REPORTAJE /ABUSOS POLICIACOS EN NAYARIT

Escalada de atropellos contra comandante que denunció corrupción

"Se han metido con mi familia, pero les he ganado", afirma la víctima

Al comandante y teniente Julio César Jiménez Arcadia le ha costado cárcel, tortura y robo haberse resistido a participar en un caso de desvío de recursos en el seno del consejo nayarita de seguridad pública. Dos recomendaciones de las comisiones local y nacional de derechos humanos han sido desoídas por el procurador del estado, Jorge Armando Bañuelos Ahumada

VICTOR BALLINAS Y JESUS NARVAEZ /II ENVIADO Y CORRESPONSAL

Por denunciar irregularidades y desvío de recursos del Consejo Estatal de Seguridad Pública (CESP), el comandante Julio César Jiménez Arcadia padeció represalias por parte del personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado, como haber sido encarcelado en dos ocasiones, que se le inventaran delitos, ser torturado y que le allanaran su domicilio. Por ello existen dos recomendaciones de las comisiones estatal y nacional de Derechos Humanos (CNDH), la 25-2001 y la 17-2002, respectivamente, que a la fecha no ha acatado el procurador de Nayarit, Jorge Armando Bañuelos Ahumada.

Jiménez Arcadia, quien también es teniente, relató en entrevista que el 10 de julio de 2000 denunció ante el procurador Bañuelos que había detectado desvío de recursos en el CESP y que recibía presiones de los comandantes para firmarles cheques, lo cual no estaba dispuesto a solapar.

Relata que fue designado coordinador de enlace entre la Policía Judicial del estado y el CESP para entregar los mandos de la policía al gobierno de Antonio Echevarría Domínguez, y que a los dos días en el cargo lo llamó el procurador para decirle:

-Firma lo que te están pidiendo.

-Yo no me presto a eso -le respondió.

"Posteriormente -continúa Jiménez- el procurador me pidió que me concentrara en la Policía Judicial y me envió a Compostela. A las 24 horas de estar allá me dijeron que mi casa, en Tepic, había sido robada. La vaciaron, pero el robo fue muy absurdo, porque mis vecinos son agentes de la Federal de Caminos y judiciales, además de que está frente a la sede de la Policía Federal Preventiva. Entonces me comuniqué con el procurador y le pregunté que de qué se trataba."

Narra que cuando interpuso un amparo, el 1Ɔ de agosto de 2000, por el cambio de adscripción, el cual ganó el 15 de ese mes, le dijo el procurador: "te restituimos en el cargo, pero te vas a ir a San Andrés de Milpillas". "Le di mi renuncia, pero no la aceptó. Me enviaron entonces al Centro Táctico Operativo Número Uno, el más alejado."

"Estaba consciente de que se trataba de un castigo. Me dijeron que allá iba a relevar al comandante José Luis Beincomo Caro. Al llegar a las oficinas de la Policía Judicial, en Tepic, el comandante José Luis Monteón Casillas ya me estaba esperando, eran las nueve de la noche. Me dijo que me iba a quedar solo en dicho centro porque el personal estaba de descanso.

"Eso me pareció irregular, y le dije que si estaba vacío el cuartel qué iba a hacer allá. Me quitaron el arma y entonces les dije que me querían dejar solo, sin armas y sin vehículo. Subimos hasta Milpillas y regresamos porque me negué a quedarme en aquel sitio en esas condiciones. De regreso a Tepic me metieron a golpes en una celda, eso fue el 16 de agosto de 2000. Me tuvieron sin comida y me quitaron los medicamentos que tenía que tomar por prescripción médica, me incomunicaron y me volvieron a golpear. Mi esposa trabajaba en la Procuraduría General de Justicia. Cuando vio que no llegaba y al no tener noticias mías preguntó por mí en la procuraduría, le negaron cualquier informe. Sin embargo, unos compañeros le dijeron que yo estaba ahí, en los separos; fue cuando se quejó a la Comisión Estatal de Derechos Humanos."

