REPORTAJE /ABUSOS POLICIACOS EN NAYARIT

Impune, el asesinato a mansalva de un indígena de 14 años en Acaponeta

El gobernador Echevarría Domínguez desdeña recomendación de la CNDH

Víctima de un operativo judicial que aún no acaba por aclararse, el pequeño Raymundo de la Cruz fue ultimado a balazos por agentes de la procuraduría estatal en la comunidad indígena de Santa Cruz. Las violaciones a garantías en el estado han llevado a las comisiones nacional y estatal de derechos humanos a acusar a las autoridades judiciales de actuar de manera irregular, con parcialidad y dolo, e intimidar a los testigos

VICTOR BALLINAS Y JESUS NARVAEZ /I ENVIADO Y CORRESPONSAL

Tepic, Nay. Comenzaba abril de 2001 cuando una treintena de policías judiciales llegó subrepticiamente a rancho Santa Cruz, municipio de Acaponeta, para realizar un operativo cuya finalidad no termina de aclararse. Rodearon el pueblo y obligaron a los hombres de la localidad a formarse contra el muro de la iglesia. Asustado, Raymundo de la Cruz, un indígena de 14 FONT SIZE=3>años, corrió para evadir la represión. Fue perseguido por los agentes, quienes le dispararon a mansalva. Herido gravemente, fue pateado en el suelo hasta que falleció. Este es sólo uno de los múltiples casos de violación a los derechos humanos en el estado que gobierna Antonio Echevarría Domínguez

Por eso en casos de violaciones a derechos humanos en Nayarit, como tortura, detenciones arbitrarias y homicidios cometidos por comandantes y elementos de la Policía Judicial de la entidad, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), instancia encargada de investigar y procurar justicia, es acusada por las comisiones nacional y estatal de derechos humanos "de fomentar la impunidad y actuar de manera irregular, con parcialidad y dolo, e intimidar a los testigos".

José Luis Soberanes, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en la recomendación 19/2002 -de fecha 30 de mayo de este año- enviada al gobernador Antonio Echevarría Domínguez por el homicidio del adolescente indígena Raymundo de la Cruz Lemus, ocurrido el primero de abril del 2001 a manos de la Policía Judicial, indica:

"Resulta grave que el procurador general de Justicia, Jorge Bañuelos Ahumada, no se haya conducido con sensibilidad en este caso ni se haya apegado a las disposiciones legales, ya que desde un inicio, y antes de que se agotara la investigación penal y administrativa, por medio de declaraciones y en un desplegado que pagó en los medios justificó la actuación de los policías judiciales que cometieron el homicidio."

Un año antes, la presidenta de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Nayarit (CDDHEN), Luz María Parra Cabeza de Vaca, dirigió la recomendación 1/2001 al procurador Jorge Bañuelos Ahumada, por medio de la cual le solicitó que se investigara administrativa y penalmente al comandante Jaime Rivera Mendoza y al coordinador de la Policía Judicial, José Luis Monteón Casilla.

Asimismo pidió que se investigara al visitador general de la PGJE, Hugo Armando Palafox, y a los agentes del Ministerio Público Gabriel Sandoval Rodarte, Miguel Angel Montes Bernal y Luis Alberto García Domínguez por los delitos de abuso de autoridad, desviación de la justicia, negligencia y abandono del caso.

< Solicitó además que el gobierno de Nayarit, por conducto del Poder Ejecutivo, pagara a la familia de Raymundo de la Cruz, de forma solidaria y precautoria, los daños y perjuicios causados por su muerte, en tanto se resuelve la responsabilidad de los implicados, "como obligación legal y en gesto de solidaridad y verdadera preocupación por las víctimas de los delitos cometidos por servidores públicos estatales".

La PGJE aceptó la recomendación de la CDDHEN, pero no dio respuesta a lo solicitado en el tiempo que se le otorgó para contestar. En cambio, no ordenó las investigaciones que le pidieron y dejó en libertad a los policías judiciales detenidos por el homicidio del indígena de 14 años.

El 7 de junio, el gobernador del estado, Antonio Echevarría Domínguez, una vez que ya había recibido las recomendaciones de la CNDH, al ser cuestionado por la prensa local sobre si respondería, dijo a los reporteros: "no me preocupa ser observado nacionalmente. A mí me preocupa lo que diga mi pueblo, lo que digan los nayaritas; lo que digan los de fuera ni me va ni me viene y tampoco me quita el sueño, porque no tengo cola que me pisen. Tenía almorranas, pero ya me las operaron. Duermo a gusto, como a gusto. Es política, y en la guerra y el amor todo se vale".

Crimen sin castigo

El primero de abril de 2001, por lo menos tres decenas de agentes de la Policía Judicial estatal, bajo el mando de su coordinador, José Luis Monteón Casilla, realizaron un operativo en el rancho Santa Cruz, municipio de Acaponeta. Afuera del lugar dejaron estacionados sus vehículos y se dispersaron para formar un cerco.

Unos diez policías judiciales llegaron a bordo de una camioneta pick-up de doble tracción, propiedad de Guadalupe Alvarez, e irrumpieron en una reunión de ejidatarios. Viajaron ocultos, tirados en el piso de la camioneta -de caja alta- para que los indígenas no los vieran y caerles por sorpresa. La camioneta se estacionó al lado de la iglesia y del vehículo saltaron los agentes gritando: "šNadie se mueva! šFórmense frente al muro con las manos arriba y las piernas abiertas!"

