ENTREVISTA /IGNACIO BURGOA ORIHUELA, JURISTA

La anulación del proceso expropiatorio, "retirada estratégica" de Fox

REVELA QUE EL EJECUTIVO FEDERAL MINTIO EN EL DECRETO DE EMBARGO

Para el representante legal de un grupo de ejidatarios opuestos a la construcción del nuevo aeropuerto, el Presidente de la República sabía que se trataba de una batalla que tenía jurídicamente perdida. Señala que el mandatario, de haber procedido conforme a la ley, pudo haber logrado sus fines

ROSA ELVIRA VARGAS

El jurista Ignacio Burgoa Orihuela opina que la decisión del presidente Vicente Fox de dejar sin efecto el proceso expropiatorio sobre las tierras donde se construiría la nueva terminal aérea representa en realidad una "retirada estratégica", porque sabía que se trataba de una batalla que tenía jurídicamente perdida. De paso aprovechó para insistir en su convicción de que el jefe del Ejecutivo tiene muy malos asesores en la materia.

De entrada, destacó que con su decreto de expropiación el mandatario violó el artículo 115 constitucional fracción quinta, porque a los municipios corresponde determinar el uso del suelo, en este caso el que se daría a los terrenos ejidales para la construcción de la terminal aérea y las áreas para los servicios auxiliares.

En tal sentido, puntualizó, es casi seguro que al conocer el asunto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) hubiese dado "otro golpe adverso" al Ejecutivo, porque sin duda habría considerado inconstitucional el decreto de expropiación y declarado la improcedencia del acto expropiatorio.

Del mismo modo, afirmó que es urgente la publicación en el Diario Oficial de la Federación del decreto de revocación para que queden sin efecto las querellas interpuestas por los demandantes, quienes en definitiva "ya le ganaron" al Presidente de la República.

"VIOLACION PATENTE Y MANIFIESTA"

Lo que Fox tendría que haber hecho para proceder legalmente, añadió, era citar a los alcaldes de los municipios afectados para tener su aprobación sobre la modificación del uso del suelo en su superficie. "Pero hizo caso omiso de los ayuntamientos y con ello incurrió en una violación patente y manifiesta" de los preceptos constitucionales.

Según el abogado, quien ha dedicado más de medio siglo al derecho de amparo, si el Ejecutivo hubiese seguido la vía correcta, "las marchas y las presiones habrían sido lo de menos'', porque con la anuencia de los alcaldes podría haber seguido negociando con ellos.

"DOCUMENTOS INEXISTENTES"

En charla con La Jornada, Burgoa Orihuela advirtió que con un respaldo a todas luces tan deficiente para esa decisión, el Ejecutivo no iba a tener éxito frente a las solicitudes de amparo y las controversias constitucionales que interpusieron los afectados, por lo que estimó que el anuncio de dejar sin efecto el decreto expropiatorio sobre 4 mil 550 hectáreas fue en realidad una "retirada estratégica''.

Y no sólo eso, comentó que el mismo documento del Ejecutivo para la decisión de afectar tierras ejidales, principalmente, aducía una serie de constancias, dictámenes y estudios. Ante ello, como representante de uno de los grupos inconformes, él solicitó a las autoridades correspondientes copias de tales documentos.

"Sin embargo, no se expidieron tales copias a que obliga el artículo 152 de la Ley de Amparo, y por eso difirieron las audiencias, lo que implica que mintieron en el decreto de expropiación, pues no tenían tales constancias, dictámenes y estudios. No las tienen."

Con esa actitud -admitió que sólo algunos de tales documentos le fueron entregados- las audiencias se difirieron en siete ocasiones. Desde la primera, que debió celebrarse en noviembre, hasta la última que, programada para el 31 de julio, nuevamente se postergó para el 30 de agosto, "y que ya no será necesaria".

Indignado porque con dicha actitud los representantes del Poder Ejecutivo podrían incurrir en conductas constitutivas del delito de falsedad de declaraciones "al invocar documentos inexistentes", el jurista Burgoa convino en que con ello se demostró que todo había sido "una decisión unilateral aconsejada por los empresarios nacionales y extranjeros interesados en hacer uno de los negocios más grandes del país, porque ahí se invertirían miles de millones de dólares.

"Todo el ambiente jurídico en el que se mueve el gobierno federal obedece a la ignorancia del derecho" por parte de quienes perciben generosos sueldos, pero carecen de elementos jurídicos. Con su decisión, que a todas luces conduciría a la declaración de improcedencia, "Fox pisoteó el artículo 115 constitucional e incurrió en un ataque al sistema municipal'' mexicano.

Por todo ello y en nombre del claustro de profesores de la Facultad de Derecho de la UNAM, el propio Burgoa Orihuela envió una carta al Ejecutivo en febrero de este año, en la cual le ofrecía la colaboración gratuita de los doctores de todas las especialidades que se encuentran en la institución. "Y en respuesta, sólo recibimos una carta de su asesor Juan de Dios Castro con un agradecimiento vago, nebuloso'' y no más.

Y por ello, señaló concluyente: "Ojalá que esto le sirva de escarmiento al Ejecutivo y que antes de tomar una decisión así, consulte a los abogados; no tiene consejeros jurídicos y debería recurrir a verdaderos juristas''.