El 27 de enero entrará en vigor la polémica ley de compraventa de tierras agrícolas

Comenzará a privatizarse dentro de seis meses una cuarta parte del extenso territorio de Rusia

Esa fecha marcará la consolidación legal de los grandes latifundistas, afirma la oposición

JUAN PABLO DUCH CORRESPONSAL

Moscu, 3 de agosto. Dentro de medio año, en sentido estricto, no habrá ya impedimento legal para poner en venta hasta una cuarta parte del territorio de Rusia, los 430 millones de hectáreas de tierras agrícolas.

El próximo 27 de enero, justo seis meses después de su publicación en el equivalente local de diario oficial el pasado sábado, entrará en vigor la ley de compraventa de tierras agrícolas, promulgada por el presidente Vladimir Putin.

Obviamente, la conversión en propiedad privada de estas tierras, tabú heredado de la época soviética que ni el propio Boris Yeltsin se atrevió a cuestionar, será un proceso lento y desigual, al menos distinto en cada uno de los llamados sujetos de la federación, repúblicas autónomas, territorios y re-giones en que está dividida Rusia.

Lo anterior, porque las autoridades locales tendrán amplísimas facultades en la materia. Así lo determina la ley que, tras arduos debates en ambas cámaras del Parlamento, se aprobó como una suerte de compromiso ante lo que ya era una extendida situación de facto, incontrolada: desde hace unos años varias regiones, por su propia cuenta y riesgo, estaban practicando la venta de tierras, incluso agrícolas.

Los grupos de oposición al Kremlin, que al comienzo rechazaban tajantemente la discusión del tema, lograron finalmente arrancar dos importantes concesiones. La primera es que las autoridades locales tengan la última palabra a la hora de fijar, en cada lugar, en qué momento comenzar la privatización de las tierras agrícolas.

Por lo pronto, algunos gobernantes de re-giones esencialmente agrícolas no arden en deseos de empezar la venta de tierras, y nadie puede obligarlos.

No menos significativo resulta, desde la perspectiva opositora, que los ciudadanos extranjeros y las empresas mixtas con más de 50 por ciento de capital foráneo, los cuales en el primer borrador de ley podían aspirar a ser propietarios, quedaron fuera en la versión final y sólo podrán arrendar las tierras agrícolas para un periodo máximo de 49 años, en principio renovable bajo ciertas condiciones.

Las autoridades locales van a establecer el tamaño máximo de los terrenos que pueden estar en manos de una persona física o moral, pero la ley precisa que en ningún caso debe ser inferior a 10 por ciento de las tierras agrícolas de las respectivas unidades administrativas dentro de las regiones, los distritos en que éstas se dividen a su vez.

También podrán definir la dimensión mí-nima de una parcela a vender, velarán por que se confisquen las tierras agrícolas que se usen con otros fines o se mantengan ociosas durante dos años seguidos.

Para cerrar con broche de oro, las autoridades locales se reservan el derecho de op-ción de compra prioritaria en caso de cualquier venta de tierras agrícolas.

Cuando las autoridades regionales son las que venden, se benefician del ordenamiento legal de que el vendedor fija el precio y nunca puede adquirirse una parcela por debajo del mismo.

Un poco de historia (reciente)

La Constitución rusa de 1993 reconoce el derecho a la propiedad privada sobre la tierra, pero durante todos estos años no pasaba de ser una posibilidad teórica, en la medida en que no existía ningún marco legal que reglamentara dicho derecho.

Extraoficialmente, de un tiempo para acá la venta de tierras es un jugoso negocio en la sombra, que deja a funcionarios corruptos ganancias del orden de 10 mil millones de dólares al año, según cifras de Aleksandr Fomin, diputado de la Duma y líder del movimiento Rusia Agraria, torrentes de di-nero que fluyen, por supuesto, al margen de las arcas del Estado.

El Código de la Tierra, adoptado hace un año en medio de un áspero enfrentamiento verbal en la Duma, sin faltar una sesión en que los argumentos fueron sustituidos con ganchos al hígado y otros golpes, reglamentó la venta de la tierra, por primera vez desde la revolución bolchevique de 1917.

Para mitigar el impacto social de la medida, el código se limitó a permitir la compraventa de las tierras urbanas y de aquellas destinadas a instalaciones industriales, que constituyen aproximadamente 2 por ciento del total, y estipuló que tres cuartas partes de la superficie rusa (bosques, zonas bajo protección especial, ríos y lagos, etcétera) permanecen en manos del Estado y, como propiedad de la nación, no son enajenables.

Se anunció entonces la intención de re-glamentar, en una ley por separado, la compraventa de las tierras agrícolas, la restante cuarta parte del territorio del país, reforma que el gobierno de Putin promovió como condición primordial para impulsar la agricultura de Rusia.

Tras el hundimiento de la URSS en 1991, la agricultura rusa entró en una severa de-presión. Apenas ahora empieza a mostrar signos de recuperación, pero todavía falta mucho para que devenga en el sector mo-derno de la economía que propugna Putin.

La falta de competencia e inversiones, entre otros males endémicos de la agricultura local, se traducen en una escasa productividad y en aberraciones como el hecho de tener 30 millones de hectáreas de tierras agrícolas sin cultivar, abandonadas.

Del total de tierras agrícolas, poco menos de 70 por ciento es aún propiedad del Estado; algo así como uno y medio por ciento está en poder de grandes holdings agropecuarios y el resto, casi 29 por ciento, pertenece a particulares, fragmentado en millones de pequeñas parcelas individuales.

A comienzos de los años 90, cerca de 13 millones de personas obtuvieron una parcela gratuita, cuando Yeltsin decidió proceder al reparto formal de la tierra entre los em-pleados de las granjas colectivas soviéticas, los koljoses y sovjoses.

Los campesinos lograron así una pequeña parcela en usufructo permanente, pero sin derecho a venderla, alquilarla o traspasarla.

La entrada en vigor de la nueva ley, 10 años después, eliminará estas restricciones y cada quien podrá hacer con su parcela lo que le plazca.

En los seis meses que faltan, los campesinos rusos tratarán de hallar respuesta a una pregunta que les quita el sueño: la venta de sus tierras, Ƒayudará a renacer la agricultura o tan sólo marcará la consolidación legal de los grandes latifundistas?