Luis Linares Zapata
Disyuntivas peligrosas
La promesa de campaña de combatir sin tregua la corrupción, convertida ahora por el presidente Fox en política de gobierno, enfrenta una disyuntiva que puede serle fatal para su futura continuidad. Los dirigentes actuales del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) intentan, por varias rutas y medios, detener las investigaciones en su contra, iniciadas, desde hace ya bastante tiempo, por el Ejecutivo federal. Parar o desviar el curso natural de ese proceso jurídico para evitar o posponer el conflicto desatado con tan señeros representantes del viejo régimen, sería finiquitar toda pretensión de limpiar el sistema establecido y fundamentar el cambio. Eso es, al final, lo que está en juego.
La nueva táctica empleada por los líderes trata de mezclar, en este ambiente enrarecido de acusaciones sesgadas, filtraciones varias y sólo algunos datos duros aislados, su propia defensa con la revisión de los salarios de los trabajadores de la empresa paraestatal que es, con mucho, la más importante del país. De no llegarse a un acuerdo (este artículo se escribe el martes 31 de julio) y de no darse una prórroga, hoy miércoles estallaría una huelga, la primera en la historia de Pemex, de devastadoras consecuencias para todos.
Nadie ignora la importancia que la paralización de Pemex acarrearía para la vida económica, social y política de México, aunque sea por un corto periodo. Los actores de la negociación en curso deben estar muy claros de las implicaciones. Para el gobierno tal huelga es, simplemente, prohibitiva. Además de afectar los compromisos con los clientes externos que se tienen, se tendrían que contabilizar los enormes recursos perdidos con cada día de crisis. Pero las derivaciones internas se-rían de mucho mayor peso y las acciones de pánico no se dejarían de observar de inmediato. Así tienen que visualizarlo los sindicalistas por más legitimidad que los derechos de los trabajadores a una remuneración adecuada sean el núcleo del posible conflicto. En esta empresa petrolera los accionistas son los mexicanos mismos. Se tiene entonces que atender al interés colectivo, pues, para ponerlo en términos corrientes de hoy en día, con ello se tocarían asuntos vitales de seguridad nacional. La táctica empleada por los dirigentes sindicales de Pemex es de cuestionable responsabilidad, porque mezclan su defensa concreta con los intereses de sus representados, que son bastante distintos y, sobre todo, más vastos y prioritarios.
No pueden ignorar tampoco el desgaste de su organización ante la mirada, ya bien cansada, de los mexicanos, hartos de manipulaciones, derroches, desviaciones certificadas por la historia corriente y también por la consagrada, a que se han expuesto las burocracias obreras tradicionales del viejo sistema que se trata de modificar. Nadie encontraría justificado que se alineara la defensa de dos, tres, cinco o más lideres con los incrementos a las remuneraciones que hay necesidad de conseguir para los sindicalizados de Pemex. Menos aún poner a los trabajadores de base en discrepancia forzada con los reales intereses de los accionistas, jefes directos de todos ellos.
En medio de las negociaciones en curso los dirigentes obreros echaron mano de una triquiñuela adicional: pidieron al Consejo de Administración que certificara la validez de los convenios internos para otorgar préstamos o ayudas al sindicato. Tal órgano no tiene facultades para ello, pues calificar los convenios administrativos sólo corresponde a las autoridades centrales (Secodam) y, en última instancia, a los jueces. Las municiones difusivas que esperaban obtener con un pronunciamiento de esa naturaleza se les cebaron. Ya no podrán usarlas en la disputa por la verdad pública, ya muy recargada en contra de los dirigentes bajo cuestión. Pero la batalla comunicativa y de filtraciones no da para más.
La presión ejercida sobre la revisión de los salarios y su posible huelga es un indicador de hasta dónde se puede llegar si se obvia o alarga recurrir a los tribunales para finiquitar responsabilidades, ya que éstos son, qué duda cabe, los árbitros ineludibles para dirimir culpabilidades de conductas erradas. Fuero de ello hay que dedicarse a trabajar y, otros, a hacer política para gobernar.
