El funcionario podría ser consignado ante un juez federal en 60 días

Nuevo arraigo contra el magistrado López Murillo

JESUS ARANDA

La Procuraduría General de la República (PGR) desglosó tres averiguaciones previas en contra del magistrado unitario Fernando López Murillo por delitos contra la administración de justicia, delincuencia organizada y contra la salud, razón por la cual la Unidad Especializada en Delincuencia Organizada (UEDO) solicitó un nuevo arraigo en contra del impartidor de justicia, acusado de favorecer en sus fallos a los narcotraficantes Joaquín Guzmán Loera, El Chapo; Héctor Palma Salazar, El Güero, y Oscar Malherbe de León o Martín Becerra Mireles.

Inicialmente López Murillo, quien se desempeñaba como titular del Segundo Tribunal Unitario del Tercer Circuito, con sede en Guadalajara, Jalisco, fue separado de su cargo a raíz de una visita de inspección realizada a su tribunal por parte del Consejo de la Judicatura Federal, el cual posteriormente consignó su caso ante la PGR por "probables irregularidades constitutivas de responsabilidad administrativa", relacionadas con las causas penales en las que favoreció a las personas arriba señaladas.

El 12 de junio pasado, la PGR ordenó el arraigo de López Murillo para iniciar la indagatoria y, según trascendió, después de determinar su responsabilidad administrativa y cuando estaba el Ministerio Público federal a punto de consignar el asunto ante un juez federal, la dependencia obtuvo pruebas suficientes para configurar el probable delito de delincuencia organizada, razón por la que solicitó un nuevo arraigo en su contra.

Fuentes oficiales señalaron que de la primer demanda se desglosó una tercera indagatoria y que ésta es por presuntos delitos contra la salud, por lo que no descartaron que la consignación penal del aún magistrado unitario tenga lugar después de que venza este segundo arraigo que, por tratarse de delitos que violan la Ley contra la delincuencia organizada, puede alcanzar hasta 60 días.

"Este es el caso más delicado de corrupción que ha resuelto el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) en sus casi ocho años de existencia", comentó un alto funcionario judicial, quien no descartó que otros funcionarios del Tribunal Unitario en que se encontraba López Murillo, pudieran estar relacionados con los presuntos delitos cometidos por el magistrado. Además, reconoció que otros jueces y magistrados federales son investigados por posibles actos de corrupción, aunque no reveló nombres.

El Consejo de la Judicatura Federal está ejerciendo su potestad de vigilar "con amplitud" la actuación de los juzgadores por lo que, "lamentablemente", se investigan actos de corrupción "bochornosos" para el Poder Judicial Federal, indicó.

La primera consignación penal de un magistrado federal por presuntos nexos con el narcotráfico fue cuando el consejo reveló, el 13 de octubre de 1999 la inhabilitación del entonces magistrado de circuito Nicandro Martínez López, por haber actuado de una manera "jurídicamente inadmisible" al ordenar la liberación de Adán Amezcua Contreras, a quien la PGR ubica como "el rey de las anfetaminas".

Después de que la Procuraduría General de la República interpuso quejas por las resoluciones del magistrado en los asuntos arriba mencionados, el CJF ordenó una visita extraordinaria de inspección al Segundo Tribunal Unitario del Tercer Circuito del 19 al 23 de abril pasado. El resultado fue que se detectaron probables irregularidades constitutivas de responsabilidad administrativa del magistrado.

Para continuar el procedimiento, los consejeros determinaron la suspensión de López Murillo -cuyo paradero actual se desconoce- por tiempo indefinido.

Las irregularidades cometidas

De acuerdo con el CJF, López Murillo incurrió en irregularidades al revocar el auto de formal prisión dictado a Joaquín Guzmán Loaera y a los coinculpados por el delito de transportación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, al considerar que no se acreditaba el ilícito. Además, reclasificó los hechos al ilícito de portación de armas de fuego de uso reservado a las Fuerzas Armadas, respecto del cual determinó finalmente su
prescripción.

En consecuencia, ordenó la libertad de Guzmán Loera y coacusados al sobreseer el proceso de quien se escapó del penal de máxima seguridad de Puente Grande, Jalisco, en enero del año pasado.

El magistrado López Murillo revocó también en su momento la sentencia que apeló Oscar Malherbe de León o Martín Becerra Mireles, al considerar que no era culpable de delitos contra la salud en la modalidad de transporte de marihuana en grado de tentativa. Cabe señalar que a Malherbe le fue dictada sentencia condenatoria de dos años por portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército en enero de 1998, además de enfrentar otro proceso de instrucción. Por esta razón se encuentra recluido en el penal de máxima seguridad de Almoloya de Juárez.

Sin embargo, el asunto que generó mayor polémica fue cuando revocó la sentencia de primera instancia que le había negado al Güero Palma la conmutación de una pena carcelaria de dos años por el delito de acopio de armas, por el pago de una multa que ascendió a un millón 216 mil pesos.

Esta decisión estuvo a punto de dejar en libertad a Héctor Palma Salazar, a pesar de la peligrosidad que le atribuye la Procuraduría General de la República.