Admite el senador Miguel Sadot que es urgente una reforma constitucional al respecto

Los derechos humanos, sin reconocimiento jurídico

VICTOR BALLINAS Y ANDREA BECERRIL

La Constitución no reconoce los derechos humanos, por lo que existe una contradicción entre "nuestro orden jurídico y los tratados, convenciones y acuerdos internacionales firmados, que sí los reconocen", afirmó ayer el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, Miguel Sadot Sánchez.

El legislador propuso que se lleve a cabo una reforma constitucional para reconocer los derechos humanos, e incluso que se abra un capítulo especial al respecto.

Durante una reunión de trabajo que sostuvo con la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos, integrada por las 33 comisiones del país, se expuso que hay una serie de contradicciones y discordancias entre las leyes estatales, nacionales y los tratados internacionales.

Los ombudsman solicitaron al Senado que se realicen reformas a la Constitución para darles autonomía a las comisiones estatales, y que se le den facultades a dichas instancias para conocer de quejas laborales, electorales e incluso sobre el juicio de amparo.

En el encuentro, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Emilio Alvarez Icaza, expuso la necesidad de que se discutan y analicen los casos de 54 mexicanos condenados a muerte en Estados Unidos, en concreto el caso de Javier Suárez Medina.

Alvarez Icaza pidió que se abra la discusión sobre la Corte Penal Internacional, y subrayó la necesidad de analizar el tema de la autonomía para los organismos públicos de derechos humanos.

El senador Sadot Sánchez, luego de escuchar las intervenciones de los diferentes ombudsman, dio respuesta a las inquietudes y, en efecto, reconoció que hay una contradicción en el orden jurídico mexicano, pues la Constitución no reconoce los derechos humanos. Ante ello, dijo, es necesaria una reforma en la materia e incluso establecer un capítulo especial en la Carta Magna.

Además, detalló que para conseguir la anulación de la pena de muerte en el plano internacional, también hay que hacerlo en el país, pues aunque desde el punto de vista técnico es letra muerta, lo cierto es que está contenida en el artículo 122 constitucional. Añadió que es necesario anular dicho precepto, y de esa forma ser congruentes con la política que demandamos del exterior.

En la reunión a la que asistieron los senadores Leticia Burgos y Rutilio Escandón, ambos del PRD; Micaela Aguilar y Guillermo Herbert, del PAN, y el senador Orlando Paredes Lara, del PRI, entre otros, resaltó las coincidencias del programa de trabajo de esa comisión con las demandas de los ombudsman.

Por ejemplo, se dijo que hay coincidencia en demandar que se revisen los casos de mexicanos condenados a muerte en Estados Unidos. Al respecto, Orlando Paredes puntualizó que una comisión del Senado presentó el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Agregó que también hay concordancia en el tema indígena, en el de las mujeres, en la protección a los menores y en la necesidad de fortalecer los organismos públicos de derechos humanos, dotándolos de autonomía plena.

El senador Guillermo Herbert señaló que es importante la propuesta de que la comisión senatorial se convierta en interlocutor, y se manifestó en favor de que se insista en el plano educativo para generar conciencia de los derechos humanos a escala nacional.

La senadora Burgos expuso que no habría inconveniente en que dicha comisión ratificara la declaración de Morelos, emitida por la Federación de Organismos Públicos de Derechos Humanos, y que debería hacerse un convenio de trabajo para analizar los distintos temas en que se tiene una preocupación común.