El líder sindical fue asesinado por la dictadura de Pinochet
Condenan a 10 militares en Chile por la muerte de Tucapel Jiménez
ENRIQUE GUTIERREZ CORRESPONSAL
Santiago, 5 de agosto. El magistrado especial Sergio Muñoz Gajardo condenó hoy a 10 militares, entre ellos cuatro ex generales de alto mando, por el asesinato del líder sindical Tucapel Jiménez, en 1982, durante la dictadura de Augusto Pinochet.
El juez determinó condenas para los funcionarios del ejército en retiro implicados como autores, cómplices y encubrido
res en este proceso de homicidio calificado. Sin embargo, aseguró que no encontró prueba alguna de que Pinochet estuviese implicado en el hecho.
La mayor condena recayó sobre el mayor en retiro Carlos Herrera Jiménez, autor material del asesinato, y quien recibió prisión perpetua por los casos de Jiménez y del carpintero Juan Alegría Mondaca, al que se asesinó para inculpar luego del crimen.
El general en retiro Hernán Ramírez Scoglia, entonces director de la Dirección de Inteligencia del Ejército, fue condenado a 10 años de presidio como autor intelectual del asesinato del líder de la Asociación de Empleados Fiscales, mientras los brigadieres Víctor Pinto Pérez y Maximiliano Ferrer Lima fueron sentenciados a ocho años por planificar la operación, que pretendía desarticular una convocatoria a paro nacional.
Dos suboficiales, que también participaron en un grado mínimo como autores, recibieron seis años, y otros dos militares fueron condenados a tres años por entregar el arma para ejecutar el crimen.
Las menores penas fueron para los generales Hernán Ramírez Hald, Hernán Ramírez Rurange y Fernando Torres Silva, el primero acusado de complicidad en el crimen y los otros dos como encubridores, que fueron sentenciados a 800 días de presidio remitido, es decir, sólo firmarán un registro especial una vez a la semana, mientras que el coronel Enrique Ibarra recibió 541 días de presidio remitido.
Sin embargo, el magistrado dio a entender que en el asesinato pudo haber más personas involucradas: "Indudablemente que participó más gente, pero yo no tengo mas antecedentes", señaló.
Sobre la colaboración del ejército para esclarecer el caso, que lleva más de 20 años en los tribunales, Muñoz Gajardo sostuvo que "se ajustó a las normas legales cuando no entregó cierta información que se estimó atenta contra la seguridad nacional".
El gobierno de Ricardo Lagos afirmó que la sentencia de primera instancia es una muestra de que la justicia se está "relegitimando ante la ciudadanía", pero la familia de Jiménez consideró que se hizo justicia a medias, al otorgar penas muy bajas, por lo que, dijo, apelará.
