Aun comprobándose el supuesto no existiría delito, según la titular de la Fepade

La PGR no investiga el presunto financiamiento extranjero de la campaña de Fox: Fromow Rangel

MIREYA CUELLAR

La titular de la Fiscalía Especial para Delitos Electorales (Fepade), María de los Angeles Fromow Rangel, dijo ayer que recibir dinero del extranjero para financiar una campaña política -cosa que presumiblemente hizo Amigos de Fox mediante las empresas de Lino Korrodi, el fideicomiso de Carlos Rojas Magnon y las cuentas personales de Carlota Robinson- "no es un delito electoral", por lo que la Procuraduría General de la República no se está ocupando del caso.

"Lo único que conocemos es lo que se ha publicado en los medios sobre el supuesto origen extranjero del dinero utilizado en la campaña, lo que no es un delito electoral, no hay un supuesto que pudiera tipificarse como tal", respondió la fiscal a un grupo de reporteros que le preguntó sobre el seguimiento que el Instituto Federal Electoral (IFE) da al caso del presunto financiamiento ilegal de la campaña del hoy Presidente.

Fromow Rangel estuvo en el IFE, según dijo, para ultimar los detalles de la semana nacional cívica para la prevención del delito electoral, que organizan la Fepade, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el propio instituto electoral. Sin embargo, la reunión más larga la sostuvo con el consejero Alonso Lujambio, presidente de la Comisión de Fiscalización, quien ha sido el único que ha tenido acceso de manera informal a la averiguación previa que sigue la fiscalía por el supuesto desvío de recursos de Pemex a la campaña de Francisco Labastida, vía el sindicato petrolero.

La funcionaria explicó que una cosa son las sanciones administrativas que impone el Consejo General del IFE, a partir de las investigaciones que hace la Comisión de Fiscalización, y otra son los tipos penales establecidos precisamente en el Código Penal Federal, donde recibir dinero del extranjero para una campaña no está tipificado como delito. En caso, dijo, "porque desconozco lo que esta investigando el IFE", que los consejeros encontraran alguna acción que pudiera constituir un delito electoral, entonces procederían a hacerlo del conocimiento de la fiscalía.

Las investigaciones que hace el IFE en torno al presunto financiamiento del extranjero que habría recibido el presidente Fox para llegar a Los Pinos tienen origen en una queja administrativa y como base el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), cuyo artículo 49, en su párrafo segundo, establece que "no podrán realizar aportaciones o donativos a los partidos políticos, en dinero o en especie, por sí o por interpósita persona y bajo ninguna circunstancia (...) los partidos políticos, personas físicas o morales extranjeras (...) los organismos internacionales de cualquier naturaleza (...) las personas que vivan o trabajen en el extranjero y las empresas mexicanas de carácter mercantil".

En caso de que se cumpliera alguno de estos supuestos, se impondría una sanción administrativa a las fuerzas políticas que postularon al candidato que incurrió en esas faltas. El artículo 66 del Cofipe establece que son causales de pérdida del registro de un partido "incumplir de manera grave y sistemática, a juicio del Consejo General del IFE, las obligaciones que le señala este código".

En el caso del presunto desvío de los fondos de Pemex, no así en el de Amigos de Fox, el IFE decidió turnar la denuncia contra el PRI a la Procuraduría General de la República (especialmente a la Fepade), y por lo tanto convertirse en parte acusadora, no sólo para que el Poder Judicial decida si se tipifica algún delito electoral, sino porque se presume que habría otro tipo de infracciones a la ley, porque los recursos de la paraestatal son públicos. Se supone que paralelamente el IFE hace una investigación administrativa contra el PRI, porque el Cofipe también dice que los partidos no deben recibir recursos del Poder Ejecutivo para financiar sus actividades.