El diputado Manuel Añorve pidió a la CNDH que envíe desglose a fiscalía especial
Turnarán a Carrillo Prieto denuncia sobre nexos entre el alcalde acapulqueño y Acosta Chaparro
La querella fue presentada por el priísta luego de persecuciones extrañas a su familia
ENRIQUE MENDEZ
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) turnará a la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, a cargo de Ignacio Carrillo Prieto, la queja que en diciembre de 2001 presentó el diputado federal Manuel Añorve Baños en contra del alcalde de Acapulco, Zeferino Torreblanca Galindo, en la que se denuncian los vínculos del edil con el general Mario Arturo Acosta Chaparro.
La denuncia fue presentada por el legislador luego de que en ese mes recibió en su casa de Acapulco "amenazas de muerte" vía telefónica y de que su esposa e hijos sufrieron "extrañas persecuciones" en el puerto.
Añorve Baños atribuyó esas agresiones a la información que difundió previamente sobre la relación entre Torreblanca Galindo y el general Arturo Acosta Chaparro, sujeto a proceso penal por supuestas actividades relacionadas con el narcotráfico. El 5 de marzo pasado familiares de desaparecidos en Guerrero durante la llamada guerra sucia de los años setenta y ochenta, acusaron al militar de ser el principal responsable de diversas desapariciones en el estado.
Añorve Baños responsabilizó al alcalde Torreblanca y a Acosta Chaparro -quien hasta antes de su detención participó como "asesor en seguridad pública" del ayuntamiento- "de cualquier atentado que pueda llegar a efectuarse en contra mía o de mi familia".
El hecho de que se turne la queja al fiscal Ignacio Carrillo Prieto se fundamenta en la petición de Añorve a la CNDH, en la que solicitó abrir una línea de investigación en contra de Torreblanca Galindo "con relación a los delitos del orden federal por los cuales es procesado Mario Arturo Acosta Chaparro, compadre y asesor en materia de seguridad del presidente municipal".
Otra indagatoria
Paralela a esta denuncia, la Procuraduría General de la República (PGR) inició la averiguación previa AP233/SC/2001 en contra del alcalde Torreblanca, por el presunto delito de peculado, por el desvío de casi 110 millones de pesos del ramo 33, asignaciones federales a estados y municipios que no ejerció o desvió durante el ejercicio fiscal 2000.
La averiguación se abrió a partir de una denuncia de hechos presentada por Oscar Rangel Miravete, el 25 de noviembre de 2001. En el expediente se refiere que de las 532 obras públicas programadas por el ayuntamiento para realizarse con los 400 millones de pesos que la Federación le transfirió, sólo se ejecutaron 354.
"Tales obras -señala la denuncia- arrojaron una serie de irregularidades en su ejecución, que hacen presumir la comisión de conductas dolosas y un manejo ilegal de los recursos públicos del ramo 33, ocasionando no sólo un perjuicio a los acapulqueños, sino posiblemente un beneficio personal para el presidente municipal" y algunos de sus colaboradores.
Se señala que, de acuerdo con la normatividad aplicable al ejercicio de los fondos del ramo 33, los recursos no ejercidos o el gasto no sustentado en documentos probatorios deberán ser reintegrados a la Federación, y que en este caso se presume que Torreblanca no los devolvió, sino que "pudo haberlos utilizado para beneficio personal".
La investigación está en curso, a diferencia de la que presentó el propio Torreblanca Galindo en contra de Añorve Baños por peculado y desvío de recursos por obras no realizadas cuando el diputado fue alcalde de Acapulco, y por la cual se inició la averiguación previa 266-AI/2001.
Sin embargo, el diputado federal presentó ante la delegación de la PGR un acta del notario número 1 de Acapulco, Alfonso Guillén Quevedo, quien el 4 de noviembre de 2000 corroboró que las obras supuestamente no llevadas a cabo sí existen.
El presunto fraude al municipio
Además del presunto peculado de Torreblanca Galindo, en el municipio se han cometido otras irregularidades administrativas y financieras.
Por ejemplo, los recibos del pago de derechos por refrendo de licencia para negocios reflejan que el ayuntamiento cobra menos de lo establecido en sus propias tarifas, lo cual causa un daño al patrimonio del municipio.
La Jornada tiene copias de distintos recibos expedidos a bares, restaurantes y centros nocturnos. Es el caso del Suntory, que opera como restaurante con servicio de bar y que de acuerdo con la tarifa del ayuntamiento debía pagar 23 mil 361.85 pesos; sólo le cobraron 7 mil 173.
