No debe destruirse "lo que ha sido factor de armonía": Piña
Olaya
Propone De Buen tirar ya a la basura las juntas
de conciliación y arbitraje
CAROLINA GOMEZ MENA
Las juntas de conciliación y arbitraje "se deben
tirar a la basura de inmediato", aseveró Néstor de Buen,
para quien una reforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT) que no contemple
la sustitución de estas instancias laborales estará incompleta,
porque las juntas "no sirven para nada", ya que carecen de autonomía
del Poder Ejecutivo.
Entrevistado al concluir la mesa redonda Resolución
de conflictos laborales: ¿juntas o tribunales de trabajo?, De
Buen consideró que "no es posible hacer depender una justicia de
un gobierno que es dueño de la mayor parte de las empresas del país",
lo que genera que "obviamente el Estado controle la Junta Federal de Conciliación
y Arbitraje (JFCA) y las juntas locales".
Lo ideal sería remplazarlas por tribunales de lo
social y laboral, que realmente hicieran valer la autonomía, y así
dictar resoluciones más justas, dijo. A decir del jurista laboral,
tan sólo con el hecho de que la JFCA "dependa del presupuesto" de
la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), y que
su presidente sea nombrado por el Ejecutivo, le quita imparcialidad en
su actuación.
Para Oralia Vázquez Coutiño, subprocuradora
federal de la Defensa del Trabajo, las juntas deben conservarse porque
han "contribuido a la paz laboral", pero ello no quita que sea urgente
darles un "toque de modernidad", pues a casi 90 años de haber entrado
en funciones requieren que se les "fortalezca legalmente", aseveró
durante el debate.
Mariano Piña Olaya, ex gobernador de Puebla, expuso
que no debe destruirse "lo que tantos años ha sido factor de armonía
entre el capital y el trabajo. No por remplazar las juntas se acabará
con la corrupción" existente en los diferendos laborales.
A decir de Néstor de Buen, la propuesta de establecer
jueces de lo laboral traería como ganancia que los juicios se resolverían
"conforme a derecho" y no en pro de intereses "extrajudiciales", entre
ellos los de la parte patronal, ya que dependerían del Poder Judicial.
"Actualmente, muchas veces se pueden resolver con apego
a la aplicación de las normas y el conocimiento real de los hechos,
pero la presencia de intereses extraños es evidente, las grandes
huelgas las resuelven políticamente, no jurídicamente", lamentó.
Carlos de Buen Unna, director general de Asuntos Jurídicos
de la Secretaría de Desarrollo Social, coincidió en que la
eliminación de las juntas es una necesidad, ya que daría
a la nueva LFT mayor "equidad".
Tras indicar que "no existe ninguna razón para
mantenerlas vivas", De Buen Unna consideró que contar con "jueces
de lo social", permitiría terminar con los "cacicazgos sindicales".
De ahí la resistencia de algunos sectores en ponerles punto final.