El presidente del grupo denuncia que los paramilitares multihomicidas siguen libres

Se están rearmando los autores de la matanza de Acteal, como si fueran a la guerra: Las Abejas

Piden la intervención de las autoridades; temen un ataque "en cualquier momento"

ANGELES MARISCAL, CORRESPONSAL

Tuxtla Gutierrez, Chis., 5 de agosto. A casi cinco años de la masacre de 45 indígenas pertenecientes a la organización Las Abejas, el líder de los sobrevivientes, José Vázquez Gutiérrez, denunció la permanencia en comunidades vecinas de miembros del grupo armado que asesinó a sus compañeros.

En entrevista, Vázquez Gutiérrez, presidente de Las Abejas, cuya sede se localiza en el paraje de Acteal, municipio de Chenalhó, mencionó que el gobierno federal ha desistido de ejecutar las 27 órdenes de aprehensión pendientes contra miembros del grupo paramilitar que asesinó a las 45 personas entre mujeres, niños y ancianos, el 22 de diciembre de 1997.

Los autores intelectuales y muchos de los autores materiales del multihomicidio siguen libres en sus hogares, en las comunidades circunvecinas a Acteal, "todos ellos han comprado más armas, como si fueran a ir a la guerra", sostuvo Vázquez Gutiérrez.

El presidente de Las Abejas refirió que todavía quedan 21 personas que sobrevivieron a la masacre con lesiones y secuelas derivadas de las heridas producidas por arma blanca o de fuego, que fueron utilizadas por el grupo agresor aquella mañana del 22 de diciembre.

Advirtió que si las autoridades policiacas estatales o federal no actúan, "en cualquier momento puede haber un nuevo ataque a las organizaciones independientes como la de Las Abejas".

Revisión de expediente penal

Por otra parte, familiares de los once campesinos originarios de Marqués de Comillas presos en el penal de Cerro Hueco solicitaron cumplimiento a la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en la que se pide, entre otros puntos, la revisión del expediente penal.

Uno de los detenidos, Noé Jiménez Pablo, explicó que cuatro de sus seis hermanos se encuentran prófugos de la justicia porque pesan sobre ellos diversas órdenes de aprensión por los mismos hechos en los que, según la CNDH en la recomendación 26/2002, las autoridades estatales cometieron diversas violaciones a los derechos humanos.

Mediante sus familiares, los detenidos dieron a conocer un comunicado en el que piden al gobierno de Pablo Salazar la reconciliación con sus comunidades, las cuales desde el operativo policiaco de julio del 2001 -cuando se rescató a seis funcionarios públicos que permanecían retenidos por los campesinos- han emprendido diversas movilizaciones para pedir la excarcelación de los 11 compañeros.