Responde a sindicatos opuestos a la legislación
La ley de ciencia no busca dañar a científicos, dice Loyola Díaz
A veces se ven fantasmas donde no los hay, expresa
CAROLINA GOMEZ MENA
La Ley de Ciencia y Tecnología, en su aspecto laboral, se diseñó con base en criterios académicos, "por lo que de ninguna manera pretende generar regímenes de excepción que pudieran afectar derechos de los investigadores del país", afirmó Rafael Loyola Díaz, presidente del grupo de directores de los centros de investigación SEP-Conacyt.
Reconoció, sin embargo, que se requiere un espacio de diálogo en el que se aclaren las características del artículo 56 de la citada ley, e incluso "si hubiera riesgo técnico" en este apartado habría que llevar la discusión ante los legisladores.
Loyola, también director del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) respondió así a los sindicatos que el pasado jueves interpusieron amparos colectivos contra la nueva Ley de Ciencia y Tecnología, en particular por la fracción 12 del artículo 56, la cual violentaría los derechos laborales de los académicos.
El director del CIESAS -uno de los principales promotores de la ley en cuestión- aseveró que resulta "irresponsable y absurdo" considerar que un artículo de la ley -"que no fue elaborado de mala fe"- pudiera ser utilizado para aplicar criterios discrecionales y arbitrarios en un tema "ampliamente consensuado" con la comunidad científica.
"El país está revuelto y a veces se ven fantasmas y malas intenciones donde no las hay", expresó en entrevista, luego de que La Jornada informó sobre el amparo promovido por al menos ocho sindicatos de centros públicos de investigación que buscan derogar el apartado laboral de la citada ley, aprobada en junio pasado -por unanimidad- en el Congreso de la Unión.
Por el contrario, aseveró, el objetivo es "resguardar" a los académicos de criterios estrictamente laborales, porque antes "había un descobijo para la comunidad en estos aspectos, por ejemplo, lo relativo a ingresos, promoción, estímulos y definitividad (en el empleo)".
Señaló que quienes promovieron la nueva Ley de Ciencia y Tecnología para los 29 institutos que dependen del sistema SEP-Conacyt no están contra la estabilidad laboral y tampoco planearon el artículo 56 "con base en una agenda oscura".
La coalición de abogados de los sindicatos inconformes -integrada por Alfonso Bouzas, Arturo Alcalde y Héctor Barba- insistió en que la fracción siete del artículo tercero constitucional posibilita sólo a las instituciones autónomas por ley (como el Consejo Universitario de la UNAM y el Colegio Académico de la UAM) decidir ingreso, promoción y permanencia, porque son instituciones que precisamente por su autonomía son gobernadas por instancias académicas.
En cambio, las juntas de órganos de gobierno de los centros públicos de investigación están integrados por funcionarios de las secretarías de Estado, es decir, "constituye una violación a la libertad de investigación el que se establezca que esas juntas de gobierno van a decidir los aspectos académicos", por lo que resulta una doble afectación para los investigadores, agregaron los abogados.
