REPORTAJE /ABUSOS POLICIACOS EN NAYARIT

Burla, la procuración de justicia;

engañifas y amenazas, lo cotidiano

El titular de la PGJE no atiende recomendaciones de Derechos Humanos

En la entidad impera la impunidad. La Constitución no se respeta y la ley está al servicio de quien tiene más dinero. Coludidos, agentes del Ministerio Público y judiciales protegen a homicidas. La presidenta de la CDHEN no tiene duda: no hay voluntad para poner fin a la corrupción

VICTOR BALLINAS Y JESUS NARVAEZ /III ENVIADO Y CORRESPONSAL

Hace 15 meses "venimos por justicia y en lugar de ello en la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJE) nos engañan, se burlan de nosotros y nos amenazan", denuncia Rosario de León Luna, madre de un niño de 14 años que murió atropellado.

Visiblemente dolida aún por la pérdida de su hijo, doña Rosario recuerda que el 23 de marzo del año pasado el menor salió a las ocho de la mañana de su casa, en Santa Isabel, municipio de Ahuacatlán. "Iba a la escuela. Como a los 20 minutos me fueron a avisar que lo habían atropellado. Fuimos a verlo y cuando llegamos ya no estaba, pues se lo habían llevado a un hospital, donde murió horas más tarde a causa de un traumatismo craneoencefálico."

El agente del Ministerio Público, Jorge Sandoval Altamirano, puso en libertad al chofer del vehículo que atropelló al niño, previa fianza de mil 100 pesos, y dejó en resguardo por un mes la camioneta. Luego la devolvió al conductor.

Doña Rosario recuerda: "Mi hijo estaba muy grave, se estaba muriendo cuando llegaron los judiciales al hospital a hacerme preguntas. Yo no quería saber nada en ese momento. Mi hijo se me iba".

Después de enterrar al niño acudió ante Sandoval Altamirano, agente del Ministerio Público de Ahuacatlán. "Le expliqué que venía porque en la PGJE me dijeron que fuera ahí por lo del accidente de mi hijo. Y me respondió: ya no se puede hacer nada, porque la persona detenida ya salió".

Su esposo, Jesús Rodríguez, le preguntó si estaba asegurado el vehículo, a lo que el funcionario le respondió: "ƑPara qué quieren saber? Como nadie presentó denuncia, se dejó libre al detenido. Además, su hijo es el culpable", sentenció.

"ƑQuién podía pensar en dinero en esos momentos? Mi preocupación estaba centrada en mi hijo. El presidente municipal me dijo que lo que me hicieron no estaba bien, que eso no se valía. El nos dio dinero para los gastos del sepelio y trató de ayudarnos con el agente del Ministerio Público, pero también a él lo engañaron", relata la madre del menor.

La familia del niño acudió entonces a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Nayarit (CDHEN), la cual tomó el caso. Luego de la investigación, dice la presidenta de ese órgano, Luz María Parra Cabeza de Vaca, se emitió la recomendación 18/2001 al procurador general de Justicia de la entidad, Armando Bañuelos Ahumada, la cual no ha tenido respuesta.

Pero éste no es un caso aislado, abunda la defensora de derechos humanos, "hay nueve recomendaciones sobre homicidios y lesiones que le he enviado al procurador y no las atiende. En todos los casos la procuraduría los califica de accidentes imprudenciales, pero siempre en contra de las víctimas".

La presidenta de la CDHEN sostiene que, por norma general, los funcionarios actúan con descaro, hay corrupción, complicidades y solapan todos los casos en los que se ha interpuesto una queja. "Las víctimas no necesitan rogar, lo que exigen es que se les haga justicia, pero aquí la procuraduría no respeta la Constitución", asegura la funcionaria.

"Sólo quien tiene dinero gana"

Por ejemplo, el 2 de octubre de 2000 la niña Guadalupe Coronado López, de ocho años de edad, fue atropellada por un minibús cuando regresaba de la escuela y se dirigía a su casa.

"šEl camión se la llevó! -relata Francisca López Flores, madre de la menor- Me avisaron en el trabajo y me salí. Fui a la Cruz Roja y ahí no la tenían. Se la habían llevado a Salud. Como mi hija estaba muy mal pedí que la trasladaran al Instituto Mexicano del Seguro Social, porque yo trabajo ahí. Cuando llegó mi hija me dijeron que estaba muy grave. De ahí la llevaron a un hospital del propio instituto en Jalisco, para que recibiera mejor atención.

"Mi hija se estaba muriendo, tenía un hematoma en la cabeza. Allá, en Jalisco, permanecimos 15 días, pues mi hija fue operada. El chofer del minibús que la atropelló salió libre 72 horas después del accidente. Ofreció 10 mil pesos para gastos, pero en realidad sólo nos dio 3 mil como ayuda", recuerda la madre de la niña.

