro de edad y tiempo de servicio, por cesantía en edad avanzada, por invalidez y por muerte o indemnización global. La insuficiencia actual reside en la ausencia de reserva, lo que genera insolvencia financiera, que se deriva de la diferencia entre el importe de las primas de financiamiento, es decir, las cuotas y aportaciones, y los beneficios por pensiones.

El planteamiento de González Roaro advierte que el número de cotizantes creció 35 por ciento, mientras que las pensiones aumentaron 421 por ciento en el periodo 1982-2000. Así, el déficit en el financiamiento de pensiones creció de 234 millones, en 1989, a 9 mil 205 millones en 2000, y 11 mil 826 millones el año pasado.

Aunque sin precisar el cómo, la estrategia del ISSSTE descrita en el análisis alude al "fortalecimiento de las finanzas" para garantizar la prestación de los servicios.

Para el "plazo inmediato" refiere la "racionalización de la estructura orgánica", sin especificar los términos, el número de trabajadores susceptibles y la calendarización. A "corto plazo" se aplicaría la segunda fase, en el mediano contempla el saneamiento financiero de los fondos, aunque sin mayores precisiones sobre los mecanismos para cumplir el objetivo.

Son los diagnósticos que los funcionarios presentaron a los dirigentes partidistas, y aunque evitan usar la palabra "privatización", se plantean las nuevas fórmulas que pretende el gobierno en la prestación futura de los servicios de salud pública.