Protestas de ONG y antiglobalizadores españoles
Violento desalojo de indocumentados en la Universidad Pablo de Olavide
ARMANDO G. TEJEDA CORRESPONSAL
Madrid, 8 de agosto. De madrugada, con linternas y abundante cinta para atar las manos, un amplio dispositivo de agentes antidisturbios españoles desalojó este jueves de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla a los 270 inmigrantes norafricanos que permanecían en una "encerrona de protesta" desde hace dos meses.
Los extranjeros indocumentados, la ma-yoría de origen argelino, fueron trasladados a dependencias judiciales, donde serán identificados para posteriormente abrirles el expediente de expulsión en virtud de la ley de extranjería española.
Las tres carpas instaladas en la universidad, que dieron cobijo a los migrantes "sin papeles" que apelaron a "razones humanitarias" ante los mandatarios europeos para regularizar su situación, hoy estaban prácticamente desiertas, si acaso quedaban algunos colchones y pertenencias olvidadas an-te la súbita detención masiva.
La orden de la operación partió del Ministerio del Interior español una vez que las autoridades universitarias exigieron el "desalojo", al considerar que la prevalencia de la protesta obstaculizaba las obras de rehabilitación previstas para este mes, y ante el supuesto "peligro de enfrentamientos" entre migrantes.
En el operativo policial se movilizaron más de 70 agentes antidisturbios, apoyados por un helicóptero que sobrevolaba la zona para auxiliar en una hipótetica fuga, y un grupo de la policía montada.
La detención masiva se produjo a las seis de la mañana, cuando agentes ingresaron en la Universidad Pablo de Olavide para despertar, detener, atar y trasladar a dependencias policiales a los 270 migrantes.
No hubo heridos ni incidencias, salvo la hospitalización de ocho personas que acusaban "agotamiento físico".
El encierro en la universidad comenzó el 10 de junio, cuando un colectivo de 500 agricultores extranjeros -argelinos, marroquíes, senegaleses, sierraleoneses y tunecinos- decidió comenzar una protesta pacífica en la casa de estudio con el beneplácito de la junta directiva.
La protesta coincidió con la cumbre de jefes de Estado y de gobierno de la Unión Europea en Sevilla, celebrada el 21 y 22 de junio pasados, en la que se abordaron las nuevas medidas migratorias que adoptará la comunidad de naciones de cara al futuro.
Los migrantes, la mayoría sin empleo an-te el repentino viraje en la política de contratación de los empresarios de la fresa en la provincia andaluza de Huelva -que por re-comendación del gobierno contrataron para la recolecta temporal de la fruta a migrantes traídos desde Europa del este-, decidieron iniciar una protesta pacífica después de deambular por los campos de cultivo de la región sin empleo, sin casa y sin dinero.
Los actos de protesta en los días de la cumbre y las reiteradas manifestaciones de solidaridad de organizaciones no gubernamentales, sindicatos y partidos políticos no tuvieron eco en las autoridades españolas, que en reiteradas ocasiones advirtieron que "estas personas" incumplían la ley y que, "como procede", se aplicaría la ley de extranjería para tramitar la expulsión del país y disolver la protesta.
El desalojo, por ley, sólo lo podía requerir la Universidad Pablo de Olavide, que hasta ayer se había negado a retirar su apoyo a los migrantes, pero, como explicó el rector en funciones, Juan Jiménez, la protesta era in-compatible con el comienzo de las obras de rehabilitación previstas para este mes de vacaciones veraniegas.
Además, se utilizó el argumento de su-puestos "enfrentamientos" entre migrantes y la existencia de un "pequeño grupo" que "ponía en peligro la seguridad" del recinto universitario, al impedir que los indocumentados encerrados recibieran asistencia sanitaria o abandonaran la protesta.
Según el defensor del pueblo andaluz, Jo-sé Chamizo, quien fungió como mediador entre gobierno y migrantes, de los 500 ex-tranjeros encerrados a principios de junio, más de 200 abandonaron el encierro y de los 270 que permanecen en dependencias policiales sólo 60 tienen posibilidades de regularizar su situación migratoria.
Después de la detención los migrantes fueron escoltados a comisarías de la región, desde las que serán trasladados a Tarifa, donde serán recluidos en un centro de retención de migrantes "clandestinos" a la espera de la orden de expulsión.
El gobierno español se comprometió a aplicar "escrupulosamente la ley" en cada caso particular, para ordenar esta situación que se le ha escapado de las manos.
La detención produjo una reacción airada de la denominada Red de Apoyo (reúne a organizaciones no gubernamentales y grupos vinculados al movimiento antiglobalización), que consideraró que las detenciones masivas" despiertan "temor sobre los derechos legales de los detenidos", y pone en evidencia que el presidente del gobierno español, José María Aznar, recurre a métodos "represivos del franquismo contra personas que mantenían una protesta pacífica".
La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía exigió al gobierno que no expulse a ningún migrante, pues "es una exigencia absolutamente justa y coherente con el respeto de los derechos humanos".
A su juicio, "ninguna persona puede ser considerada ilegal" y las leyes y políticas "que condenan a las personas a la clandestinidad y a la ilegalidad son inmorales y violan los derechos humanos, pues el único objetivo de estas personas era la dignidad y no verse condenados a la clandestinidad y a la exclusión, (por lo cual) sólo les quedaba el encierro y su desesperación".
