Fallo de una corte en Florida por casos ocurridos en los 80

Condenan a ex generales salvadoreños a pagar 54 mdd a víctimas de tortura

AFP

West Palm, Beach, 23 de julio. Dos ex generales salvadoreños fueron condenados este martes a pagar casi 55 millones de dólares por daños a tres víctimas de tortura, tras ser encontrados responsables por violar derechos humanos mientras dirigían tropas en la guerra civil de El Salvador en la década de los 80.

"Esto es una gran victoria", dijo uno de los demandantes, Carlos Mauricio, de 50 años, luego de que un jurado de la ciudad de West Palm Beach, Florida, emitió su veredicto contra el ex ministro salvadoreño de Defensa, José Guillermo García (68), y el ex director de la Guardia Nacional, Carlos Eugenio Vides (64).

Los dos ex militares fueron responsabilizados por los abusos cometidos por tropas bajo sus mandos y el jurado les ordenó pagarles 54.6 millones de dólares en daños a Mauricio, a Neris González y a Juan Romagoza.

Tanto los demandantes como los demandados llevan varios años viviendo en Estados Unidos; los generales desde 1989.

"Para prevenir la tortura debemos combatir la impunidad, y espero que esto permita que (otras personas) traigan acusaciones contra aquellos responsables de tortura", declaró Mauricio, académico detenido y torturado en los cuarteles de la Guardia Nacional salvadoreña en junio de 1983.

La demanda se sometió en un tribunal federal amparada en leyes estadunidenses que permiten a las víctimas de tortura reclamar en Estados Unidos por abusos cometidos en cualquier parte del mundo.

Por su parte, Joshua Sondheimer, director de litigios del Centro para la Justicia y la Responsabilidad, con sede en San Francisco, California, adelantó que su grupo, que ayudó a organizar este caso, trabaja en dos demandas similares. Una es contra uno de los responsables de la Caravana de la muerte en Chile, en la que opositores al dictador Augusto Pinochet fueron ejecutados tras el golpe de Estado de 1973, y otro contra un ex director de inteligencia de Honduras.

El caso contra los salvadoreños se basó en la doctrina de la responsabilidad de mando, que establece que los líderes militares tienen la obligación de evitar que sus tropas cometan crímenes de guerra y violaciones a los derechos humanos.

Esta es la segunda vez en dos años que militares retirados son procesados de los mismos cargos.

Amnistía Internacional ha denunciado que decenas de torturadores que huyeron de la justicia de su país o de otros lugares se han establecido en Estados Unidos.