En la Procuraduría de Justicia "pusimos una denuncia y el dueño del camión exigió al Ministerio Público que llevara a mi hija, herida, para que él constatara que en realidad sus heridas eran de cuidado. Yo dije que iba a llevar el reporte médico, pero el chofer dijo que no, que él quería ver a mi hija. Tuve que llevarla, recién operada, con vendas e hinchada por los golpes y la intervención quirúrgica."

Doña Francisca, nerviosa, preguntó: "ƑOiga, no va haber represiones por esto? Es que la verdad ya no se sabe, uno va por ayuda pensando que van a hacer justicia, pero la verdad no nos hacen caso, no hay justicia, sólo quien tiene dinero gana".

Luz María Parra abunda: "Se emitió por ese caso la recomendación 11/2001, porque constatamos que hubo irregularidades en la integración de la averiguación previa, dilación en la procuración de justicia y abuso de autoridad. Hablé con el procurador Bañuelos en septiembre del año pasado. Le dije que ya le había enviado cuatro recomendaciones y que no obtenía respuesta. Tienen que corregir esa situación, le dije, porque están violando los derechos humanos de las víctimas y sus familias".

La verdad, asegura la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, "no hay respeto por el dolor de las personas. Ya hay nueve recomendaciones de este tipo incumplidas, y ahí se ve que no quieren resolver los problemas".

Trato indigno

Guillermina Muñoz Oceguera es otra víctima del trato indigno que se recibe en la PGJE. Ella narra el accidente de su padre, que el médico legista determinó con lesiones que no ponen en peligro la vida y tardan menos de 15 días en sanar, pero semanas después murió.

"Fue hace un año cuando atropellaron a mi papá, el 27 de julio. El iba a cruzar la carretera en el poblado El Corte, y una camioneta lo embistió. Se lo llevaron al Seguro Social en Villa Hidalgo. Ahí le dieron los primeros auxilios, y a las dos horas y media lo trasladaron a la clínica de Santiago Ixcuintla, donde lo intervinieron. De ahí volvieron a enviarlo a Tepic, y luego a Guadalajara, Jalisco, donde falleció el 29 de agosto", dice Muñoz Oceguera.

En el lugar de los hechos el médico legista puso en el peritaje que las lesiones que recibió el señor Jerónimo Muñoz Bautista "no ponían en peligro la vida y tardan en sanar menos de 15 días". Al mes del accidente, el atropellado falleció a causa de una fractura craneoencefálica.

Pero en este caso, explica la presidenta de la CDHEN, hay impunidad que ofende, lastima y avergüenza. En la declaración ministerial del chofer que atropelló al señor Muñoz Bautista se dice: "Guillermo Llamas Rodríguez, conductor de la camioneta, asegura: cuando iba llegando al poblado El Corte, observé que una persona de avanzada edad iba a cruzar la carretera. Le pité varias veces y frené la camioneta, deteniéndome por completo. Cuando puse nuevamente en marcha la camioneta, esta persona corrió para cruzar la calle, alcanzándose a estrellar con mi camioneta en la parte izquierda del conductor".

En la recomendación 14/2002 de la CDHEN se sostiene que hay actos violatorios a los derechos humanos de Guillermina Muñoz Oceguera, que se detectó incumplimiento de la función pública en la procuración de justicia, y abandono y negligencia en la persecución del delito. "Dichas violaciones le producen, a la vez, el impedimento de acceder a la justicia, el derecho al trato digno y al resarcimiento de los daños."

Al chofer le fijaron una fianza de mil 100 pesos y el vehículo no fue retenido, a pesar de que la familia del atropellado lo solicitó.

Como éstos, hay otros casos que han ameritado recomendaciones al procurador: 18/2001, 19/2001, 09/2002, 07/2002, 20/2001, 23/2001 y 19/2001. "Acepta las recomendaciones, pero no las cumple. En todos los casos es la misma dinámica: dejan libre al conductor, la fianza es de mil 100 pesos, los vehículos, cuando los retienen, les son devueltos a sus dueños sin investigación real, y aunque las personas atropelladas se estén muriendo, el médico legista califica las lesiones como no graves y que tardan menos de 15 días en sanar", sostiene la presidenta de la CDHEN.

Y agrega que los familiares de las víctimas están cansados de dar vueltas sin resultados. "Nos da coraje que se burlen de nosotros. Venimos por justicia y nos engañan", es lo que repiten en cada caso.

Conforme pasa el tiempo, afirma, "las familias de las víctimas se sienten humilladas, burladas y, lo peor, no reciben justicia. Aquí, en Nayarit, priva la impunidad. Hemos visto la complacencia de las autoridades, la protección que da la procuraduría a su gente. Hay corrupción en todos los niveles, si no cómo se explica tanta impunidad".