Gobernantes de ayer y hoy deben acatar la ley, dice

Llama Carrillo Prieto a evitar inmunidades autoritarias

El fiscal sostiene que el poder que destruye se autoflagela

El fiscal especial que investiga las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la llamada guerra sucia, Ignacio Carrillo Prieto, advierte que en México es preciso cerrar el paso a toda tentación de inmunidades y excepciones autoritarias, porque "el poder que destruye acaba por destruirse él mismo".

Al explicar las funciones de la fiscalía a su cargo, señala que el país requiere de un sistema jurídico renovado en sus normas, pero ante todo en el hábito de que éstas sean acatadas y de que "los gobernantes no pueden quedar excluidos: ni los de ayer ni los de hoy".

Estos son parte de los conceptos que el abogado vertirá hoy en el foro Comisiones de la verdad: perspectivas y alcances, el caso México, en el que señalará que no se deberán repetir las prácticas que hoy se condenan, como el asesinato y la desaparición de luchadores sociales.

De acuerdo con un documento de la fiscalía, Carrillo Prieto explicará hoy, en un acto que reunirá a defensores de derechos humanos de varios países, su plan de trabajo y la forma en que se integraron el comité ciudadano de apoyo al fiscal especial y la comisión que se encargará de reparar los daños a las víctimas.

Refiere que los actos políticos y de gobierno no pueden ser eximidos nunca de la legalidad que los sustenta y sin la cual "sólo queda la fuerza desnuda, acuerdos cómplices y el reino de la mentira, que ciega la moralidad, que es fuente primera del derecho".

Considera que defraudar la vía legal por la que México ha logrado avanzar, sería "claudicación histórica, torpeza política y quebrantamiento moral. Los mexicanos no perdonarían ni se perdonarían que la democracia quedara librada a disputas estériles y debilitada en posposiciones reiteradas de principales demandas colectivas.

"Avancemos en las reconstrucciones históricas, en las resoluciones jurídicas y en las reconciliaciones sociales. Hoy es posible interrogar y hacer que los archivos oficiales entreguen su contenido para que todos los ciudadanos, especialistas y legos, de derechas e izquierdas, sepamos de donde ha venido lo que queremos y lo que no queremos para nosotros y para nuestros hijos", afirma.

Explica que la intervención de la justicia debe concebirse como un proyecto compuesto de momentos de autoridad y momentos de diálogo y participación.

El fiscal especial, refiere, es el encargado de otorgar peso a las palabras de las víctimas, de los ofendidos y de los responsables, pues aunque no le corresponde la función de un juez sí debe impulsar el establecimiento de la verdad histórica que se busca en todo proceso penal.

Asegura que la fiscalía se propone hacer confluir y traducir jurídicamente la voluntad social organizada, que ha luchado sin tregua por el esclarecimiento, la sanción y el cambio de la política del gobierno federal para llegar a este momento inicial.

La sociedad mexicana, afirma, exige nuevos usos y acuerdos políticos, cuya observancia y cumplimiento es condición para consolidar una "república de ciudadanos en plenitud.

"Requiere también un sistema jurídico renovado en sus normas, pero ante todo en el hábito de que éstas sean acatadas, del que los gobernantes no pueden quedar excluidos: ni los de ayer ni los de hoy", añade. Uno de los propósitos, dice, es que la historia patria, con luces y sombras, pueda ser leída por todos y para siempre, sin censura, artificio inadmisible en la democracia. DE LA REDACCION