Confianza en que hoy se normalice el servicio en las líneas del Metro tomadas: Encinas

Intereses políticos detrás del paro

Vive la ciudad caos vial, enojo de ciudadanos, retrasos al llegar a centros de trabajo y abusos de taxis y peseras Apoya el PAN a Espino y la suspensión del servicio Denuncias en DF y Edomex contra el líder por la ocupación ilegal de instalaciones Sin sustento, la movilización: López Obrador

El paro "ilegal" en las líneas B y 9 del Metro, que concluyó anoche, afectó por lo menos a 650 mil personas y generó caos vial, retrasos, enojos y una "cacería" del servicio concesionado en vialidades primarias, el cual, aprovechando las circunstancias, incrementó sus tarifas hasta 50 por ciento.

Las autoridades capitalinas descartaron en todo momento el uso de la fuerza pública para recuperar los puestos de control central de Ciudad Azteca, Buenavista y Tacubaya y reiniciar el servicio en las líneas B y 9, y condicionaron la atención al sindicato y su pliego petitorio a la liberación de las instalaciones, lo cual ocurrió a la medianoche.

Precisaron las autoridades que ante la "toma violenta e ilegal en que incurrieron, dado que no existen problemas de seguridad en la red e incumplimiento laboral a sus condiciones generales de trabajo", se presentaron dos denuncias, una en el Distrito Federal y otra en el estado de México, contra el dirigente del gremio y quien resulte responsable de los delitos de despojo, daño a las vías generales de comunicación, daño patrimonial y en propiedad ajena.

El subsecretario de Gobierno, Alejandro Encinas, aclaró que "este gobierno nunca va a tomar la decisión de aplicar la mano dura, porque no se trata de un asunto de machismo, de ver quién es más valiente, ni es un asunto de tibieza, sino de actuar con inteligencia y con la razón, apegados a derecho y buscando el diálogo y el entendimiento".

Pero tampoco "vamos a permitir que en un servicio fundamental para los ciudadanos se monten intereses políticos que afectan el interés general, por lo que no cederemos a chantajes, cuando estamos en la mejor disposición de negociar", advirtió a su vez el jefe de Gobierno, Andrés Manuel López Obrador.

"Hay que ver lo que hay en el fondo de este asunto, pues la supuesta inseguridad que afecta la línea B no es el motivo real del paro." En principio, dijo, porque el gobierno es el principal interesado en que el sistema opere con seguridad. "Y porque tenemos certificados de empresas internacionales que demuestran que no hay problemas que afecten la operación del servicio", argumentó.

Por su parte, el presidente del Partido Acción Nacional en la capital, José Luis Luege, respaldó la suspensión del servicio y se solidarizó con el dirigente del sindicato, Fernando Espino Arévalo, al suscribir los dichos de los paristas sobre las supuestas innumerables fallas existentes en la línea B. El delegado especial del PRI-DF, Jorge Schiaffino, se manifestó también en el mismo sentido.

El director del Metro, Javier González Garza, precisó que de los 31 puntos del pliego entregado por el sindicato en los meses pasados se resolvieron satisfactoriamente 29, por lo que "carece de bases esta movilización, sobre todo cuando la empresa internacional Systra ha emitido dictámenes favorables sobre la seguridad del sistema de señalización y del pilotaje automático en la línea B".

Las autoridades señalaron que la toma de las instalaciones no sólo es ilegal, sino que representa un daño patrimonial de alrededor de un millón 300 mil pesos, por el número de usuarios que captan diariamente, a lo cual se sumará el costo del cambio de derroteros de 400 unidades de la Red de Transporte de Pasajeros y trolebuses para cubrir la demanda por vía terrestre.

Las 400 unidades de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) y trolebuses, y la incorporación de tres trenes en la línea 1, que corre de Pantitlán a Observatorio, resultaron insuficientes para atender la demanda, aunque las autoridades capitalinas aseguraron poder "aguantar todo el tiempo que sea necesario un paro del servicio en esas líneas".

Por su parte, Fernando Espino afirmó que las acusaciones del gobierno capitalino "no nos amedrentan, porque son declaraciones sensacionalistas y huecas, pues no hemos incurrido en ningún delito, sólo defendimos el derecho de los trabajadores y la integridad física de los usuarios; y en lugar de continuar con este juego de dimes y diretes debe-rían atender nuestras demandas y no buscar chivos expiatorios". LAURA GOMEZ, GABRIELA ROMERO, ELIA BALTAZAR, BERTHA TERESA RAMIREZ, JOSEFINA QUINTERO Y AGUSTIN SALGADO RICAÑO

Delito sin derecho a fianza

La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal inició el 2 de agosto pasado una averiguación previa por la amenaza de los trabajadores del Metro de suspender el servicio en la línea B, señaló el subprocurador de Averiguaciones Previas Centrales de la dependencia, Renato Sales Heredia.

Personal de la Coordinación de Servicios Periciales de la dependencia acudió ayer a las instalaciones del Metro para realizar la inspección solicitada por el Ministerio Público y el delito que podría tipificarse es el de coalición de servidores públicos, considerado grave y sin derecho a fianza, conforme al artículo 216 del Código Penal vigente, que considera una pena para los responsables hasta de ocho años de prisión e inhabilitación hasta de siete años para ocupar cargos públicos.

La tipificación penal define el delito aludido como el perpetrado por aquellos servidores públicos que se unan para "tomar medidas contrarias a una ley o reglamento, impedir su ejecución o para hacer dimisión de sus puestos con el fin de impedir o suspender la administración pública en cualquiera de sus ramas".

Por su parte, el procurador Bernardo Bátiz señaló que los miles de ciudadanos que resultaron afectados por el paro laboral en las líneas 9 y B del Metro podrán interponer una denuncia penal contra Fernando Espino Arévalo, secretario general del sindicato del Metro.

ANGEL BOLAÑOS Y SUSANA GONZALEZ