Una constante, los abusos de autoridad: ombudsman

Declaran 6 policías en relación con la muerte de colono de Cuajimalpa

ANGEL BOLAÑOS SANCHEZ

Los seis policías de la Secretaría de Seguridad Pública detenidos el domingo por la muerte de un habitante de San Miguel Tlatenango, en la delegación Cuajimalpa, al que pretendían detener por estar ingiriendo bebidas alcohólicas en la vía pública, anoche todavía rendían su declaración ante el agente del Ministerio Público de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal.

Aun cuando el secretario de Seguridad Pública, Marcelo Ebrard Casaubón, dijo ayer que ya se había identificado al policía que disparó contra Joel Casimiro Sánchez y aseguró que el crimen no quedará impune, la procuraduría capitalina continuaba analizando los peritajes de balística y tomaba declaración a los seis uniformados: Juan Alfonso López Cuenca, Flor Vázquez Vega, Santiago Hernández Flores, Daniel Garduño Carmona, Hugo Reyes Martínez y Joel Avelar García. Este último fue señalado desde anteayer como el agente que habría disparado en dos ocasiones contra la víctima.

Al respecto, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Emilio Alvarez Icaza, advirtió que un problema constante en el ejercicio de la autoridad es que termina en actos de abuso. No obstante, considero necesario también reconocer el trabajo de los policías que realizan acciones positivas en beneficio de la sociedad y garantizan el derecho a la seguridad de los capitalinos.

Recordó que ya hay estándares en que deben actuar los policías para que al hacer uso de la fuerza no generen una lesión indebida. "La Comisión de Derechos Humanos del DF siempre acompañará la lucha contra la delincuencia, (pero) en el marco de la ley. Lo que no es correcto es que haya acciones de autoridad que, de manera injustificada, indebida, lesionen las garantías de los ciudadanos".

Alvarez Izcaza dijo que el organismo analiza la forma en que ocurrieron los hechos a fin de determinar si es factible iniciar de oficio una recomendación.

Respecto de la iniciativa que anunció el procurador Bernardo Bátiz Vázquez para reformar el Código Penal a fin de que las personas que hayan cometido un ilícito en estado de ebriedad pierdan el derecho al beneficio de la libertad bajo fianza -como los conductores que en estado de ebriedad atropellen a alguien-, el ombudsman consideró que hace falta un marco regulatorio y hacer un profundo análisis del problema.

Alvarez Icaza fue entrevistado durante el foro Desafíos y prioridades, después de la sesión especial de las Naciones Unidas a favor de la infancia, donde reiteró su rechazo a la reducción de la edad penal e instó a las autoridades locales a participar en la atención a los menores infractores, lo cual actualmente es responsabilidad de las autoridades federales a través de la Secretaría de Seguridad Pública y Servicios a la Justicia.

Recordó que durante un motín reciente en el Consejo Tutelar de Menores, la CDHDF no pudo entrar a las instalaciones, aunque ingresó la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Luego propuso al titular de la SSP federal, Alejandro Gertz Manero, establecer colaboración; el funcionario aceptó, pero después ya no hubo respuesta positiva.