Presentan como víctima a la Opdic, que agredió a pobladores de La Culebra

Diarios chiapanecos emprenden campaña mediática contra bases de apoyo del EZLN

El 31 de julio paramilitares hirieron a 7 ejidatarios, reitera el concejo de Flores Magón

HERMANN BELLINGHAUSEN ENVIADO

San Cristobal de las Casas, Chis., 6 de agosto. Después de la agresión que bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) sufrieron en días recientes por un grupo de 40 paramilitares pertenecientes a la Organización para la Defensa Indígena y Campesina (Opdic), diversos medios locales han difundido la versión de que los paramilitares de San Antonio Escobar habrían sido las "víctimas".

Ante la campaña mediática y oficial, el municipio autónomo Ricardo Flores Magón reiteró hoy su versión de los hechos, ocurridos el pasado 31 de julio en el ejido La Culebra, donde siete civiles zapatistas resultaron heridos. Las versiones difundidas por la Opdic -baluarte del "nuevo" PRI en el norte de la selva Lacandona- culpan a los autónomos de la agresión, y la ubican en su propio poblado.

El concejo de Ricardo Flores Magón declaró hoy que los hechos violentos no tuvieron lugar en el poblado San Antonio Escobar, como han dicho los medios en Tuxtla Gutiérrez. "Fueron los paramilitares de San Antonio Escobar los que llegaron con armas cortas y machetes a la comunidad La Culebra, con el objetivo claro de asesinar a las autoridades autónomas" y ahora están atrincherados en el acceso a su localidad, en la reserva de la biosfera de Montes Azules.

"Estos paramilitares tienen un interés propio para acabar con las autoridades autónomas, porque así pueden hacer su delincuencia libremente, como la compra y venta de carros robados, el tráfico de armas y drogas, el saqueo y la tumba de maderas preciosas en tierras reservadas, tráfico de alcohol, asalto de caminos y otros delitos" (que las bases zapatistas han denunciado con anterioridad).

"Hoy nos vemos en la necesidad de aclarar los hechos violentos que provocaron los paramilitares de San Antonio Escobar, y desmentir las acusaciones falsas de los recientes días", afirman las autoridades autónomas. Refieren que los hechos ocurrieron de la siguiente manera: "El 31 de julio a las 7 de la mañana, 40 paramilitares de San Antonio Escobar salieron en dos camionetas Nissan robadas. Portaban armas cortas y machetes y se trasladaron hasta la comunidad de Sibal, cruzando por 6 de Octubre, Santa Rita y Culebra".

Durante su recorrido, los priístas "buscaron apoyo entre las organizaciones oficiales e independientes". Sin embargo, no lo encontraron "porque las bases de apoyo zapatistas y los simpatizantes del municipio autónomo convivimos con respeto y acuerdos con las distintas organizaciones y grupos de las comunidades cercanas" (incluso priístas). El concejo en rebeldía recuerda que los paramilitares intentaron entonces "capturar" a un miembro de las autoridades autónomas que se encontraba en su milpa.

"Varios medios de comunicación han dicho que fueron las bases de apoyo, las autoridades autónomas y el EZLN los que llegaron armados al ejido San Antonio Escobar; que intentaron tomar prisionero al comisariado ejidal y agredieron a la población que se defendía", apuntan las bases de apoyo zapatistas, y declaran: "Desmentimos y rechazamos totalmente estas versiones mentirosas que buscan confundir, proteger a los paramilitares y crear pretextos para atacar a los municipios autónomos y al EZLN.

"Los paramilitares son miembros de la Opdic, organización que está encubriendo a paramilitares y delincuentes de varias comunidades como Arroyo Granizo, Monte Líbano, Lacandón, Cuauhtémoc y otras, como hemos denunciado anteriormente. El dirigente y fundador de esta organización es Pedro Chulín, diputado local, denunciado y reconocido como el líder del grupo paramilitar MIRA. También las versiones oficiales y de prensa dicen que es por un conflicto de tierras. La verdad es que esta organización ha intensificado en los meses recientes sus actividades y agresiones en varias partes del territorio autónomo, con el objetivo de crear problemas que le den pretexto al Ejército federal, a la Seguridad Pública y la Policía Judicial para entrar en las comunidades en resistencia."

En cuanto a las actividades de la nueva banda armada, el concejo en rebeldía refiere que "varios de sus delitos han sido resueltos gracias a los acuerdos y trabajos que se han tomado en el municipio autónomo", y denuncia como "los principales paramilitares de San Antonio Escobar y responsables de estas agresiones" a Julio Gómez López, José Gómez López, Antonio Pérez López, Sebastián Pérez Gómez, Nicolás Gómez Sántiz, Manuel Guzmán Pérez, José Hernández Cruz, Lorenzo Pérez Cruz, Sebastián Pérez Cruz y Fidelino Gómez López.

"El gobierno federal y estatal están bien informados de la presencia de grupos paramilitares y no han hecho nada para detenerlos. Por el contrario, los protegen; en varias ocasiones se ha visto a la Seguridad Pública operando junto a los paramilitares del ejido Lacandón, quienes juntos andan con armas de alto calibre.

"Los medios de comunicación mienten también cuando dicen que estamos amenazando a las personas de San Antonio Escobar. Por el contrario, los paramilitares han tirado varios árboles para tapar los caminos y se encuentran posicionados para emboscar a cualquiera que se acerque a su poblado.

"Las autoridades municipales sólo aclaramos que estos hechos violentos, agresiones e intentos de asesinato están contemplados como delitos graves tanto en las leyes federales, estatales y del propio municipio autónomo y de la ley revolucionaria."

El concejo informa que los heridos de La Culebra "recibieron la atención médica necesaria en nuestro sistema autónomo de salud y se encuentran fuera de peligro".

Las autoridades autónomas concluyen: "Decimos claro que no vamos a permitir la entrada del Ejército federal, la Seguridad Pública, ni la Policía Judicial. La Culebra y las comunidades cercanas de Sibal, Santa Rita y 6 de Octubre se encuentran tranquilas. Hay respeto, acuerdo y tranquilidad entre las organizaciones. Cualquier acto en contra de estas comunidades y de sus habitantes será entendido como una provocación, un acto de respaldo a los grupos paramilitares y una violación más a los derechos colectivos de los pueblos indígenas".