El gobierno omite incluir el tema en la agenda con EU

ONG: tardía e insuficiente, la petición oficial de clemencia

AI probó discriminación judicial contra minorías, dicen

CLAUDIA HERRERA BELTRAN

Las acciones del gobierno federal para impedir la ejecución de Javier Suárez Medina fueron "tardías e insuficientes" y demuestran una vez más la omisión de México al excluir en la agenda con Estados Unidos el tema de los connacionales que son llevados ante las cortes de ese país y cuyos derechos son violados, afirmaron defensores de derechos humanos.

El secretario técnico de la Red de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todos, Juan Antonio Vega, señaló que no obstante que el presidente Vicente Fox y la Secretaría de Relaciones Exteriores solicitaron clemencia para el mexicano, todo fue insuficiente porque faltó una postura más enérgica por parte de las autoridades mexicanas.

Explicó que en adelante las representaciones diplomáticas de México deben asegurar una asesoría jurídica efectiva a los migrantes, para que no se repitan casos como el de Suárez Medina. Estas medidas son necesarias, dijo, porque diversas investigaciones de Amnistía Internacional (AI) han demostrado que en Estados Unidos las minorías son discriminadas en el acceso a la justicia, al tener asignados defensores con poca efectividad.

Para Alfredo Castillo, primer visitador del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, el gobierno foxista no tuvo capacidad de hacer cabildeo con su contraparte para buscar otra salida que garantizara la vida del mexicano. "Las acciones del Presidente y de la cancillería fueron de última hora y les faltó contundencia", expuso.

En tanto, Vega consideró que Fox debió presentar una controversia contra Estados Unidos ante la Corte Internacional de La Haya, con el argumento de que se negó al mexicano el acceso a la asesoría del consulado en Texas, lo que constituye una violación a la Convención de Viena.

Dijo que la administración de Ernesto Zedillo ya había desafiado de alguna forma a los estadunidenses cuando solicitó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la Organización de Estados Americanos (OEA), una opinión consultiva de la obligatoriedad de Washington para dar aviso del caso al gobierno mexicano.

Recordó que la OEA resolvió favorablemente la petición mexicana y concluyó que el vecino país del norte debió permitir y favorecer la vinculación de México en el caso de una persona que está bajo proceso y cuyo delito amerita la pena de muerte.

En ese sentido, advirtió que este tema no puede seguir fuera de la agenda bilateral en materia de migración. "Zedillo trató de aumentar el personal jurídico en las representaciones diplomáticas. A Fox le toca establecer un convenio bilateral para que cualquier mexicano que pueda ser objeto de pena de muerte sea extraditado al país para que purgue una condena justa y no se le prive de la vida".

Esta postura, dijo, es congruente con la posición que ha expresado México en apoyo a las iniciativas tendientes a abolir la pena de muerte.

A su vez, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal condenó la ejecución de Suárez Medina e hizo un llamado a luchar por la abolición de la pena de muerte en el mundo, comenzando por la legislación nacional, ya que si bien no se aplica en la práctica, continúa vigente en varios ordenamientos legales.