Respaldo de políticos y empresarios al estado de excepción decretado en Colombia

Uribe espera recaudar casi 800 mdd para gasto militar con el impuesto especial

Las medidas del gobierno echan más combustible al conflicto, afirma agencia cercana a las FARC

La propuesta gubernamental de escaños en el Congreso para grupos armados incluye a paramilitares

REUTERS, PL, DPA Y AFP

Santafe de Bogota, 12 de agosto. Dirigentes políticos de diversas tendencias, así como líderes empresariales, dieron hoy su respaldo a la decisión del presidente colombiano, Alvaro Uribe, de decretar el estado de conmoción interior, que permitirá al gobierno tomar medidas como la imposición de un impuesto especial para financiar a las fuerzas, que recaerá sobre empresas y contribuyentes de altos ingresos.

Por lo pronto, este día no se informó de atentados, aunque la víspera un asesor de la Defensoría del Pueblo, Jesús Hincapié, fue secuestrado en el municipio del Castillo, en Meta, por supuestos miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), mientras que un ejecutivo de la compañía Coca-Cola, Aldo Arcieri Morcheti, fue plagiado el sábado en la localidad de Baranda, departamento de Atlántico, donde opera el Ejército para la Liberación Nacional (ELN).

El estado de emergencia o "conmoción interior", que regirá por los próximos 90 días, prorrogables por dos periodos iguales, fue decretado esta madrugada, luego de una ola de violencia que comenzó durante la toma de posesión de Uribe, el miércoles anterior, y que ha dejado por los menos 115 muertos en todo el país.

Este estado de conmoción interior es una facultad constitucional que otorga al gobierno facultades especiales para gobernar y le permite emitir decretos con fuerza de ley sobre asuntos políticos, económicos y sociales.

Colombia abolió en 1991 el estado de sitio y en su remplazo incorporó esta figura, bajo la cual el Ejecutivo podrá restringir algunos derechos en aras de preservar el orden público y la estabilidad económica.

El ministro del Interior y Justicia, Fernando Londoño, señaló que el gobierno tomó esa decisión, "que se explica por la insuficiencia de los recursos y de los medios de que el país dispone por las leyes ordinarias previstas para tiempos de calma en estos momentos excepcionales".

Empero, el gobierno cuidará con "obsesiva vigilancia el respeto a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario", además de que no piensa intervenir sobre la libertad de prensa, aseguró la ministra de Defensa, Martha Lucía Ramírez.

No obstante, indicó que se convocará a los medios de comunicación "para que entendamos que es necesario que cierta exposición exagerada de lo que hacen estos terroristas casi se convierte en apología de sus actos".

Entre las facultades que tiene el gobierno por este estado de emergencia está la posibilidad de realizar allanamientos y detenciones sin orden judicial, la restricción a la movilización de personas, la intercepción de comunicaciones, e incluso el establecimiento del toque de queda cuando se estime necesario, explicó Ramírez.

Al amparo del decreto de estado de excepción, el gobierno tomó una primera medida que consiste en el cobro de un impuesto de emergencia de 1.2 por ciento a los patrimonios equivalentes a unos 58 mil dólares, con lo cual el gobierno calcula recaudar unos 778.5 millones de dólares que serán destinados al fortalecimiento de la policía y el ejército.

El ministro de Hacienda, Roberto Junguito, precisó que este tributo, denominado "impuesto al patrimonio", no afectará a los colombianos pobres ni a la clase media, pero todos los grandes contribuyentes lo deberán pagar en octubre próximo, por única ocasión.

De su lado, la ministra de Justicia reiteró que la mayor parte de esos recursos se van a dirigir hacia un reforzamiento de las fuerzas armadas y policiales. "Vamos a aumentar en 10 mil hombres más la policía nacional, vamos a aumentar en 100 mil hombres los auxiliares de la policía nacional, a contar con dos brigadas móviles adicionales con hasta 3 mil soldados más", detalló.

Ramírez dijo que con los recursos que se obtengan por el impuesto se combatirán los ataques terroristas, el secuestro, la extorsión y otros delitos que cometan los grupos ilegales armados.

Asimismo, se mejorará la dotación de los mecanismos de inteligencia y se ampliará el apoyo a fiscales, procuradores especiales, defensores de oficio, la policía judicial y a la Defensoría del Pueblo, añadió.

"Es ineludible tomar medidas inmediatas para prevenir actos de terrorismo semejante o peores a los que para sorpresa del mundo entero se han presentado en las últimas semanas en diferentes lugares del país, así como la amenaza a que está sometida nuestra democracia por los actos de coacción de que vienen siendo víctimas los mandatarios locales", señaló un comunicado oficial.

Dirigentes políticos y económicos se mostraron favorables a la conmoción interior. Incluso el ex candidato presidencial iz-quierdista Luis Eduardo Garzón dijo que los recientes actos violentos de los grupos ilegales dieron un argumento irrefutable al gobierno del presidente Uribe. Sin embargo, no ocultó su temor de que se pueda desatar una cacería de brujas contra supuestos colaboradores de los rebeldes y se restrinja a la oposición política.

A su vez, la agencia informativa Anncol, cercana a las FARC, reaccionó a las medidas de Uribe al sostener que éstas suponen echarle "más combustible" al conflicto social, político y armado que vive el pueblo colombiano desde hace décadas. "Colombia amanece encarcelada por las nuevas medidas: la conmoción interior", resaltó.

Peligroso, tener un millón de civiles armados

El legislador Antonio Navarro Wolf, ex jefe del grupo guerrillero M-19, consideró en un entrevista al diario barcelonés La Vanguardia que "tener un millón de civiles armados es peligrosísimo porque el nivel de enfrentamiento va a aumentar".

Así, Navarro Wolf no ocultó sus reservas sobre el plan de Uribe de crear una red de informantes del ejército movilizando a un millón de colombianos, tras afirmar que la gente votó por Uribe en busca de soluciones. Sobre el mandatario, aseguró que aunque "da miedo su veta autoritaria, debo reconocer que es hábil".

Por otro lado, Uribe, que la víspera reiteró su propuesta de entregar escaños en el Congreso a miembros de grupos armados desmovilizados, aclaró este lunes que en la oferta también se incluye a los grupos paramilitares. Esta aclaración se da luego que se conociera que el gobierno, con intermediación de la Iglesia Católica, realizó contactos con estos grupos ultraderechistas, cuestionados por los organismos de derechos humanos y señalados como responsables de graves violaciones a los derechos humanos, para incorporarlos al proceso de paz. Uribe ha sido señalado en diversas ocasiones como allegado a estos grupos.

Entre tanto, el director de la policía, Luis Ernesto Gilibert, renunció hoy a su cargo después de una serie de escándalos que sacudieron a la institución en los últimos meses, entre ellos la desaparición de dos millones de ayuda antidrogas suministrada por Estados Unidos.

Al mismo tiempo, el presidente nombró a dos militares retirados, Ricardo Cifuentes y Alfonso Plazas, para dirigir la Dirección Nacional de Estupefacientes y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, respectivamente.