Recomienda ir a juicio a habitantes de unidad Santa Fe

Procuraduría Social, sin facultad en conflicto IMSS-condóminos

En el pasado, las instituciones que construyeron los conjuntos habitacionales daban servicios a cambio de lealtad, señala

JOSEFINA QUINTERO MORALES

La Procuraduría Social del Distrito Federal no tiene facultad para decidir en la problemática de los condóminos de la Unidad Habitacional Santa Fe y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), asegura Patricia Ruiz Anchondo, titular de esa dependencia, quien les sugirió elegir una representación legal para ir a juicio.

La procuradora social del DF expone que el clientelismo y el otorgamiento de servicios a cambio de lealtad rigieron en los gobiernos anteriores la relación de condóminos con los organismos encargados de otorgar la seguridad social, como el IMSS y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), que fueron los primeros en construir conjuntos de vivienda.

La funcionaria expone cómo ha afectado el cambio del modelo económico a los habitantes de estas unidades. Entonces, asegura, los conjuntos funcionaban como proyecto siempre y cuando hubiera una aportación por parte del gobierno, porque eran viviendas de interés social.

Así, dijo, hace más de 50 años el IMSS edificó algunos conjuntos en la ciudad de México para resolver el problema de la vivienda: "Se construyeron como casas en renta, y con el cambio en el modelo económico su funcionamiento ya no resultaba práctico para el instituto, y entonces, por decreto presidencial se desincorporaron de la Federación".

Cuando el IMSS asignó las viviendas a sus ocupantes, los contratos de arrendamiento eran por 100 años o de por vida, por lo cual la mayoría de la gente no está de acuerdo en que el instituto se retire, porque deja de atender los servicios de mantenimiento de las áreas comunes. Además, agrega, la procuración en los servicios eran los derechos que tenían las personas en un modelo económico que era diferente al de ahora.

Cuando este esquema cambia, lo que las instituciones tratan de hacer es adjudicar la responsabilidad a los ocupantes de las viviendas en un esquema nuevo, con condóminos que no tienen condiciones ni posibilidades económicas.

Así, indica, "la procuraduría social inició una cultura condominal, porque la vivienda de interés social que se construyó originalmente en estos conjuntos habitacionales tenía un esquema que respondía a un modelo económico generado por relaciones de clientelismo. El gobierno les otorgaba ciertos servicios a cambio de lealtad".

Añade que al final llegó el neoliberalismo, y el gobierno del presidente Fox cortó y dijo: "no, nada de populismos, aquí suspendemos los recursos para dar servicio a dicho conjunto", lo que indica que ya tienen la decisión de irse.

Precisa que efectivamente las relaciones del pasado cambiaron en términos económicos, "y la tarea que nos dejan ahora es de organizar los condominios en estas condiciones adversas. La Procuraduría Social tiene que darles orientación en materia de derechos y obligaciones, aplicando un programa de rescate de las unidades habitacionales precisamente por el deterioro que han sufrido durante tantos años. Ahora nosotros estamos aplicando medidas correctivas en los conjuntos que abandonó el gobierno, porque dijo: yo ya no tengo dinero y me voy".

Sobre la situación de los habitantes de la Unidad Habitacional Santa Fe, señala que hay dos posiciones "irreductibles": el IMSS que argumenta que ya no tiene recursos para seguir otorgando los servicio que prestaba, y los condóminos que argumentan que el instituto tiene que seguir. Ante la circunstancia recomendó a los condóminos que se vayan a juicio para que sea un juez el que determine lo que procede, si el fideicomiso tiene o no responsabilidad con esos conjuntos.

Es el juez, apunta, el que va a determinar la situación, la procuraduría no tiene la facultad para hacerlo. Para que ellos puedan llevar el proceso, indica, deben contar con una representación legal del condominio, por lo cual es necesaria la autoadministración, no para que empiecen a cobrar cuotas, sino para que tengan una representación legal que les permita llevar un juicio. La procuraduría está dispuesta a seguir con los vecinos siempre y cuando ellos lo soliciten, concluyó.