Martí Batres Guadarrama

La hora de rectificar

El viernes era la histeria. Los hechos presagiaban lo peor. Desde diversas esferas se pedía mano dura y en diversas áreas del gobierno la respuesta era la misma: "habrá mano firme", "la ley no se negocia". Algunos conocidos pontífices de la radio dedicaron el día entero a exigir "el establecimiento del orden", "que se cumpla con el estado de derecho", "es urgente la aplicación irrestricta de la ley", decían. Así transcurrió el viernes y no era un día cualquiera de 1968, sino del presente. Como si el tiempo no hubiera transcurrido, los ciudadanos escuchamos el mismo discurso fascistoide que demanda la represión para resolver un conflicto. Ello no deja de ser ilustrativo de cuán poco han cambiado las mentes de ciertos ideólogos y de algunos voceros del ámbito privado. Poco acostumbrados a la democracia, poco comprometidos con la libertad, exigían al Presidente aplastar la protesta de los campesinos de San Salvador Atenco. Al mismo tiempo se quejaban de que el Gobierno de la ciudad no lo hubiera hecho ya.

Por un momento parecía que triunfaba la no política, que un desastroso desenlace se aproximaba, que el choque era inminente. La conjunción de diversos factores explosivos revelaron la incapacidad operativa del gobierno federal, su incomprensión para con la protesta comunitaria y también su insensibilidad social.

El lunes siguiente, por fortuna, la situación se modificó. El gobierno federal abrió una rendija para el diálogo e incluso ofreció buscar nuevas alternativas. En este sentido justo es reconocerle dos señales positivas. Por un lado, las decisiones políticas para liberar a los campesinos atenquenses presos; para abrirle espacio al diálogo y buscar una solución de consenso. En segundo término, la disposición para encontrar áreas alternativas donde emprender la obra.

En esta decisión, podemos decir, el gobierno foxista acertó. Otros serían los resultados actuales si así hubiera iniciado el proceso para la construcción del nuevo aeropuerto. Y es que, en realidad, cuántos problemas se habría ahorrado esta administración si antes de imponer una decisión, en el ámbito que se quiera, hubiera privilegiado el diálogo con los involucrados para procurar su convencimiento. De eso se trata la política, pero cuando todo se hace al revés los resultados saltan a la vista.

Ahora el gobierno federal tiene frente a sí la posibilidad de modificar su conducta. El caso del aeropuerto de Texcoco muestra cuán posible es rectificar y todo lo que se puede ganar. Este caso muestra también cuán equivocado resulta para el llamado "gobierno del cambio" tomar decisiones escuchando sólo a los emisarios del pasado. Para que haya buenas decisiones en el gobierno es indispensable que éste se acerque a la sociedad, que la escuche, que comprenda su problemática y procese políticamente con ella sus proyectos. En este punto, y hacia adelante, el gobierno foxista tendrá que considerar precisamente todo aquello que más dudas ha generado en el caso del aeropuerto: el impacto demográfico de la obra, sus consecuencias ecológicas, las impugnaciones sobre la legitimidad expropiatoria para un proyecto que es fundamentalmente privado, los impactos sociales negativos y las consecuencias políticas.

Sin embargo, y más allá de este caso, es el momento de que el gobierno federal reflexione sobre la viabilidad de sus compromisos. Se advierte una presión descomunal de aquellos intereses privados nacionales y extranjeros que están detrás de varios de los grandes proyectos, como el del aeropuerto, el Plan Puebla-Panamá, la reforma eléctrica o la de telecomunicaciones. También se observa que esos mismos intereses que presionan al Presidente no lo respaldan ni le ayudan y en cambio sí quisieran que por la vía de la fuerza, y sin el consenso social, se lleven a cabo sus propósitos.

No obstante, hay una resistencia social con hondas raíces. Está visto que más allá de lo que diga o deje de decir el Congreso o la oposición, hay amplias reticencias sociales a los proyectos gubernamentales que dejan muchos damnificados y pocos beneficiarios.

Esta es la hora en que el gobierno foxista debe evaluar qué es lo viable, qué es lo que le resulta positivo y sobre todo, qué es lo que más le urge a la sociedad. Cuenta a su favor con la legitimidad democrática, que no es cualquier cosa. Eso es precisamente lo que lo hace diferente. Sin embargo, tal legitimidad se acabaría con la represión y éste no ha sido un gobierno represivo hasta ahora. Por ello su apuesta tiene que ser diferente. La legitimidad democrática debe renovarse todos los días consensando las decisiones con la sociedad.

El gobierno federal se encuentra en un impasse. Emergió del malestar popular contra un viejo régimen abusivo y saqueador, pero se empeña en seguir aplicándolo. No obstante, la sociedad rechaza por diversas vías tal modelo y lo vuelve inviable. De ahí la parálisis. La reciente crisis en San Salvador Atenco muestra que sólo hay una salida para la administración foxista y ésta no es otra que retomar el compromiso democrático con la sociedad.