Antonio Gershenson
Electricidad: para México, y también...
Nuevamente, el director general de Pemex anuncia la proximidad de los llamados contratos de servicios múltiples (CSM), e incluso anuncia algunas fechas. Esto, a pesar de que está severamente cuestionada la constitucionalidad de esos contratos, debido a la prohibición expresa de su celebración en el artículo 27 constitucional.
Al mismo tiempo, se habla de una iniciativa del gobierno federal para que se establezca a nivel de ley reglamentaria una especie de mercado paralelo de género especial, al no poder cambiarse la Constitución, debido al voto en el Senado en contra de las iniciativas que lo planteaban, y al haber echado abajo la Suprema Corte un cambio al reglamento que planteaba facilidades a la inversión privada que el máximo organismo judicial determinó que violaban la Carta Magna.
Uno de los puntos que argumenta el gobierno federal es la necesidad de recursos del exterior para desarrollar la producción de gas natural. Esto apunta, por un lado, a la necesidad, a la prioridad, de que Pemex y el sector eléctrico público tengan la posibilidad, que les ha sido arrebatada por los tecnócratas, de invertir lo necesario para el desarrollo de dichas industrias.
Pero al mismo tiempo, es necesario ver que lo sucedido en México no es un fenómeno local. La historia, desde que se hizo pública la iniciativa del anterior gobierno federal de privatizar la industria eléctrica sin mayores miramientos, ha estado llena de varias formas de participación de muchas personas de diversos sectores. Manifestaciones, debates en diferentes ámbitos, acciones legislativas y judiciales, etcétera. Pero esto se inscribe ahora en un contexto más amplio.
En Perú, las protestas populares por la venta de dos empresas de generación de electricidad a una empresa extranjera, en Arequipa, condicionaron la cancelación de esa operación privatizadora. En Paraguay, las movilizaciones bloquearon la privatización de la empresa telefónica nacional. Una operación similar con distribuidoras eléctricas fracasó hace unos meses en Ecuador ante la resistencia política.
En el plano propiamente político, se han fortalecido corrientes opuestas a este tipo de políticas y que plantean salidas nacionales a los problemas. En Brasil, Lula va a la cabeza en las encuestas para las elecciones presidenciales de este año, con el candidato del partido gobernante en tercer lugar. En Argentina, quien va al frente para la elección presidencial es la diputada Elisa Carrio, quien ha encabezado varias de las recientes movilizaciones populares. En Bolivia, Evo Morales, quien ofreció nacionalizaciones durante su campaña, quedó en segundo lugar entre 11 candidatos presidenciales. En Venezuela, el golpe de Estado de la derecha fracasó, en buena medida, por la reacción de amplias capas populares y de sectores decisivos del ejército.
El proceso mexicano se inscribe, pues, en un contexto más amplio. Para que se concrete deben precisarse las alternativas y los puntos de consenso. Volviendo al plano nacional, un punto fundamental para que se deje el viejo camino es que las empresas públicas recuperen su capacidad de inversión con recursos propios. Esto implica:
1. Autonomía de gestión, para que Hacienda no sólo no les siga recortando o reteniendo el presupuesto a voluntad, sino que tampoco les esté condicionando, como ha pasado durante años, el "permiso" para invertir en un proyecto que ya había sido aprobado por el Congreso, a que en vez de usar su presupuesto autorizado se endeuden al máximo para realizarlo.
2. Que estas empresas públicas reciban y empleen una parte de la riqueza que generan, para su propio funcionamiento y crecimiento. Esto implica, sobre todo en el caso de Pemex, la reforma fiscal, dado que se le sustrae 90 por ciento de su utilidad antes de impuestos, y en algunos periodos más de 100 por ciento.
3. El complemento vendría de un aumento en la eficiencia, pero no como lo entienden los tecnócratas, que oyen eficiencia y piensan en correr a la gente del trabajo sin ton ni son, aunque luego no haya quien haga ese trabajo y lo contraten con empresas del exterior a costos altísimos. Parte de esta calidad se logra con inversión en equipos eficientes, y no se puede correr a personal calificado de áreas operativas o técnicas sin afectar a la propia empresa pública. Sí tiene sentido revisar los casos de "recomendados" en puestos administrativos de altos ingresos, y otros similares.
Con medidas como éstas, las empresas energéticas serán fuertes, eficientes y una fuente de recursos, no simplemente, como dijo el Presidente, entidades a ser "ordeñadas".
