Luis Linares Zapata

Lecciones de Atenco

La revuelta de Atenco marca un punto ejemplar en la desigual lucha entre las comunidades marginales por su sobrevivencia y el poder establecido que pretende mantener y hasta acrecentar ventajas y privilegios. Detuvieron con resistencia -que en varias ocasiones bordeó el atropello a la ley- la continuada práctica del despojo con ribetes de legalidad, una costumbre bastante arraigada en la conducción de los asuntos cotidianos en México. De aquí en adelante, los proyectos y acciones del gobierno, sobre todo aquellos de gran impacto colectivo, tendrán que adoptar patrones diferentes, tanto para su formulación en las etapas previas, como en su continuidad ejecutiva.

Arrollar las formas de vida y, sobre todo, los intereses legítimos de individuos y comunidades marginales, serán crecientemente penalizados por los afectados de manera directa pero, además, a tal realidad se le añadirá la pérdida de soporte y la explícita condena del resto de la sociedad. Gracias a la decidida actitud y tácticas de oposición efectivas como las observadas en Atenco, las lecciones a un gobierno primerizo, tardo en sus reflejos y que no actuó como entidad de buena fe, pudieron ser esparcidas, durante el transcurso del conflicto planteado, entre amplios segmentos de la población.

La cancelación del plan aéreo de Texcoco, tan codiciosamente preparado por aquellos que de él se beneficiarían, deja tras de sí una cauda de consecuencias grávidas de enseñanzas. Unas, quizá las más básicas, provienen de la evidenciada falta de respeto que, desde las altas esferas decisorias del país, se tiene sobre las capacidades de los hombres y las mujeres situados en la periferia o en las escalas más bajas de la sociedad, vista ésta como conjunto de agentes económicos, es decir, consumidores, productores, clientes o proveedores en que tanto piensan los actuales funcionarios públicos. Otras provienen de las notorias ausencias de patrones y normas para comprender y valorar, desde las perspectivas de neto contenido humano, los proyectos de gran escala, tal y como se debieron haber previsto e investigado al estudiar el caso del citado aeropuerto. Pero muchas más devienen de los errores, omisiones y desviaciones que se cometieron en su ejecución y de las respuestas correctivas que se tienen que introducir de inmediato.

Nada hay de malo en visualizar algunos proyectos de envergadura como oportunidades para hacer negocios, grandes negocios inclusive. Lo dañino estriba en la desproporción, en la desmesura de las ambiciones de enriquecimiento que ciertos agentes económicos o políticos pretenden conseguir con ellos. Y, más todavía, cuando tal acumulación de beneficios se pretende fundamentar sobre las penalidades de otros muchos, en especial aquellos que, como en el caso de Atenco, son los originales propietarios de los ingredientes indispensables para montar dicho negocio. El juicio colectivo fue condenatorio para el gobierno porque percibió la injusticia intrínseca de las expropiaciones, porque intuyó el desprecio con que se vio a los ejidatarios, la soberbia con la que se les ignoró día tras día, la incapacidad para la negociación que tan impúdicamente desplegaron. Ahora, un incoherente secretario de Comunicaciones y Transportes recorre medios y redacciones para intentar dar una explicación que parte de que todo estuvo bien hecho, que nada se perdió en el camino y que el proyecto marcha tal y como fue pensado en tiempo y previsto en sitios alternativos. Qué gran tontería y poca galanura para aceptar que bien tendría, junto con varios más, que irse a tejer chambritas y buscar una curul plurinominal en el partido de su preferencia.

Pero las comunidades tezcucanas perdieron también una oportunidad para impulsar su propio desarrollo aprovechando las palancas que tuvieron a su alcance. Una derrama de más de 2 mil 500 o 3 mil millones de pesos bien podía ser el detonador que los llevara a mejores estadios de bienestar. Lograr aprovechar, no sólo de manera individual, lo ofrecido por los terrenos que abrigarían al aeropuerto, sino también canalizar, en forma organizada y equitativa, el esfuerzo oficial por reponer e incluso mejorar la urbanización, la vivienda con su entorno de servicios y, sobre todo, el empleo, es decir, el sustento de cada quien, fue, quizá, el faltante que, para los varios pueblos afectados por el monumental proyecto ahora cancelado, bien pudo ser capitalizado por los dirigentes a favor de la movilizada comunidad. Ello los hubiera acercado a un crecimiento rápido y de aceptable calidad. Pero ya no lo tendrán. y bien puede dudarse que se les presente la ocasión de nueva cuenta, al menos por varias generaciones. Empujar hasta los confines de lo irreductible, lo innegociable, en cualquier circunstancia las disposiciones al cambio, no es una postura inteligente ni apropiada para los intereses de las comunidades bajo cuestión. Magnificar el aprecio por la tierra y su trabajo hasta igualarla con la dignidad, el honor o la libertad deja en el camino sus distintos usos, los intercambios, las conveniencias y, también, la transformación, las nuevas modalidades que se le pueden adherir. Ojalá y la vuelta al olvido no sea la realidad que aceche a los atenquenses por los días venideros.