Al Sanborns situado en la costera Miguel Alemán el gobierno local le cobró mil 400 pesos por los derechos de ampliación de su horario a 24 horas y la licencia de vender bebidas alcohólicas, cuando por ambos conceptos tenía que haber aplicado la tarifa de 23 mil 361.85 pesos.
En igual circunstancia está el Carlos'n Charlies, que sólo pagó 7 mil 475 pesos. Las irregularidades se extienden al cobro de impuestos a cabarets, como el denominado El Sombrero, que opera con licencia de "centro nocturno de primera clase" -a éstos se les debe aplicar una tarifa de 33 mil 342.53 pesos- y únicamente pagó 7 mil 938 pesos.
También se cuenta con la copia del recibo por mil 521 pesos extendido al Súper Más, ubicado también en la costera Miguel Alemán, que opera como "minisúper con bebidas alcohólicas en botella cerrada", y que como tal debió pagar 9 mil 806 pesos.
Todos tienen el sello de la Dirección de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del ayuntamiento, y en los documentos resalta la leyenda: "Contribuye por el Acapulco que queremos y anhelamos".
Además de estas irregularidades, el 26 de noviembre pasado la delegación de la Procuraduría General de Justicia del estado, con sede en la Costa Azul, recibió una demanda penal en contra del alcalde Zeferino Torreblanca, del secretario de Finanzas, Carlos Alvarez Reyes, y del director de Catastro, Enrique Félix Narciso Pasta Muñúzuri, quien además tiene el cargo de subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Finanzas.
La denuncia, por los presuntos delitos de peculado, negociaciones ilícitas y desempeño irregular de la función pública, fue presentada por el ciudadano Evelio Brito Gómez, quien reveló que los funcionarios públicos realizaron un acuerdo con los propietarios de un terreno en Playa Diamante, del fraccionamiento Copacabana de Acapulco, para que pagaran una cuota reducida por derechos de adquisición de inmuebles.
El documento hace referencia a los recibos 702323 y CA-12833, de la Dirección de Ingresos de la Agencia del Impuesto del Catastro, perteneciente a la Secretaría de Finanzas, en los que se confirma el cobro de sólo 370 mil 125 pesos por un predio que tiene un valor de 74 millones 25 mil pesos, y por el que -de acuerdo con las tarifas del ayuntamiento- debió cobrarse un millón 924 mil 150 pesos.
Esta operación, dijo el denunciante, "le ocasionó un perjuicio a la hacienda municipal de aproximadamente un millón 160 mil 500 pesos". De acuerdo con la querella, esta reducción en el pago de impuestos pudo deberse "a un acto discrecional y posiblemente a negociaciones ilícitas" de Torreblanca y sus colaboradores.
Brito Gómez solicitó a la Procuraduría Genral de Justicia del estado notificar de la denuncia al Congreso del estado, con el objetivo de que se le inicie a Torreblanca un juicio de procedencia para despojarlo del fuero constitucional y que enfrente el proceso penal en su contra.
Desde el 24 de abril de 2000, el director de Regulación e Inspección de Reglamentos y Espectáculos, Eduardo Rivera Ruiz, presentó una denuncia en contra de la directora de Ingresos, Adela Solís Martínez -del primer círculo de amigos de Torreblanca-, quien se dedicaba al cobro personal del refrendo de licencias, antes de que la oficina de Reglamentos determinara si procedían o no.
La funcionaria concedió el refrendo de licencias a centros nocturnos, bares y hoteles del puerto, por lo que se le inició un proceso administrativo, que concluyó en una suspensión de un mes, como consta en el expediente 14/2000 de la contraloría general municipal, a cargo de Rubén Huerta Martín.
Sin embargo, concluida la suspensión, a Solís Martínez se le inició un nuevo proceso, esta vez el 21/2000, del 7 de agosto de ese año, a partir de una denuncia presentada por Angel Yáñez Avilés, propietario del centro nocturno Bird's, quien acusó a la funcionaria de haberle solicitado 10 mil pesos para aprobar su licencia de funcionamiento, además del pago por derechos al municipio.
El mismo Huerta Martín le impuso otra suspensión de un mes, a partir del 11 de septiembre de 2000, por haberla encontrado responsable de ejercicio indebido del servicio público y falta de probidad en el cargo.