Jiménez Arcadia explica que a partir de ese momento la procuraduría inventó una serie de delitos para mantenerlo en prisión. Su esposa avisó entonces a la madre del comandante para que lo buscara. En una primera instancia a ella también le negaron la visita, aunque posteriormente pudo pasar a verlo. Le dijeron que tenía que pagar una fianza de 3 mil pesos, lo cual hizo, y cuando esperaba que saliera libre, el comandante Antonio García García le dijo que no iba a salir. Luego argumentaron que ya no estaba detenido sino arrestado por indisciplina.

El teniente Jiménez Arcadia decidió recurrir a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), que tomó su caso. Le explicaron que debía pagar una nueva fianza, ya que estaba acusado por otros delitos en la causa penal 10-2001.

Desde entonces el comandante ha acudido a diversas autoridades e instancias. En los juicios de amparo ha ganado en dos ocasiones a Bañuelos Ahumada; en el 644-2000 se solicita que se investigue al procurador estatal por intimidación, abuso de autoridad y otros cargos.

La CEDH envió a Bañuelos Ahumada, el 19 de noviembre de 2001, la recomendación 169-2000, en la cual le solicitaba iniciar el procedimiento administrativo contra los comandantes Donato Gómez Corona y José Luis Montión Casillas, así como contra el ex director general de dicha corporación, coronel retirado Salvador González Flores, y solicitó que se fincaran las responsabilidades penales aplicables.

Después de cuatro meses sin recibir pruebas de cumplimiento de la recomendación 25/2001 por parte del gobierno estatal, y ante el recurso de impugnación que presentó el afectado, la CNDH atrajo el caso.

El ombudsman nacional, José Luis Soberanes, envió el 23 de mayo de 2002 la recomendación 17/2002 al gobernador Antonio Echevarría, por medio de la cual confirma lo recomendado por la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

En ese texto, Soberanes señala al gobernador que una adecuada política de derechos humanos es la que busca hacer cesar de inmediato la violación, reparar los daños ocasionados y sancionar al o los

responsables, lo cual "sólo puede cumplirse en obediencia puntual de la ley".

En virtud de que la procuraduría estatal comunicó a la CNDH que no aceptó la recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, "porque ya había sido rebasada", Soberanes manifiesta al gobernador que resulta inaceptable que el procurador Bañuelos Ahumada pretenda justificar la no aceptación de la recomendación arguyendo semejante cosa.

"La negativa de la autoridad (el procurador estatal) violenta la procuración de justicia y auspicia la impunidad en beneficio de los responsables de las conductas denunciadas. La responsabilidad en que incurrieron servidores públicos compete ser investigada por la autoridad en materia penal, pero también la de carácter administrativo."

La recomendación de la CNDH solicita que se instruya a la procuraduría de dar cumplimiento a la recomendación 25/2001. Asimismo, pide que sean investigados los comandantes Gómez Corona y Montión Casillas, así como el coronel retirado Salvador González Flores, ex director general de la corporación, y que se integre la averiguación previa 2702 de 2000 que extrañamente la procuraduría estatal tiene extraviada.

El teniente Jiménez Arcadia sostiene que la procuraduría lo ha llamado, por conducto del director jurídico de la institución, quien le dijo: "'Te vamos a reinstalar y a pagar tu salario, pero tienes que decir que te equivocaste'. Yo respondí que no aceptaba esa condición, porque ellos saben que mienten, que el procurador solapa y encubre la corrupción y la impunidad".

Recordó que en noviembre de 2000, al acercarse al gobernador para pedirle que resolviera el problema, el mandatario le respondió: "El procurador es hombre de todas mis confianzas. Tiene todo mi apoyo. Te recomiendo que te vayas al amparo".

Abunda Jiménez Arcadia: "Yo confiaba en que el gobernador estaba mal informado. Pero ya recibió las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y respondió que nada le quita el sueño, que lo tiene sin cuidado que lo vigilen en el ámbito nacional, porque a él lo que le interesa es lo que digan los nayaritas, y que lo tiene tan sin cuidado, que come y duerme muy bien. Que tenía almorranas, pero que se las operó y ya está bien..."

El comandante reflexiona: "Me quitaron mi empleo, me han golpeado, amenazado, se han metido con mi familia, pero les he ganado. He pensado en irme a otro lado, pero lo deseché inmediatamente porque todo lo que ha ocurrido en mi contra fue por la denuncia de corrupción que hice. Se tiene que probar que en Nayarit priva la impunidad".