La CFE aportaría al fisco como empresa privada, al obtener autonomía de gestión

Participación del sector privado, bajo la rectoría del Estado, aclara la dependencia

ANTONIO CASTELLANOS Y ROBERTO GONZALEZ AMADOR

El gobierno del presidente Vicente Fox propuso en la iniciativa de reforma eléctrica enviada al Senado dotar a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) de autonomía de gestión y sujetarla a un régimen fiscal similar al de cualquier empresa privada, lo que constituye un cambio radical en la forma en que hasta ahora ha sido administrada la paraestatal, cuyo presupuesto ha estado sujeto a negociaciones políticas entre el Ejecutivo y el Congreso.

La Secretaría de Energía afirmó este sábado en un comunicado de prensa que la iniciativa, cuyo texto ha sido hasta ahora ocultado tanto por el gobierno como por el Senado, plantea que la concurrencia de los sectores público y privado en la industria eléctrica deberá darse bajo la rectoría del Estado, dentro de un marco de equidad y de reglas claras que determinen los alcances y límites de esa participación.

"La inclusión de los capitales social y privado permitirá una mayor competencia, lo cual se traducirá en un mejor servicio para beneficio de todos los usuarios, así como la generación de más y mejores empleos en todas las ramas de la economía", indicó la dependencia.

Añadió que el gobierno federal reitera que todos los proyectos que se emprendan con motivo de la modernización de la industria eléctrica "respetarán los derechos laborales de los electricistas".

La Secretaría de Energía reiteró que el servicio público de energía eléctrica continuará siendo prestado exclusivamente por el Estado, para garantizar la atención de las necesidades de la población.

Servicio de "alta calidad"

El comunicado establece que con la iniciativa gubernamental, de ser aprobada, "se dotará a la Comisión Federal de Electricidad de autonomía de gestión y un régimen fiscal equiparable a cualquier empresa productiva, para satisfacer el servicio público de energía con la más alta calidad y eficiencia".

La CFE, al igual que Petróleos Mexicanos (Pemex), está sujeta a un régimen fiscal en el que el gobierno federal se apropia de todos los ingresos y utilidades generados por las paraestatales mediante el cobro de diversos impuestos. Cada año, en una negociación política en el marco de la discusión del Presupuesto de Egresos, el Ejecutivo y el Legislativo deciden el monto del presupuesto de operación y las inversiones que realizan ambas entidades, por lo que se considera que no tienen autonomía de gestión.

De acuerdo con la propuesta delineada por la Secretaría de Energía, la CFE estaría en condición de decidir de manera autónoma sobre el ejercicio de su gasto, mientras que su aportación al fisco sería similar a la de empresas privadas, es decir, alrededor de un tercio de sus utilidades.

El punto ya fue tratado por el Banco Mundial, en un documento divulgado en mayo del año pasado, en el que el organismo plantea las reformas que a su juicio requiere el país para asegurar un crecimiento sostenido.

Ese documento, titulado México, una agenda integral de desarrollo para la nueva era, plantea en el capítulo energético que entidades como Pemex, la CFE y Luz y Fuerza del Centro no cuentan con autonomía para operar en términos comerciales, lo que les impide actuar con eficiencia.

"Como organismos descentralizados (estas empresas públicas) son objeto de rígidas reglas por parte de la administración pública. Los ingresos que generan no son retenidos en las empresas y sus presupuestos están sujetos a ser aprobados en un proceso político", considera el organismo.

La Secretaría de Energía expuso en el comunicado difundido ayer que la propuesta de reforma promovida por el gobierno busca fortalecer a la Comisión Reguladora de Energía para otorgar transparencia y certidumbre jurídica a todos los participantes en los procesos productivos del sector. Además, plantea la creación de un centro nacional de control de energía, que será responsable del manejo operativo del sistema eléctrico nacional.

Señala que la iniciativa de reforma busca que la planta industrial mexicana tenga la posibilidad de competir en igualdad de condiciones frente a empresas extranjeras.

Asegura que, "con la aprobación de estas iniciativas de reforma, se liberarán recursos públicos para atender rezagos sociales, se impulsará el desarrollo regional y se fomentará la incorporación de nuevas tecnologías".

La oposición sólo apoyaría cambios a la legislación secundaria, advierte la correduría

ROBERTO GONZALEZ AMADOR

La reforma eléctrica impulsada por el gobierno del presidente Vicente Fox busca que el abastecimiento a los grandes consumidores de la industria y los servicios sea proporcionado por empresas privadas, mientras el gobierno quede encargado del suministro para hogares y el de uso agrícola, consideró la correduría estadunidense Merrill Lynch.

"Una propuesta efectiva de reforma eléctrica debe incluir cambios a la Constitución que permitan al sector privado al menos participar en la generación y distribución de la electricidad, y dejar al Estado la exclusividad en transmisión", comentó la correduría en un análisis, en el que no profundiza en las propuestas de la iniciativa de cambios al sector entregada por el gobierno al Senado el pasado viernes, debido a que el documento todavía no se hace público.

Sin embargo, Merrill Lynch sí incluye algunos comentarios sobre temas que, de acuerdo con la información divulgada hasta ayer, están contenidos en la iniciativa del presidente Fox, que comenzará a ser discutida el miércoles en el Congreso.

"Mientras el gobierno propone realizar cambios a la Constitución, que establece que la prestación del servicio de energía eléctrica es exclusivo del Estado, la oposición tratará de que la discusión sobre la reforma sea desahogada hasta el próximo año, o apoyará una reforma que sólo plantee cambios en la legislación secundaria", indicó.

Merrill Lynch comentó que la reforma al sector eléctrico es probablemente una de las más urgentes necesidades del actual gobierno. De acuerdo con cifras oficiales citadas por la correduría, la demanda de electricidad se incrementará en alrededor de 6 por ciento anual de aquí a 2006. Para garantizar el abasto, señala, México debe aumentar su capacidad actual de generación en alrededor de 30 por ciento. Para la siguiente década, los requerimientos de capital de esta industria ascenderán a 38 mil 100 millones de dólares.

"Entendemos la necesidad del gobierno de crear compromisos con la oposición para lograr aprobar su reforma, pero al mismo tiempo si el resultado de esos cambios es que continúe la incertidumbre legal que ahora persiste para la inversión privada y las restricciones constitucionales para la inversión en el sector, esta reforma difícilmente representará una mejoría respecto de la situación actual", señala.

Un punto en el que Merrill Lynch llama la atención es el precepto constitucional que establece que la generación y suministro de energía es un "servicio público". En este aspecto, el gobierno del presidente Fox Quesada buscará que la nueva definición de "servicio público" no incluya la electricidad destinada al uso industrial, es decir a los grandes consumidores.