Ya formados los hombres, los agentes los catearon, les preguntaban sus nombres y les pedían alguna identificación. Ahí los retuvieron una hora.

Al ver a los policías, dos o tres indígenas, entre ellos Raymundo de la Cruz Lemus, de 14 años, corrieron. Primero por la escuela, luego por la tienda Conasupo y finalmente para el monte con el propósito de evadir a los agentes. Los policías los siguieron. A los pocos minutos se escucharon disparos por el camino al rancho Saycota. Ahí cayó herido Raymundo de la Cruz.

Cuando el padre de Raymundo, Porfirio de la Cruz Pérez, pudo retirarse del muro, su hija María Trinidad le dijo que habían lesionado a Raymundo, por lo que de inmediato se dirigió a buscarlo, pero al llegar adonde le habían indicado que estaba su hijo, los agentes le prohibieron el paso. Cercaron el lugar y no dejaron que nadie pasara.

Sin embargo, Porfirio de la Cruz alcanzó a ver a su hijo tendido en el suelo y alrededor suyo a los agentes. Pidió varias veces que lo dejaran pasar, pero los policías le gritaron que se retirara.

Fue por ayuda a Acaponeta, para ver si así lo dejaban ver a su hijo. Al regresar al rancho en compañía del profesor José Luis Martínez Ulloa, los agentes les dijeron: "les estamos diciendo que se regresen, Ƒo quieren más heridos?" Su hijo Raymundo estuvo tendido en el suelo, ya muerto, de las 11 de la mañana a las seis de la tarde, hasta que llegó el Ministerio Público, y sin preguntar por los padres del indígena ordenó su traslado a Acaponeta.

El cuerpo de Raymundo de la Cruz le fue entregado a su padre al día siguiente a las 14 horas. Don Porfirio, trasladó el cadáver de su hijo hasta Santa Cruz para darle sepultura.

La señora María Venancia García Ma-tías, trabajadora del albergue del Instituto Nacional Indigenista en Santa Cruz, fue testigo presencial del homicidio. En entrevista con este diario, asegura: "ya tirado en el suelo, herido Raymundo, los policías lo patearon. El se incorporó y se volvió a caer. Le gritaban: 'ša ver, hijo de la chingada, cómo te llamas!', y lo seguían pateando. No dejaban acercarse a nadie.

"Era domingo y yo había llevado a ocho niñas del albergue a bañarse al río. Estábamos ya vistiéndonos cuando vimos pasar a un joven corriendo, y tras él se escucharon tiros. Algunas niñas lo reconocieron. Me dijeron: 'ahí va corriendo el Ray. Lo traen persiguiendo'. Oímos disparos. Sentimos miedo porque pasaron cerca las balas. 'šYa lo mataron!', dijo una niña. 'Le están pegando', dijo otra.

"šA ver!, les dije. Y me asomé. Estábamos en el arroyo, cubiertas por la maleza. Ellos -los agentes- no nos veían. Nosotros sí, y escuchábamos. Lo rodearon. Ahí lo dejaron. Luego de un rato salimos y nos fuimos al albergue. Pasamos cerca de ellos, pero no volteamos."

Intimidación de testigos

Ella declaró lo que sabía. La Policía Judicial fue a su casa en Acaponeta. Refiere que el comandante de la zona norte le preguntó: "Ƒusted vio los hechos? Sí, le dije. ƑNo pensó en las consecuencias? Le dije que no".

La señora sostuvo su versión a pesar de la intimidación y cuenta a este diario: "me pusieron nerviosa, pero dije lo que vi. No tenía que decir más. Sólo lo que me consta. El que me dijo eso era el que iba al frente del operativo".

Más tarde participó en la reconstrucción de hechos que hizo la PGJE. "El comandante vino al albergue. Dijo que si iba yo a decir lo que pasó. Dije que sí. Luego me querían poner nerviosa en la reconstrucción. Pero dije lo que vi... Ahora tengo miedo, porque ya han sido asesinadas ocho personas relacionadas con el asesinato de Raymundo".

La PGJE argumentó que los agentes dispararon en defensa propia. Sostiene que el adolescente llevaba un arma y disparaba mientras corría. Sin embargo, la CDDHEN insiste en por qué no se hicieron las pruebas de radizonato de sodio a todos los policías que participaron en el operativo y dispararon y sí, en cambio, se la hicieron a Raymundo.

"ƑPor qué la PGJE en sus investigaciones dice que sólo encontró los casquillos de las balas que dice disparó Raymundo y no entregó ninguno de los disparados por la policía? ƑPor qué, si dice que el menor murió desangrado, no se encontró un charco de sangre donde apareció al cadáver?"

Y la propia comisión responde: "porque el cuerpo fue movido, arrastrado a otro sitio. La pistola que dicen que disparó y llevaba él entre sus cosas fue sembrada, pues estuvo el cuerpo muchas horas en el suelo y no dejaron que nadie se acercara hasta que personal del Ministerio Público llegó y ordenó que se llevaran el cadáver. Hay muchas dudas."

La CNDH sostiene en su texto que debe acatarse la recomendación de la CDDHEN, pues se corroboró que los agentes del Ministerio Público y el visitador general de la PGJE no actuaron con legalidad, imparcialidad y honradez. Hay evidentes actos dilatorios de la justicia, falsedades e irregularidades. Existen dudas sobre la veracidad de los dictámenes de los peritos y se tienen evidencias de que intimidaron a los testigos.

En Nayarit hay pruebas de que se fomenta la impunidad, sostienen las comisiones Nacional y Estatal de Derechos Humanos.