Pese a que fue destituido por el Congreso oaxaqueño, aún manda en Amoltepec

Acusan a ex edil de ordenar ejecución de 5 perredistas

El gobernador José Murat ha permitido esta situación de violencia, asegura Javier Hidalgo

ROSA ELVIRA VARGAS

En Santiago Amoltepec, municipio enclavado en la sierra sur de Oaxaca, Antonio Roque Cruz, a quien el Congreso local destituyó del cargo de alcalde el pasado 30 de julio, sigue al frente del ayuntamiento y -de acuerdo con dirigentes perredistas- ha ordenado la ejecución de cinco militantes del partido del sol azteca de febrero a la fecha.

Además se le acusa de financiar a un grupo de 250 paramilitares, malversar 22 millones de pesos que se le otorgaron por participaciones federales y provocar el desplazamiento de mil 200 familias hacia la capital oaxaqueña, "con el fin de librarse de la persecución y amenazas".

Guillermo Roque Velasco, líder de la Unión Indígena de Santiago Amoltepec, y la diputada local perredista Otilia Galindo, que denunciaron ayer en la ciudad de México las amenazas que se ciernen sobre los habitantes de aquella población, atribuyeron responsabilidad en esta situación anómala al líder del Congreso oaxaqueño, Juan Ramón Díaz Pimentel.

Javier Hidalgo, vocero del PRD, señaló que ante los hechos "gravísimos" que ocurren en aquel municipio, de no actuarse a tiempo "puede surgir otra situación igual o más grave que Aguas Blancas (Guerrero) o Agua Fría (Oaxaca), y sumó a los cinco militantes de su partido que han muerto en Amoltepec, a los 600 "que desde el nacimiento del partido han sido asesinados por caciques". Esos, dijo, serían los primeros "del gobierno de Vicente Fox".

Añadió que el gobernador de Oaxaca, José Murat Casab, ha permitido que esta situación de violencia se vuelva incontrolable, sobre todo ante la evidencia de que mil 200 familias de Amoltepec están desplazándose hacia la capital del estado. "Es un hecho de negligencia, una situación grave que amerita la intervención de los gobiernos federal y del estatal, que implica, más que la desaparición de poderes en el municipio, imponer la calma, darle estabilidad a la región."

Hidalgo, que definió como "terrorismo de estado" lo que ocurre en aquella población serrana, fue secundado por la legisladora Galindo, quien subrayó que desde que comenzó su administración Murat Casab y los funcionarios de su gobierno saben de este problema, pero "han hecho caso omiso a todo lo que hemos estado señalando como diputados del PRD".

Indicaron que los hechos protagonizados por Roque Cruz -quien ya estuvo en la cárcel en 1986, responsabilizado de la muerte de 28 campesinos en Santa María Saniza- son apenas uno de los varios focos rojos que existen en municipios oaxaqueños, "y no es posible que a estas alturas tengamos todavía muertos en la propia capital del estado, porque vemos que no hay una justicia real y no se han ejecutado las órdenes de aprehensión" y los responsables tienen el respaldo del gobierno de la entidad.

De febrero a la fecha, a decir de los perredistas, por órdenes de Roque Cruz han sido ejecutados María Magdalena Torres, Lorenzo López Jiménez, Natalio Cruz, Melitón Hernández y Rodrigo López Yescas.

Apenas el pasado 30 de julio, fecha en que fue destituido por el Congreso local, Roque Cruz (militante del PRI) "ordenó a los paramilitares entrar a El Cocal, La Cofradía, El Mamey, Barranca Cocida y Llano de Tigre para quemar, robar y destruir las pertenencias de los habitantes de estas comunidades".

Otros municipios donde los perredistas advierten sobre conflictos que podrían derivar en hechos violentos son Tanetze, Putla, Jaliltepec y Zachila, pero pueden ser seis más, "donde hay intranquilidad".