Bush, el derrumbe y los escándalos

Todavía no se cumple el primer año de los atentados contra las Torres Gemelas, que permitieron a George Bush remontar las encuestas de popularidad, al pasar de un magro 51 por ciento de apoyo en agosto a más de 90 por ciento en octubre de 2001, y ya hay signos de un derrumbe político que no necesitó de aeropiratas ni de fundamentalistas mediáticos.

El derrumbe se refiere a algo más dramático para el estadunidense medio que creyó en el canto bélico de la "guerra contra el terrorismo": el verdadero enemigo de Estados Unidos está adentro y en el seno de una especie de cleptocracia de altos vuelos cuyos fraudes financieros causaron el viernes la caída más dramática de Wall Street desde 1998.

Los dos principales periódicos y consorcios televisivos de Estados Unidos publicaron en estos días dos encuestas que revelan el estado de desánimo y desconfianza en la nueva economía y en el presidente, quien apenas el 10 de julio prometió encabezar medidas más fuertes contra la corrupción corporativa en Estados Unidos. Ambos sondeos le otorgan el nivel de popularidad más bajo desde los atentados del 11 de septiembre (entre 70 y 72 por ciento). En la encuesta de The New York Times/CBS dos de cada tres encuestados están convencidos que Bush tiene mayor interés en defender a las grandes compañías que a los ciudadanos; 48 por ciento cree que la economía está peor, contra 42 por ciento que opina que está mejor; 58 por ciento cree que las grandes empresas tienen demasiada influencia sobre la administración republicana; 62 por ciento considera como muy graves los recientes escándalos corporativos para la economía nacional. A su vez, la encuesta de The Washington Post/ABC refleja que 54 por ciento de los estadunidenses cree que las medidas de Bush contra el fraude empresarial "no son suficientemente duras".

Paradójicamente, a pesar del aún alto nivel de apoyo, 57 por ciento de los encuestados en ambos sondeos cree que su presidente oculta algo o miente cuando se refiere a su gestión al frente de la compañía petrolera Harken Energy. El escándalo, por supuesto, apenas comienza. La información revela que en 1990, Bush recibió información privilegiada sobre el estado financiero de la compañía. Esto le permitió vender 212 mil 140 acciones que le reportaron una ganancia de 848 mil 560 dólares. Dos meses después, Harken declaró que las pérdidas en el segundo trimestre del año eran mucho mayores a las previstas, ocasionando que se hundieran sus valores bursátiles.

El escándalo se conoció horas antes de que Bush pronunciara sus propuestas para contrarrestar la corrupción empresarial, en medio de los casos que llevaron a la quiebra al consorcio energético Enron, a WorldCom, al gigante de telecomunicaciones Qwest Communications International, al grupo farmacéutico Bristol-Myers Squibb, al consorcio informático AOL-Time Warner, a Xerox, Andersen, Adelphia, más las que se sumen en los próximos días. En otras palabras, una serie de empresas de la llamada nueva economía que se han derrumbado en las semanas recientes ante los indicios de megafraude bursátil. Frente a este desafío, Bush sólo ha podido pronunciar discursos inofensivos judicialmente y ha tratado de protegerse de los indicios que lo involucran a él y a su vicepresidente, Dick Cheney, en los casos de fraude.

El problema más severo para esta generación de republicanos de la posguerra fría será tratar de contrarrestar los indicios de corrupción, en vísperas de las campañas legislativas, con discursos belicistas que alimentan la deficitaria economía de guerra (los gastos militares ascenderán a 400 mil millones de dólares en 2003) y con medidas que violentan los derechos civiles básicos de millones de estadunidenses (confidencialidad, libre tránsito, derecho a la salud, etcétera). La obsesión represiva y militar no podrá sustentarse en medio de los escándalos que apuntan hacia la Casa Blanca y que demuestran la doble vara con que miden Bush y su equipo a las "amenazas terroristas", y la displicencia con que enfrentan los escándalos de corrupción.

El profesor Julio Aramberri, de la Universidad de Filadelfia, lo expresó así en un reciente artículo: "El apoyo masivo a la intervención en Afganistán y a las medidas antiterroristas que la acompañaron no significa necesariamente que la inmensa mayoría de los americanos compartan todas las obsesiones represivas del gobierno. Difícilmente podrá extenderse otro cheque en blanco ante circunstancias que requieren más matices (...) como el recorte de los derechos civiles por razones de las exigencias de seguridad".

En este terreno, el vocero de la organización internacional Reporteros Sin Fronteras, Robert Menard, expresó su absoluto rechazo a las medidas anunciadas por el secretario de Justicia, John Ashcroft, y el director de la FBI, Robert Mueller, para tener nuevos poderes de espionaje en la red informática y en las líneas telefónicas bajo el pretexto de perseguir a personas relacionadas con actividades terroristas. "Esto recuerda las horas sombrías del macartismo", subrayó Menard.