Silvia Gómez Tagle
Repensar la política energética
La respuesta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en relación con la participación de empresas privadas en la generación de energía eléctrica abre un debate novedoso. A pesar de que el dictamen se refiere sólo a los cambios que hizo el Ejecutivo el año pasado a las reglas de venta de electricidad de la CFE por parte de cogeneradores y autoabastecedores privados, la SCJN recomendó al Poder Legislativo revisar el marco constitucional en materia de generación de energía eléctrica por considerar que algunas disposiciones de la actual Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica de 1992 son inconstitucionales. Eso se debe a que los cogeneradores y autoabastecedores, según esa ley, tienen libertad de generar energía para su propio consumo y para el servicio público, lo cual resulta violatorio de la norma constitucional que establece el monopolio del Estado en materia de generación de energía eléctrica, sobre todo desde la reforma constitucional de 1983. El problema fundamental está en definir una política energética general en cuyo marco se promueva una reforma constitucional que resulta indispensable por las contradicciones que existen, dado que ya hay inversiones privadas en la industria eléctrica que tienen un peso importante en la capacidad instalada actual y más aún en su desarrollo en los próximos 10 años.
Muy interesante fue el debate entre el senador Juan José Rodríguez Prats del PAN, el senador Demetrio Sodi de la Tijera y la diputada Rosario Tapia del PRD (en el foro nacional Por un desarrollo energético sustentable: la reforma eléctrica, que organizó los días 7 y 8 de agosto la dirección del PRD), porque quedaron en claro puntos de acuerdo y divergencias, que después de todo pueden no ser tan fundamentales. En tanto que se podría decir que los invitados del PRI, por ausencia perdieron la discusión. Aquí no pretendo reproducir el punto de vista de los ponentes, sino opinar sobre el debate. El PAN reconoció que se han abandonado las pretensiones de una privatización de la industria eléctrica para promover una reforma constitucional y una ley reglamentaria que resuelvan en primer lugar las incongruencias existentes y definan esquemas limitados de participación de la inversión privada en la industria eléctrica y la del petróleo, pero siempre bajo la rectoría del Estado y que no supone privatizar ni la Comisión Federal de Electricidad, ni Luz y Fuerza del Centro. Los perredistas en cambio aceptaron que una reforma constitucional que contemple alguna forma de participación de la inversión privada, tanto para dar un marco legal adecuado a las empresas que ya están operando, como para las inversiones a futuro, puede ser necesaria.
En el debate quedó claro que tanto para los funcionarios públicos, como para los legisladores de PAN y PRD el suministro eficiente de energía es un problema que hay que resolver bajo el mejor esquema posible, con la rectoría del Estado y con una participación limitada de la iniciativa privada, buscando siempre garantizar el abasto más eficiente al mejor costo para la mayoría de la población. Otro aspecto en que coinciden los legisladores es en la ausencia de un sistema confiable de información sobre las empresas públicas, sus pasivos, su productividad, el costo financiero de diferentes instrumentos de crédito, el peso de las inversiones privadas nacionales o extranjeras, la eficiencia de modelos tecnológicos alternativos, etcétera. Resulta evidente que ante esta incertidumbre es imposible pedir a los legisladores que tengan criterios objetivos para tomar decisiones.
Ahora bien, en el cómo lograrlo están las diferencias importantes, más no insalvables. El PAN pretende por ejemplo que se reserve a la inversión privada el mercado de los consumidores más importantes, mientras que el PRD considera que esto lesiona las finanzas de la empresa pública, porque se le deja la generación y distribución dirigida a pequeños consumidores. Por su parte, el PRD propone que la política de energéticos quede bajo la tutela directa del Poder Legislativo, medida que el PAN estima que lesiona las facultades del Presidente en un régimen "presidencialista".
En primer lugar es indispensable que el Poder Legislativo tenga a su disposición la información confiable y completa sobre todas las empresas estatales y privadas del sector energético. Y en segundo lugar será necesario un nuevo marco legal, para un desarrollo energético que considere no solamente la industria eléctrica, sino también la petroquímica y la disponibilidad de otros recursos estratégicos, como el agua, cuyo suministro depende en gran parte del país de los energéticos, dado que proviene de pozos y en otras regiones se utiliza para la generación de energía eléctrica en detrimento del consumo humano o del riego; o bien se desperdicia por resultar contaminada con la industria petroquímica.
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