Está facultada para calificar actos de Ejecutivo y Legislativo, según Robles y Batres

La Suprema Corte no constituye un suprapoder: PRD

Pendiente, análisis de fondo de 320 controversias constitucionales por cambios a la Carta Magna

JESUS ARANDA

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tiene la facultad de analizar la constitucionalidad de actos y decisiones de los otros poderes, por lo que, "así como ha acotado el poder presidencial, en el caso de la reforma en materia indígena, tiene que acotar al Poder Legislativo cuando se excede o cuando reforma la Constitución violentando lo que la misma Carta Magna dice".

Señalaron lo anterior la dirigente nacional del PRD, Rosario Robles, y el coordinador parlamentario de este partido en la Cámara de Diputados, Martí Batres, al término de la entrevista que sostuvieron ayer por la tarde con el presidente de la Corte, Genaro Góngora Pimentel, a quien los dirigentes perredistas le "expresaron su opinión" en el sentido de que la reforma en materia indígena a la Carta Magna fue inconstitucional y la Corte debe resolver en consecuencia.

Batres rechazó que una eventual decisión de los ministros de determinar que sí tienen facultades para revisar un proceso de reforma constitucional -planteamiento jurídico inédito, que la Corte deberá determinar favorablemente para poder dar paso al análisis de fondo de las 320 controversias constitucionales que plantean precisamente la ilegalidad de dicho procedimiento- convierta a la SCJN en un "suprapoder", por encima del Ejecutivo y del Legislativo.

"Eso no significaría que la Corte se convierta en un suprapoder, y si ha tenido la posibilidad de corregir al Ejecutivo, también tendrá la posibilidad de corregir al Legislativo", dijo.

Robles, por su parte, declaró que confía en la Suprema Corte, "porque hasta ahora sus decisiones, las compartamos o no, han sido conforme a derecho, pensando en el país y fortaleciendo el equilibrio de poderes". Y pensamos, sostuvo, que si la Corte ha acotado con sus resoluciones el poder presidencial, también tiene que hacer lo mismo con el Legislativo cuando éste reforma la Constitución violentando la propia ley.

Por otra parte, comentaron que en el encuentro con Góngora éste les hizo una breve reseña sobre el estado procesal en que se encuentran las 320 controversias constitucionales, de las cuales únicamente en 26 casos no se han realizado las audiencias correspondientes por estar pendientes recursos de reclamación.

Sin embargo, dijeron que el presidente del máximo tribunal les comentó que los ministros ya comenzaron a elaborar sus proyectos respectivos y que "en un plazo muy breve" empezarán a abordar el tema.

La dirigente perredista indicó que la decisión está en manos de la Corte, y que ella, junto con Martí Batres -el coordinador perredista en el Senado, Jesús Ortega, no llegó al encuentro-, únicamente expresaron su opinión y la de alcaldes de extracción perredista cuyos municipios interpusieron controversias constitucionales en contra de la reforma en materia indígena, en razón de los vicios de procedimiento de que adoleció la reforma constitucional, además de que se incumplió el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que obliga al gobierno mexicano a consultar a los pueblos indígenas cuando pretenda legislar en materia de sus derechos y cultura.

Por otra parte, Batres indicó que su partido insistirá en presidir la mesa directiva de la Cámara de Diputados en el próximo periodo de sesiones, lo que además le daría el derecho de que en nombre del PRD sea quien responda al informe que rendirá el próximo primero de septiembre el presidente Vicente Fox. "Tenemos muchas cosas que decir, porque tenemos un planteamiento distinto, porque el PRD tiene su visión del país y una evaluación de las cosas que han pasado y porque, además, democráticamente le corresponde".