Frustran supuesto atentado suicida de las FARC
Bogotá podrá usar contra la guerrilla la ayuda antidrogas que le da Washington
AFP, DPA Y REUTERS
Washington, 24 de julio. La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó hoy la autorización para que la ayuda antidrogas que otorga a Colombia pueda ser usada indistintamente por el gobierno de ese país en la lucha contra los grupos armados ilegales como las guerrillas de izquierda y los paramilitares de extrema derecha.
Colombia expresó su satisfacción por la decisión por conducto de su embajador en Washington, Luis Alberto Moreno, quien señaló que en 30 años de cooperación bilateral contra el narcotráfico "Estados Unidos siempre había limitado su ayuda a la lucha contra ese flagelo", y consideró esto como un logro del gobierno del saliente presidente Andrés Pastrana.
El vocero del Departamento de Estado, Richard Boucher, también destacó la importancia de la legislación al afirmar que constituye un esfuerzo contra el terrorismo. Se trata de una ayuda comprendida en un paquete de financiamiento suplementario por 28 mil 900 millones de dólares dirigido a la campaña global contra el terrorismo.
Ahora resta que el proyecto de ley sea aprobado por el Senado, el cual incluye 35 millones de dólares adicionales para Colombia.
Por lo pronto, se atribuyó a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) ataques dinamiteros ocurridos en las recientes 24 horas en Medellín, Antioquia, y Rioseco, Cundinamarca, que dejaron al menos tres muertos y 15 heridos en total.
La policía colombiana informó haber redoblado la vigilancia por tierra y aire, tras denunciarse que los servicios de inteligencia "neutralizaron" un supuesto plan suicida de las FARC para estrellar un avión contra el palacio de gobierno o el Congreso el 7 de agosto, fecha de la asunción del presidente electo Alvaro Uribe.
En este contexto, la divulgación de un video del 15 de mayo en que aparece la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt y su asesora Clara Rojas, secuestradas en enero pasado por las FARC, generó una amplia polémica, porque Betancourt acusa al gobierno de su secuestro y de carecer de una política contra ese delito.
El comisionado para la Paz, Camilo Gómez, rechazó la acusación y declaró que hay disposición de las autoridades a discutir con las FARC un acuerdo para su liberación, mientras que la procuraduría inició una investigación para establecer si el gobierno obró con negligencia en ese caso, que lleva ya cinco meses.
