Debemos llegar a conclusiones para bien del país, dice Pérez Fernández a diputados

El gobierno insistirá en la opción Texcoco

La oferta de pagar $50 por metro cuadrado de tierra es un precio base para negociar

GEORGINA SALDIERNA

Ante diputados federales de la Comisión de Transportes, el coordinador para la atención y desarrollo del nuevo aeropuerto, Francisco Curi Pérez Fernández, lamentó ayer la muerte del ejidatario José Enrique Espinoza, aunque destacó que es resultado de la confrontación ocurrida entre miembros de la fuerza pública del gobierno del estado de México y los campesinos de San Salvador Atenco, sin descartar el tipo de malestares y problemas que padecía.

Frente a la posibilidad de que la muerte del campesino pueda complicar las negociaciones, agregó que el gobierno federal buscará que esto no suceda, porque "tenemos la responsabilidad de sacar adelante una buena plática y un buen diálogo para arribar a conclusiones que sean las mejores para el país".

Curi Pérez Fernández dijo que tiene la instrucción de insistir en las negociaciones que Texcoco es la mejor opción para el nuevo aeropuerto internacional, aunque reconoció que "la moneda está en el aire", ya que los comisarios ejidales se mantienen en la posición de defender sus intereses.

Manifestó que será mediante el consenso como se pueda llegar a un acuerdo.

Destacó que la propuesta de indemnizar a los campesinos con 50 pesos por metro cuadrado debe considerarse como un precio base, como un precio de garantía a partir del cual se puede negociar.

Durante la prolongada comparecencia, en la que el director de Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA), Ernesto Velasco, insistió en que técnicamente la mejor opción para la terminal aérea es Texcoco, Curi Pérez Fernández rechazó las críticas acerca de que se violentó la ley en la solución de la crisis ocurrida en Atenco hace dos semanas.

Puntualizó que tanto el gobierno federal como el del estado de México reaccionaron haciendo uso de las facultades que marca la ley y utilizando la posibilidad de flexibilidad de este marco para poder darle salida al conflicto.

Advirtió que quien piense que se puede quebrantar la ley mediante la presión, muy temprano se le puede demostrar que el gobierno está para hacer valer el estado de derecho y lograr que las cosas se encaucen por la vía de la tolerancia y de la democracia, pero también de la ley. No hay gobiernos estatales o federales débiles, hay gobiernos democráticos y sensibles que no van a postrarse ante el imperio de la violencia o la ilegalidad.

Durante la comparecencia, el diputado perredista Francisco Patiño lamentó la muerte del ejidatario y pidió que se sancione a los responsable de su deceso.

Martí Batres, coordinador de la bancada del PRD en la Cámara de Diputados, planteó, por separado, la posibilidad de que su partido proceda legalmente contra el gobernador y el procurador del estado de México por la muerte de Espinoza, la cual fue producto también de la violencia y la represión que ejercieron las fuerzas de seguridad mexiquenses.

El diputado panista Alejandro Gutiérrez preguntó si detrás del movimiento de ejidatarios se encuentra el PRD y el jefe de Gobierno del Distrito Federal, y criticó que los campesinos se presenten a negociar con sus machetes, porque eso impacta en todo el país y ya se empiezan a presentar otros conflictos donde los manifestantes llegan también con armas.

Por el PRI, el diputado Raúl Cervantes aseguró que se ha torcido la ley a causa de los movimientos sociales. Su correligionario Gustavo Donis García lamentó la muerte del ejidatario Espinoza, pero puntualizó que no era de Atenco y no murió a causa de los golpes que recibió en el enfrentamiento de hace 15 días, sino por diversas enfermedades que padecía, como diabetes, problemas broncorespitratorios e insuficiencia renal. El legislador aseguró que sus dichos se basan en un reporte médico, y para rematar exoneró al gobierno del estado de México de cualquier responsabilidad en el deceso del campesino.

En la primera parte de la comparecencia, el director de ASA hizo una presentación del proyecto del aeropuerto, mientras Curi Pérez Fernández se refirió a los contactos que se habían tenido con las autoridades de las comunidades antes de que estallara la violencia, la cual descartó como parte de un plan para boicotear la negociación.

Explicó que no se había ofrecido un mejor precio a los ejidatarios por sus tierras debido a los problemas de austeridad que enfrenta el gobierno federal, y resaltó que la nueva propuesta de pago está ligada a un programa de empleo, capacitación y vivienda. El objetivo de estos planteamientos es incluir a los campesinos en los beneficios que reportará el aeropuerto y que no se conviertan en "convidados de piedra".

En la sesión de preguntas y respuestas insistió en que el gobierno federal no claudicará de su facultad para hacer prevalecer el orden, pero con el apoyo de la negociación y el diálogo.

Rechazó que exista terquedad de las autoridades federales para que la terminal aérea se construya en Texcoco, y explicó que si el gobierno se hubiera echado para atrás ante la primera controversia, estaría en duda la seguridad y la certidumbre de lo que quiere hacer.

El representante gubernamental reiteró su demanda para que los ejidatarios de Atenco hagan a un lado a las organizaciones sociales que apoyan su movimiento, pues ellos son capaces de defender sus puntos de vista, tienen ideas muy claras y "no necesitan vejigas para nadar".

Por último, dijo que no tiene conocimiento de que haya extranjeros en la movilización de los campesinos, y destacó que ese tipo de acciones concitan la solidaridad de distintas latitudes. Pero si hay extranjeros las autoridades tendrán que actuar de acuerdo con lo que marca la ley.