Rubén Montedónico

Crisis, corralito y represión

La crítica situación económico-social actual de Uruguay no tiene precedentes. Las largas filas de la última quincena ante los bancos y los saqueos a algunos supermercados de Montevideo en esta semana, son la expresión más directa del agravamiento de una crisis prolongada que cumple su cuarto año consecutivo.

La libre flotación del dólar, decretada el 20 de junio como consecuencia de la pérdida de confianza de los ahorradores en los bancos uruguayos -donde una parte considerable son argentinos- y ante el ejemplo cercano de lo ocurrido en Argentina, no solamente resultó ineficaz para detener la corrida en el mercado bancario, sino que, por el contrario, la impulsó.

Sin embargo, sin minimizar la cuota de contagio que el entorno sudamericano aportó a la crisis presente, el análisis sería insuficiente si no se consideraran otros elementos propios de la economía uruguaya que están entre las causas fundamentales de la crisis.

En la década pasada, el modelo de acumulación aplicado tuvo dos pilares de sustentación: la política cambiaria y el nacimiento del Mercosur.

Por un lado, se aplicó una política de estabilización fincada en el ancla cambiaria -que permitió bajar sustancialmente la inflación-, con el costo de una fuerte sobrevaloración del peso uruguayo (los precios de equilibrio se ubicaron en niveles más altos que los del resto del mundo, aunque eran similares a los de Argentina y Brasil).

Por otro, la puesta en marcha del Mercosur, que potenciado por la sobrevaloración de las monedas regionales facilitó el incremento del intercambio comercial intrarregional, lo que trajo aparejada una fuerte dependencia comercial de Uruguay respecto de sus principales vecinos, Argentina y Brasil. La balanza comercial con esos países, favorable a Uruguay, sirvió fundamentalmente para enjugar el déficit creciente con el resto del mundo.

La primera señal de alarma en el sistema provino de Brasil, cuando este país devaluó su moneda en el marco de una distorsión de los precios relativos de la región comparados con el resto del mundo, provocada por la dolarización de Argentina (Plan de Convertibilidad, 1991) y Brasil (Plan Real, 1994).

Los efectos negativos de la pérdida de competitividad de la producción uruguaya de bienes y servicios se vio reflejada en la baja del PIB, el aumento del desempleo, el incremento del déficit fiscal y el empeoramiento de la situación de la balanza comercial.

La libre flotación dista mucho de ser un mecanismo apto para dotar a los agentes económicos de un horizonte seguro para la toma de decisiones, por lo que el abandono del ancla cambiaria generó un escenario imprevisible.

Antonio Elías, economista y maestro de la Facultad de Economía de Uruguay, sintetiza sus pronósticos, señalando que entre otros aspectos negativos, sobrevendrá "a) una espiral inflacionaria, generada por una pugna distributiva entre empresarios y trabajadores; b) la profundización de la crisis de pequeños y medianos empresarios, del campo y la ciudad, lo que incidirá en una mayor ruptura de la cadena de pagos; c) el incremento de los conflictos sociales provocados por las pérdidas de poder adquisitivo de asalariados, pasivos y la población en general".

Acuciado por la situación financiera -el país debe pagar casi mil millones de dólares por concepto de deuda externa en lo que queda del año y sus reservas cayeron a 625 millones de dólares, menos de un tercio de las que poseía a principios de año-, la demanda de los ahorradores en el momento en que finalice el feriado bancario y la explosión de descontento social, el gobierno del presidente Jorge Batlle intenta dos salidas para el corto plazo: una, en la que demanda a los parlamentarios de la coalición bipartidista de gobierno que voten una ley que le permita establecer un "corralito a la uruguaya", y, por otro lado, de cara a la insatisfacción popular, ensaya métodos de guerra psicológica con un trasfondo de amenaza represiva.

El Parlamento de Uruguay trata este fin de semana de aprobar una ley mediante la cual los depósitos en dólares a plazo fijo en la banca estatal sean devueltos en un periodo escalonado de tres años, con pagos trimestrales de los dividendos.

Por otro lado, frente al descontento popular y algunos pocos saqueos, el Ministerio del Interior descubre la existencia de una poderosa organización subversiva ultraizquierdista a la que responsabiliza por esos actos.

El viernes, policías uniformados se dedicaron a recorrer zonas comerciales advirtiendo a sus propietarios de que podrían ser asaltados por una turba de 5 mil personas que se estaba moviendo por distintos barrios de Montevideo. Nadie vio a esa banda, ningún fotógrafo o camarógrafo pudo presentar una sola escena con ese contingente humano.

En una situación inédita como la que se vive en Uruguay, el peor error del gobierno es intentar aplacar la ira popular inyectando miedo a la sociedad o criminalizándola y politizándola para usos gubernamentales.

La población uruguaya reclama tanto por la certidumbre de sus depósitos, salarios y pensiones como por el castigo de aquellos que coadyuvaron a generar esta crisis, por lo que piden que en el caso de tres bancos que -tras ser saneados por el Estado y reprivatizados- fueron saqueados por sus dueños, sean encarcelados y se le confisquen los bienes para cubrir las cuentas de sus clientes. Eso sí podría devolver al gobierno parte de la confianza ciudadana perdida.