Comisiones de la verdad, sólo útiles en procesos globales de combate a la impunidad y el olvido

Instan defensores de los derechos humanos a promover las virtudes preventivas de las leyes

CLAUDIA HERRERA BELTRAN

Las comisiones de la verdad son importantes pero no lo resuelven todo, por eso conviene que se conciban como parte de un proceso más amplio en el que se busque encontrar los hechos verídicos sobre violaciones a los derechos humanos, aplicar la justicia, reparar daños a las víctimas y depurar las fuerzas armadas y de seguridad, afirmó la directora del Departamento de Sociedad Civil del Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH), Gilda Pacheco.

En la última sesión del seminario internacional Comisiones de la verdad: tortura, reparación y prevención, Pacheco señaló que las sociedades nunca deben apostarle al olvido, ya que "como valor social no sólo instaura una cultura siniestra con todos sus efectos, sino que también promueve la repetición de los hechos".

A su vez, Rodolfo Mattarollo, jefe de la sección de derechos humanos de la Misión de la ONU en Sierra Leona, señaló que además de impulsar comisiones de la verdad, los organismos civiles y los abogados deben hacer un uso más "creativo" de los instrumentos jurídicos de los que disponen en sus países, y promover al mismo tiempo reformas a los sistemas judiciales nacionales.

La representante del IIDH, organismo que nació en 1980 de un convenio suscrito entre la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la República de Costa Rica, consideró que la pesada herencia que han dejado los abusos cometidos en el pasado exige que las nuevas democracias se ocupen de investigar estos abusos y de implantar mecanismos para resarcir a las víctimas.

Consideró que no se puede apostar al olvido, porque si bien se han instaurado regímenes democráticos en el mundo, las sociedades todavía conservan secuelas del pasado, como la existencia de personas desaparecidas, torturada, exiliadas y de familias que fueron separadas, además de la impunidad de los torturadores.

En este aspecto dijo que el fortalecimiento de las democracias representativas, del estado de derecho y del pluralismo ideológico son las estrategias más efectivas para combatir la impunidad y garantizar que hechos abominables ocurridos en el pasado no se repitan.

Para lograr este objetivo, señaló que se deben enfrentar las deudas pendientes con la sociedad en relación a reconocer los abusos cometidos por los Estados durante las dictaduras militares que tuvieron lugar en varios países de América Latina.

En este aspecto se deben enmarcar las comisiones de la verdad. "No es una instancia que pueda resolver todo, pero como objetivo central y como primera estrategia de reparación de daños es muy útil, y para que en los países se reconozca que la violación de derechos humanos se dio de manera sistemática y que por eso se va a enfrentar de manera directa".

Aseguró que el convencimiento de que estos hechos no se van a repetir es sólo un resultado deseable del trabajo de las comisiones de la verdad, pero también existen otros. Una sociedad democrática, añadió, se impone el deber de castigar estos delitos para poder señalar la importancia que tienen las normas que prohíben la tortura, la desaparición forzada, la violación sexual y la ejecución extrajudicial.

Si bien las comisiones de la verdad son importantes en sí mismas, consideró que funcionan mucho mejor y sus alcances son de mayor impacto cuando se les concibe como un componente esencial de un proceso completo de búsqueda de la verdad, la justicia, la reparación y la depuración de los cuerpos de represión. Estos cuatro elementos no son opciones a escoger, pues todos constituyen pasos fundamentales en un compromiso general con el fortalecimiento de la rendición de cuentas en un Estado democrático, advirtió Pacheco.

En su conferencia sobre el papel de la justicia como medida preventiva, Mattarollo señaló que la principal causa de las violaciones más graves de derechos humanos es la impunidad que tiene su origen en el mal funcionamiento del sistema de prevención y sanción penal de las conductas violatorias de los derechos humanos.

Ante la pregunta sobre cuáles son las mejores estrategias judiciales para evitar la impunidad, señaló que aparecen varias disyuntivas. Un primer dilema plantea la posibilidad de auspiciar modificaciones significativas a los sistemas jurídicos vigentes o utilizar los recursos existentes.

Una primera respuesta, dijo, es que las víctimas de violaciones de derechos humanos y las organizaciones civiles tienen que valerse de las dos alternativas.

"Es necesario utilizar de manera creativa a las instituciones y normas existentes, pero también promover reformas a los sistemas judiciales", afirmó.

Explicó que en países como Haití y El Salvador ha habido experiencias exitosas en la "utilización creativa del derecho" interno de los países. Por ejemplo, expuso que uno de los grandes problemas que enfrentan las víctimas es demostrar la autoría intelectual de altos mandos políticos y militares, porque ellos no fueron los que jalaron el gatillo ni utilizaron los instrumentos de tortura.

Indicó que tanto en los instrumentos jurídicos internacionales como en los nacionales hay elementos que pueden servir a las víctimas para promover el castigo a los autores intelectuales y avanzar en el combate a la impunidad.

"Estos son aspectos muy importantes no sólo para resolver los problemas del pasado, sino también para restituirle al derecho penal sus virtudes preventivas."